Leo en las noticias que policías de la Fuerza Antinarco de Córdoba, ataviados de comandos, irrumpieron en un comercio que vendía aceite de cannabis en una galería céntrica de Córdoba Capital.

La ley 27.350, recientemente sancionada, consagra el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.  Tiene como objetivo prioritario la promoción y prevención de la salud; para lo cual garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo.

A menudo las nuevas leyes se adecuan a la realidad consagrada por la experiencia. Es un momento incómodo para los que vivimos de la infracción del prójimo a la ley: lo que ayer era malo parece que no lo es tanto ¿cuánta autoridad tendremos hoy entonces si mañana puede desvanecerse la causa por la cual la ejercemos? Y más horror: la ciencia y las nuevas normas pueden abrirse paso transgrediendo las leyes anacrónicas. 

Esa paradoja debería volvernos a todos más prudentes con los juicios lapidarios sobre la legalidad y la ilegalidad; al fin de cuentas una frontera siempre móvil que obedece a la cultura de cada época y lugar.

Si se ha llegado a la ley de uso medicinal de la cannabis ha sido porque muchas personas valientes han desafiado los prejuicios, la ignorancia y también las leyes, impulsadas por el imperativo insoslayable de buscar curación, mitigación o al menos alivio a sus dolencias o las de personas cercanas. Para conseguirlo han recurrido a otros que entregaron el aceite, también desafiando las leyes y pagando a veces hasta con la cárcel.

La ley prevé que una vez reglamentada, la autoridad de aplicación deberá realizar las acciones requeridas para asegurar la provisión para los tratamientos, mediante la importación o la siembra realizada por el Conicet y el INTA.

Está muy bien que el Estado garantice origen, seguridad, homogeneidad, pero ¿y mientras tanto?  Los tratamientos no pueden esperar. 

Garantizado el derecho a la salud de aquellos que necesitan el aceite de cáñamo, es un contrasentido que cometa un delito aquél que, por la impostergable necesidad, lo fabrique, provea o adquiera de una fuente distinta a la establecida por la ley, solo porque todavía no fue reglamentada e implementada. Es de esperar que esta etapa de transición hacia la efectiva vigencia de una buena ley, cuando por fin se importe y produzca localmente el aceite, no acarree consecuencias absurdas. 

Es que esta ley es, además, insolente para los tiempos que corren: establece el acceso gratuito al aceite, y también la producción por la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).  Ojalá que esta herejía no la mate.

Por  último, también toma a contrapierna a todos los satanizadores de sustancias.  Parece que el “flagelo”, en ocasiones y según su uso, puede traer alivio. Ya lo decía Paracelso.

Que sea un estímulo para discutir las múltiples facetas del “tema de las drogas” desde una perspectiva de derechos, con racionalidad y buena fe, dejando atrás la caza de brujas, los negocios y la muerte que acompañan al paradigma de la guerra y la prohibición.

Y, de paso, le evitamos el grotesco a la policía, que está para asuntos más importantes.

* Fiscal de la Procuración General de la Nación.