Desde Santa Fe
El fiscal Martín Suárez Faisal pidió al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a un ex agente secreto del Ejército Julio Adelaido Ramos a nueve años de prisión por la “privación ilegítima de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a un ex compañero de militancia en la Juventud Peronista, Luis Felipe Solé, quien lo reconoció en un centro clandestino donde estuvo secuestrado en 1977. Ramos operaba como PCI en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, está detenido desde julio de 2019 y en prisión domiciliaria desde diciembre de 2020, pero en su alegato, Suárez Faisal solicitó que la condena “sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario” y se cumpla la ley 27.572 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos que ordena consultarlas –en este caso a Solé- antes de que un imputado pueda acceder a los “beneficios de la ejecución penal”.
Suárez Faisal consideró “cierto y probado con grado de certeza” que Ramos tuvo “directa intervención” en el secuestro y torturas que padeció Solé, en un operativo del "grupo de tareas" que integraba "en su carácter de Personal Civil de Inteligencia del Ejército”. El alegato de la defensa está previsto para el 13 de abril y al día siguiente se conocerá el veredicto del Tribunal que integran los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y Germán Sutter Schneider.
Ramos se recicló en democracia: fue diputado provincial del Partido Justicialista (1987-1991), concejal en Vera (1993-1997 y 2005-2009), candidato a senador en 1995 y se postuló por el PRO en 2013, entre otros cargos.
En 1977, Solé era preso político en la cárcel de Coronda cuando lo sacaron cuatro veces del penal, según su legajo de detención, que es una de las pruebas en el juicio. En uno de esos traslados –recordó el fiscal-, lo dejaron en una comisaría ubicada en la avenida Aristóbulo del Valle, donde a la noche se lo entregaron encapuchado a una patota que operaba de civil y en un Ford Falcon. Lo llevaron hasta un centro clandestino. “Una de las tantas casitas de tortura, en los alrededores de Santa Fe, que hasta hoy no se han podido localizar, pese al esfuerzo de las propias víctimas, de los organismos de derechos humanos y de la Unidad de delitos de lesa humanidad –que dirige Suárez Faisal-, donde permanentemente se analizan datos y se recaban y comparan nuevos testimonios”. La búsqueda es una lucha “contra el secreto impuesto por la dictadura para ocultar esos centros clandestinos de detención”, donde imperaba el terror: “secuestros, violaciones, abusos sexuales, interrogatorios bajo tortura -fundamentalmente la picana eléctrica- y muchas veces el asesinato de personas por su militancia política”, explicó el fiscal.
Solé quedó solo en una pieza, esposado a una cama de hierro. “Luego de un tiempo de ablande, lo llevaron a otra habitación”, donde bajo amenaza de muerte “varios integrantes de la patota lo interrogaron sobre un supuesto plan de fuga en la cárcel de Coronda y el paradero de su hermano Alberto Solé”, quien militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y está desaparecido desde 1977.
Tras el interrogatorio, Solé volvió a la primera pieza, donde siguió atado a la cama de hierro y allí vio a Ramos, quién le dijo: “Mirá como te ves, estás hecho mierda”. “Solé lo reconoció inmediatamente porque ambos habían sido compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) desde 1971 hasta 1973 en la Facultad de Ingeniería Química, estudiaban juntos y Ramos incluso frecuentaba “la casa de la familia de la víctima”, apuntó el fiscal. Al día siguiente, Solé “fue devuelto de la misma forma, con capucha y en un Falcon, a la comisaría de Aristóbulo del Valle” y luego a la cárcel de Coronda.
En el juicio, “no quedaron dudas de que Solé reconoció a Ramos en la casita de tortura, donde se presentó a cara descubierta”. “En todos sus testimonios, la víctima fue conteste y lineal en su relato, sin ningún tipo de variación”, dijo Suárez Faisal. Y recordó las cinco veces que declaró en la investigación y ante el Tribunal: dos en 2011, en la megacausa en 2015, nuevamente ante el juez federal Reinaldo Rodríguez en 2017 y el 9 de marzo último, el día que comenzó a juicio a Ramos, a pedido de la defensa. “Me parece bien que Solé haya declarado en este juicio porque a Ramos, como a todos los imputados por graves crímenes de lesa humanidad, se les ha reconocido siempre al máximo posible su derecho de defensa”.
"Solé declaró cinco veces sobre su detención y en cuatro de ellas denunció a Ramos" y a otro represor, Rubén Real, que "no se pudo determinar su pertenencia a alguna fuerzas de seguridad en aquella época".
Es más, “toda la familia Solé sindicó a Ramos en el año 1986, en un hábeas corpus ante la justicia federal, como una de las personas que podía saber algo sobre los restos de Alberto Solé”. Porque “justamente en ese traslado de Felipe Solé a la casita de tortura”, lo interrogaron sobre su hermano Alberto, quien pocos meses después “fue secuestrado por los servicios de inteligencia –según dijo Solé en el juicio- y “desapareció el 19 de agosto de 1977”.
"Tampoco caben dudas de que Ramos fue formalmente Personal Civil de Inteligencia entre 1976 y 1977. Digo formalmente porque existen otras pruebas de que el imputado, aprovechándose de su militancia política colaboró con los servicios de inteligencia, desde mucho tiempo antes de ser nombrado PCI y después de presentar su renuncia al cargo", reveló Suárez Faisal.
