“Recibimos amenazas constantes de la fiscalía, que si no nos vamos nos llevan presas. Es o la calle o la cárcel. Vivimos con el miedo constante que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos”, dice Gabriela (33) que vive en casa de Pringles al 300 desde hace un año y en donde desde el viernes pasado se encuentra en curso un plazo de intimación por desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En total son 10 mujeres y 15 niñes y adolescentes que vienen de distintas situaciones de vulnerabilidad y que habitan comunitariamente en ese lugar que ellas mismas llamaron Casa Pringles ATR (Autónoma, territorial y reparadora). El nombre surgió en una tarde de mateada en donde conversaban sobre lo que era para ellas el territorio: tierra, techo, vivienda y espacios de producción de autonomía en convivencia con la posibilidad de reparación: “Pensamos en relación a la reparación de un daño que pudimos haber hecho nosotrxs o un daño que nos pudieron hacer y en ese sentido esta casa nos dio la oportunidad de hacernos esa pregunta ¿pensamos que el daño se puede reparar con más violencia?” cuenta Gabriela que vive allí con su hija Isabella de 7 años.


Negocio inmobiliario vs gestión comunitaria

La casa pertenecía al pintor Eduardo Sívori que murió en 1918 y que la dejó con el legado de que fuera utilizada con fines culturales. Fue convertida en un espacio de archivo por el gobierno de la Ciudad y luego quedó en estado de abandono. El Banco Ciudad llevó adelante la subasta en siete ocasiones pero nunca se concretó la venta. Son tres inmuebles en un lote que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta declaró como “inmuebles ociosos e innecesarios”. En julio de 2021 el Boletín Oficial de la CABA “declaró innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad a los inmuebles en la calle Pringles Nº 340/42/44 posibilitando así su enajenación de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública”. Respecto a esto Paula Villani, abogada e integrante de Aires, explica que hay una división entre bienes inmuebles de dominio público del Estado y bienes inmuebles de dominio privado del Estado.

Los primeros podrían ser una plaza o una calle y los segundos son los utilizados por el Estado con fines institucionales o sociales: “Cuando un inmueble de dominio privado es declarado ocioso quiere decir que el Estado está manifestando en ese acto o Ley que no necesita el inmueble. En este caso la Ley 6.287 explicita que el Gobierno de la Ciudad está declarando que no necesita el inmueble donde están estas mujeres y también un jardín de infantes que está en el mismo lote y en una comuna donde hay faltante de cupo para los niveles iniciales” explica en diálogo con Las12. En este sentido, según la abogada, en la Ley 6.287 se encuentran una gran cantidad de inmuebles -como el de la calle Pringles- que podrían estar destinados a un uso institucional o social y que La Dirección General de Administración de Bienes declara como ociosos para poder venderlos privilegiando el negocio inmobiliario.

"Tuvimos tres reuniones de mediación en conjunto con la Administración de Bienes, el IVC y Desarrollo Social y dejaron bien en claro que no tienen nada para ofrecernos. En un contexto donde la falta de políticas públicas deja a más de 7000 personas en situación de calle, en una ciudad como Buenos Aires, en la que una beba de tres meses muere en situación de calle, el desalojo no puede ser una opción. Nos espera otro frío invierno, y sabemos las consecuencias que traen las bajas temperaturas, ¿Qué pretende el gobierno de Larreta? ¿Que nuestros hijes mueran también de frío en la calle de la ciudad más rica de nuestro país?" explican en un comunicado desde la Casa Pringles.

Las mujeres de la casa Pringles no solo habitan la casa, todos los días llevan adelante un merendero, apoyo escolar y también acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia de género, consumos problemáticos o que fueron privadas de su libertad: “Lo que dicen es que nosotras no estamos en situación de vulnerabilidad hasta que estemos en situación de calle. La solución que nos dan es un parador y eso no nos sirve, porque el trabajo que venimos haciendo en esta casa es comunitario y abierto al barrio: por esta casa circulan semanalmente 40 niños, niñas y adolescentes que vienen y participan del merendero” explica Gabriela y asegura que en la Comuna de Almagro no hay ni merendero ni apoyo escolar.

El viernes pasado convocaron a organizaciones a la Casa Pringles para informar la situación y pedir acompañamiento en alerta a que en cualquier momento puedan desalojarlas. Durante esa jornada se realizó una asamblea para crear conjuntamente estrategias de resistecia y de visibilizacion con la consigna "No al desalojo de la Casa Pringles" "La calle y la cárcel nunca serán nuestra casa".


Ni la calle ni cárcel son un lugar para vivir

“Venimos acompañando a las mujeres y niñes que habitan la casa y que ya están imputadas por usurpación. Esa es la única alternativa que se ofreció: la causa penal” dice Eva Reinoso, integrante del colectivo Yo No fui, quien también afirma que varias veces se ha intentado realizar el desalojo de manera de hecho sin orden judicial: “Quienes habitan la Casa Pringles vienen de situaciones de violencias y estamos frente a un Poder Judicial que la única alternativa que ofrece es la lógica punitiva y la criminalización. Han sido amenazadas de terminar detenidas si no abandonan el inmueble” explica y agrega “la problemática habitacional de la ciudad de Buenos Aires con más de 7000 personas en situación de calle sucede a la par que el negocio inmobiliario avanza”.

En abril del año pasado se intentó desalojar la Casa Pringles a través de la Fiscalía y de la Dirección General de Bienes: “en ese momento se pudo frenar y terminó en el Ministerio Público de la Defensa, intervenimos varias organizaciones sociales. Ahora lo que se está haciendo es no intentar ninguna vía de acercamiento o de acuerdo haciendo que la Fiscalía pida al juzgado que se proceda al desalojo por instancias del Gobierno de la Ciudad” concluye Paula Villani que además es abogada de una de las mujeres acusadas de usurpación.

“Vamos a defender este espacio donde vivimos, porque no queremos ser arrojadas nuevamente a la intemperie” dice Gabriela y la cuerda de la que se tira tensiona dos intereses muy concretos en una coyuntura en donde según el último informe del INDEC el nivel de pobreza ascendió hasta el 39,2 por ciento: el acceso a la vivienda y el negocio inmobiliario.