Fiscalía pedirá 7 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para el policía Álvaro Rosales, acusado por abuso sexual en perjuicio de una cadete, dentro del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). En su acusación, el fiscal José Luis Caterina le atribuyó el delito de "abuso sexual mediando abuso coactivo e intimidatorio de una relación de autoridad o poder, agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales, en ocasión de sus funciones" como jefe de Compañía Femenina y subjefe de Cuerpo del ISEP. Ahora espera fecha para la audiencia preliminar.
Se trata del policía que cumplía funciones en Villa Constitución y que ya estaba imputado en libertad por el delito de abuso de autoridad, pero que en los últimos días del año pasado sumó la acusación por el hecho contra la integridad sexual, cometido en marzo de 2021, en las dependencias de Alem al 2000, donde la víctima era cadete; por lo que resultó detenido. Esta semana fue prorrogada su prisión preventiva.
Según indica la imputación, el hecho del que se lo acusa tiene que ver con su accionar del 4 de marzo de 2021. "Haber efectuado insinuaciones tanto físicas como verbales, de índole sexual a la víctima, que ese día tenía funciones de detalera, diciéndole, entre otras expresiones, 'todas las que pasaron por el detal, pasaron por el jefe'". Esa imputación de mayo de 2022, se amplió a fin de ese año, ya que cuando el imputado le habló de una sanción a la víctima, por lo que entendió como una contraorden de ella durante la jornada, le aclaró que lo podían "arreglar por otro lado", hasta "llegar a actos de tocamiento", por los que lla víctima retrocedió y se retiró del espacio. El comisario le espetó que “todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias”.
La imputación también indica que el imputado citó a la compañía al empedrado, también llamado patio de armas, "ordenando movimientos aplicativos a todo el grupo". Si bien la víctima le habló de un dolor -que le provocaron lesiones en la pierna-, él ordenó continuar con los ejercicios "recordándole que todas nuestras decisiones tienen consecuencias". Al cierre de la jornada, dice la imputación, "dispuso que toda la compañía quedara interna sin posibilidad de ir al médico ni de hacer llamadas".
Para la fiscalía, se trató de una "represalia por la negativa de la víctima a acceder a formar parte de la 'tradición' de 'pasar por el jefe'". En cuanto a la develación del hecho, se indicó que fue "progresiva" y acompañada de contención. Sobre el relato, la acusación fiscal indica que "nada de lo dicho (por la víctima) apareció como falaz, exagerado o tendencioso".
