Es necesario abordar dos interrogantes claves para entender la situación actual de Rosario. En primer lugar, qué tiene distinto Rosario a otras ciudades de Argentina, donde también hay un extendido mercado de drogas, pero sin esos niveles de violencia. En segundo lugar, cuál es una agenda estatal de intervención pertinente, teniendo en cuenta la distribución de competencias y responsabilidades entre los distintos niveles jurisdiccionales.
Varios factores que explican la anomalía rosarina: el crecimiento exponencial del narcotráfico, el quiebre de la regulación policial del fenómeno y su subordinación al crimen organizado, la fragmentación del mundo criminal, donde los principales líderes se encuentran encarcelados y las disputas territoriales son llevadas cabo por segundas líneas sin capacidad de negociación, y el encubrimiento y asociación de fracciones del Estado con el crimen.
La exposición mediática de esta singularidad rosarina coloca el foco en dos cuestiones. Por un lado, la violencia narco representada por balaceras, homicidios en barrios periféricos y atentados a sedes judiciales, policiales, e incluso contra la casa de un gobernador o contra la propiedad de personas famosas, instalando a esta ciudad y al problema narco en el centro de la preocupación social y política. La segunda cuestión sobre la que gira el debate es la imposibilidad del Estado para controlar esta situación y, en qué medida, es “culpa” de la nación, de la provincia o del municipio.
Desde la Provincia de Santa Fe, gobernadores e intendentes de Rosario de todos los partidos han declarado tener las manos atadas, que el narcotráfico es un delito federal y, por ende, es un tema de nación. Así, presentan el problema como si estuviese fuera de sus posibilidades de acción y no lo vinculan ni se hacen cargo de la necesidad de reformar a la policía provincial, no discuten si Rosario debería tener su propia policía, no se fortalece el Ministerio Público de la Acusación ni se pone en cuestión el proceso de cooptación política que ha sufrido desde su creación. Todo eso puede y debe hacerse desde Santa Fe, pero sólo reclaman más gendarmería.
El Gobierno Federal ha respondido regularmente con una sola iniciativa: el envío de fuerzas federales, principalmente Gendarmería Nacional. Desde hace una década la mecánica ha sido siempre la misma, la activación de un Comando Conjunto de Fuerzas Federales, el establecimiento de una coordinación con la Policía provincial, las autoridades ministeriales y municipales en Rosario. Es un esquema similar al que se utiliza para el despliegue de fuerzas federales en el Gran Buenos aires y que continúa inalterable. Siempre lo mismo, pero presentado como si fuera novedoso.
Fuerzas federales se despliegan por las barriadas, acompañados con una fuerte cobertura mediática y aplausos de vecinos. En la coyuntura, esta presencia disminuye la violencia, “baja la espuma” y rinde políticamente. Y luego, con el paso del tiempo, todo se reacomoda, el despliegue se debilita, vuelven los tiros, las amenazas y los homicidios y se reinstala la demanda por fuerzas federales nuevamente. Esto ocurre con regularidad pendular durante los últimos gobiernos nacionales y provinciales de diferentes signos políticos.
Así, desde Santa Fe sólo se piden gendarmes y desde nación sólo se mandan gendarmes. Hay una única certeza: ni pedir gendarmes ni mandar gendarmes ha dado ni dará resultado. Entonces, ¿qué hacer?
Desde el gobierno nacional se debería desarrollar una estrategia basada en la implementación efectiva del sistema acusatorio en la jurisdicción, con la definitiva puesta en funcionamiento de fiscalías federales dedicadas a investigación del narcotráfico. En Santa Fe se necesitan fiscales especializados y no jueces, como muchas veces se sugiere. Ese esquema debería ser complementado por la conformación de un grupo de investigadores especializados provenientes de las fuerzas federales bajo un mando único y control político, disponible y al servicio de esas fiscalías federales, pero también de las fiscalías provinciales de manera inter-jurisdiccional. El rol central de la nación tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación del crimen organizado y no con el desarrollo de tareas preventivas enviando gendarmes para patrullar: esto debería ser un complemento de coyuntura.
El gobierno provincial debe reformar y modernizar la policía provincial. Tres proyectos de ley duermen en la legislatura. Fueron presentados por el oficialismo, pero éste no los impulsó y la oposición los ignora y no presenta nada alternativo. También se deberían profesionalizar y fortalecer las fiscalías especializadas y el Organismo de Investigaciones, justamente la dependencia encargada de dar apoyo a los fiscales en las investigaciones sobre crimen organizado. Ese organismo fue víctima del clientelismo y los que deberían ser investigadores de elite, fueron reclutados entre militantes políticos. Así, frente a los escombros de la policía provincial y ante un ministerio público cooptado políticamente y poco preparado para investigar crimen organizado, pareciera que en Santa Fe no registran la agenda provincial pendiente.
Desde el municipio de Rosario, deberían fortalecer los dispositivos de prevención situacional, social y comunitaria, así como prestar mucha más atención a las habilitaciones municipales, ya que en los últimos años se ha dado cuenta de cómo, dinero narco, se ha canalizado en distintos emprendimientos comerciales. Una ciudad de la envergadura de Rosario y frente a los problemas del sistema policial provincial, debería analizar seriamente la posibilidad de constituir una policía municipal, ya que las tareas preventivas son necesariamente locales. Pero en vez de discutir esta alternativa y plantear su tratamiento legislativo, tanto en el ámbito del Concejo Deliberante como en la Legislatura provincial, desde el ejecutivo municipal se sienten más cómodos cuidando la imagen al reclamar gendarmería, antes que afrontando la riesgosa tarea de hacerse cargo de la policía.
Está claro que hay mucho por hacer para intervenir sobre la violencia narco desde los distintos niveles jurisdiccionales, sin necesidad de repetir fórmulas ya desgastadas. Hay que hacer algo urgente y diferente. La provincia tiene un rol central, la policía y el poder judicial jurisdiccional son actores claves en la trama del crimen organizado y la violencia. Nada va a cambiar si sólo siguen pidiendo gendarmes y utilizan la estrategia discursiva de culpar a la nación como latiguillo para mover las fibras chauvinistas del electorado provincial, especulando políticamente con el narcotráfico. La Nación tiene competencias claras y debería innovar en estrategias y acciones. Como Antonio Machado les recordaba a los tradicionalistas en Juan de Mairena, “si aquellos polvos trajeron estos lodos, no se puede condenar el presente y absolver el pasado” y “si tornásemos a aquellos polvos volveríamos a estos lodos”.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo / Universidad Nacional de Quilmes UMET/UNQ.
