El dirigente macrista de Pergamino que hizo un llamado a “fusilar” a Cristina Fernández de Kirchner -cinco días antes del frustrado intento de magnicidio de la vicepresidenta- fue procesado sin prisión preventiva por el delito de incitación a la violencia pública. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo destacó el “desprecio frente a la ley” por parte de Román Gutiérrez, que fue candidato a concejal de Juntos por el Cambio e integra la Sociedad Rural de esa ciudad bonaerense. El magistrado recordó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y es pasible de sanciones en casos de ejercicio abusivo.

La convocatoria pública al asesinato tuvo lugar el 27 de agosto pasado, cinco días después del alegato del fiscal Diego Luciani -en la causa Vialidad- pidiendo la condena y la proscripción de por vida para la expresidenta, mientras continuaba la vigilia de militantes frente a su departamento en Recoleta y se multiplicaban las movilizaciones de respaldo en todo el país. En ese contexto, con la corporación de medios lanzada a toda máquina a competir con la convocatoria popular, las calles de Pergamino también fueron escenario de muestras de repudio a la avanzada judicial y apoyo a CFK.

“Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil putas defendiendo a la cara de verga, a la conchuda, la hija de mil putas que hay que fusilarla a ella y todos estos hijos de mil puta también. Son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos”, fueron las palabras de Gutiérrez, referente local del PRO, que filmaba a los manifestantes mientras grababa su mensaje republicano. Después lo subió a sus redes sociales, donde se presenta como “argentino productor agrícola ganadero y comerciante, luchando por mis hijos de este gobierno improvisado de corruptos, soy del 41 por ciento”, en referencia al porcentaje que logró Mauricio Macri en su derrota de 2019. La publicación se titulaba “En Pergamino marcha defendiendo a Cristina Kirchner, cuatro punteros y algún concejal. Impresentables”.

El 6 de septiembre, en plena conmoción por el fallido intento de asesinato de la vicepresidenta, un miembro de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino denunció a Gutiérrez en la fiscalía federal de San Nicolás, al mismo tiempo que la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, hacía lo propio en Comodoro Py.

La fiscalía a cargo de Matías Di Lello acreditó que el imputado realizó las manifestaciones descalificantes hacia la vicepresidenta con el objetivo de incitar a la violencia colectiva, en virtud de lo cual pidió que fuera citado a declaración indagatoria.

En línea con la imputación, el juez Villafuerte Ruzo analizó las pruebas y procesó sin prisión preventiva al dirigente macrista, a quien le trabó un embargo sobre sus bienes de 100 mil pesos. “Al ser el imputado candidato a concejal por Juntos por el Cambio, además de integrar la Comisión de la Sociedad Rural de Pergamino y la Cámara de Contratistas de la Provincia de Buenos Aires, sus manifestaciones alcanzaron un alto grado de publicidad”, tomó nota el juez.

Los dichos del productor agropecuario “traslucen una actitud irreverente y de desprecio frente a la ley, todo ello sumado al tono provocador e imperativo de las alocuciones que fueron claramente dirigidas al público presente”, escribió Villafuerte. Todo ello “demuestra la idoneidad de sus palabras para generar el peligro requerido por el tipo”. Agregó que resultaba “indiferente la actitud posterior que los receptores decidieran asumir” y destacó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser objeto de restricciones, plausibles de reproche ulterior, por su ejercicio abusivo.