En el marco de una nueva marcha realizada este lunes en la Ciudad Judicial de la capital salteña, Carlos Cardozo, padre la víctima de femicidio Lorena Alejandra Cardozo, reclamó justicia y denunció que el domingo por la noche les robaron todo lo que tenían en su precaria vivienda en el asentamiento San Javier.

Cardozo dijo que con su grupo familiar no tiene donde vivir y que desde el crimen de su hija, junto a su esposa, 9 hijos e hijas, y la nieta, hija de la víctima, tuvieron que refugiarse en la casa de sus consuegros en otro barrio ya que sufrieron situaciones de hostigamiento, amenazas e intentos de agresión. Añadió que no tienen asistencia integral desde el gobierno provincial ni nacional. 

Este lunes, familiares de la víctima acompañadxs por militantes de la agrupación Cuba MTR marcharon a la Ciudad Judicial, donde dieron una conferencia de prensa.

El pasado 3 de marzo, el cuerpo de Alejandra, como la llama su familia, fue encontrado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el vertedero San Javier, con signos de violación y una muerte violenta. La joven tenía 23 años y aquel día volvía de trabajar como vendedora en el freeshop (paseo comercial popular) en el centro de la ciudad de Salta.

"Me robaron todo, no quiero vivir más ahí porque ya me hicieron mucho daño. Primero encontré asesinada a mi hija, después me robaron todo, hasta un tacho, la ropa de los niños, zapatillas, televisores, cubiertos, garrafa. Tengo solo tres chapas en el domicilio. Me siento muy triste. Ya no sé qué pensar. No tengo dónde vivir. Tengo miedo de dejar a mi señora sola, tengo miedo de que les pase algo a algunos de mis hijos", relató Cardozo a Salta/12. 

El padre de Alejandra dijo que por un vecino se enteró que le habían robado el domingo por la noche, fue a ver y verificó esa situación. Hizo la denuncia en la policía, intervino Criminalística, y dijo que lo tuvieron hasta las 4 de la madrugada del lunes en el lugar y no le sirvió de nada, porque pese a que contó sus sospechas sobre quienes podrían haberle robado y una casa donde venden drogas a la que podrían haber llevado sus cosas, el personal policial se negó a efectuar un allanamiento "por falta de la orden de un juez".  

La familia de la joven asesinada vive una situación de desprotección y desamparo. Ya el pasado 8 de marzo, cuando marcharon para exigir justicia por el femicidio, hubo personas que ingresaron a la casa del hermano de la joven y también tiraron la entrada de la vivienda de su padre y su madre en el asentamiento San Javier. Esa vez no les robaron, sin embargo, cuando la familia fue a ver qué pasaba, un grupo de personas con problemas de adicciones, intentó agredirlos con "cuchillos, palos y hierros".

En esa misma semana, cuando la familia fue buscar cosas de sus viviendas en el asentamiento, hubo personas que les tiraron piedras. "No podemos volver a nuestras casas por lo que pasó y por las constantes amenazas", expresó en aquel momento Melisa Viveros, cuñada de la víctima.

Desde el femicidio, la familia de Alejandra está pernoctando en el barrio La Paz, alojada por la familia de Viveros. La semana pasada, cuando Melisa Viveros salió e hizo el recorrido de 10 cuadras que la separaban del colectivo, notó que un hombre la seguía.

Cardozo manifestó mucho temor de que dañen a su esposa, a sus hijxs o a la nieta, y agregó que él acompaña a cualquier integrante de su familia cuando va hasta el colectivo y lxs va a buscar cuando regresan de la escuela. También dijo que debido a lo que pasó con el femicidio no encontraron asiento para un hijo adolescente que debía comenzar la secundaria.

Aseguró asimismo que después del robo no recibieron ninguna llamada desde los organismos estatales y que sólo se produjeron cuando fue el femicidio, que los contactaron desde el Programa provincial de Asistencia a las Víctimas o Familiares de Víctimas de Delitos Graves. "El gobierno no te da nada, quiere callarte con un bolsón o con una cucheta (...) Después no se aparecen más. Estamos muy tristes porque no sabemos de (la causa por) Alejandra, si los que están detenidos mataron a mi hija", relató.

Un lugar donde vivir

Carlos Cardozo dijo que le planteó la problemática de su situación habitacional a la directora del Programa de Asistencia a las víctimas, Carla Tiano. Contó que, sin embargo, la respuesta que recibió fue "no tenemos nada que ver con eso". "Tenés que ir a Tierra y Habitat o al IPV". También sostuvo que la funcionaria les dijo que les daría "6 mil pesos por 6 meses y un bono único $100.000 o $150.000 de Nación por única vez", para la nieta, hija de la víctima, pero todavía no percibieron nada.

El padre contó que el gobierno tampoco les ofreció asistencia para acceder al alquiler de una vivienda, y destacó que necesita ayuda para encontrar un lugar donde vivir tranquilo con su familia, lo dijo, explicó, "para ver si alguna gente me puede alquilar, o prestarme o que pueda hacer de cuidador. No quiero seguir en ese barrio. Estoy con miedo de que les pase algo a mis hijas o a mis hijos", expresó.

Guarda legal en trámite 

Cardozo expresó que están a cargo de su nieta desde que Alejandra estaba embarazada, porque el progenitor siempre estuvo ausente.

Cruz, abuela de la niña, contó a Salta/12 que el 28 de marzo fue a la Secretaría de Niñez y Familia y allí una funcionaria se comprometió a sacarle un turno para que tramite un "papel provisorio" que acredite que la nieta está a su cargo y de su marido. Dijo que la funcionaria le dijo que le iba a avisar cuando deben presentarse en la Ciudad Judicial.

Tanto Cardozo como Cruz manifestaron desconocimiento respecto a la Ley Brisa y los trámites que deben realizar para que su nieta acceda a este derecho.

Dos detenidos por el femicidio

Cardozo explicó que tuvo que contratar al abogado Federico Nelson Mamaní para que siguiera la causa de femicidio. Dijo que él no sabe leer ni escribir y que si bien su esposa sabe leer, no entienden la forma en la que les hablan lxs operadorxs judiciales.

Contó que el abogado le explicó que los dos detenidos fueron aprehendidos cuando vendieron el celular de la víctima a una mujer del barrio Norte Grande. La compradora puso un chip y se activó el teléfono, y esto fue detectado por lxs investigadorxs, quienes la entrevistaron y les indicó quienes le vendieron el aparato, "un tal Alan y un tal Negro José", y donde vivían.

"Yo lo que busco es que se haga justicia, si estos muchachos la mataron a mi hija, quisiera que les den cadena perpetua", expresó el padre. 

Uno de los detenidos fue imputado como presunto autor de "homicidio calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género (femicidio) en concurso real con los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo". 

El otro fue imputado como presunto autor de "encubrimiento agravado". "La doctora (Mónica) Poma (la fiscala que interviene en el caso) nos dijo que en tres semanas iban a estar las pericias. El abogado ahora dijo que en cuatro meses", manifestó el padre.

El padre consideró que el novio de Alejandra también debería quedar detenido porque es la última persona con quien se la vio. Dijo que una cámara del local donde ella trabajaba quedó registrado cuando este hombre la va a buscar, la presiona, le pide el teléfono y sale. "Ese es otro tema porque si ella sale del trabajo con él ¿por qué a las pocas horas ya aparece muerta? Dicen que como a las 12 o 1 de la mañana ya estaba muerta", manifestó. 

Desde la organización Cuba, su referente Pablo Rivas, destacó ante Salta/12 que exigen que este femicidio no quede impune. "Todos sabemos que hay una justicia lenta, muy lenta para los casos de femicidios. Se necesita que la justicia sea verdaderamente efectiva", manifestó.

Rivas consideró que "hay un Estado ausente cuando se trata de generar leyes" o en el caso de aquellas que ya se dictaron a nivel nacional, "hacer las bajadas correspondientes para implementarlas. La violencia hacia las mujeres hay que erradicarla, pero para eso hay que generar todo un cambio estructural que solo se logra con educación generando nuevos valores, donde nadie es dueño de nadie", afirmó. Mencionó que se necesita la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral y una "responsabilidad efectiva del Estado". 

"Hoy es Lorena, mañana va a ser otra mujer, no son solo un número en las estadísticas", insistió. "Hay que hacerle entender esto al gobierno, de que no son números, son personas con familias, con hijos, padres, familias". 

Rivas también se refirió a la situación de vulnerabilidad en la zona sudeste de la ciudad de Salta, "la mayoría de las personas son desocupadas, viven de changas, o de trabajos informales. La mayoría hacen construcción, limpieza, son vendedores ambulantes, eso hace que no tengan acceso a las condiciones de vida que necesitan para desarrollarse plenamente. Tienen calles de tierra, falta de agua, las viviendas muchas veces son precarias, o viven más de una familia en una sola vivienda porque no les alcanza para comprar otro terreno".

Señaló que hay "mucha drogadicción, muchos lugares baldíos, falta o hay casi nada de iluminación, todo eso se suma y hace un caldo de cultivo para que pase lo que pasó con Lorena". Indicó que todo ello representa un riesgo para las mujeres tienen que salir muy temprano para tomar el colectivo o vuelven tarde, "cada mujer debería ser libre de ir y volver en el horario que quisiera pero no van a poder andar libremente mientras esto no cambie", consideró.