La reciente autorización de tenencia y portación de armas de uso civil para defensa personal en Ecuador despertó críticas en la sociedad. Universidades, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad se expresaron en contra del decreto ejecutivo firmado esta semana por el presidente Guillermo Lasso.

La flexibilización de la tenencia y porte de armas no es una decisión aislada, afirma el experto en temas de seguridad, Luis Córdova, quien además indica que los grandes beneficiarios de esta flexibilización son las empresas de seguridad privada. Junto a este decreto ejecutivo, el mandatario ecuatoriano también abre la puerta al uso de software de espionaje como Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group. 

“Es parte de una política que viene empujando el gobierno, no es una política idónea para disminuir la violencia pero sí es una política adecuada para incrementar el control social en la represión”, precisó Córdova, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador.

Reformas a las leyes de seguridad

La política de seguridad de la que habla Córdova está enmarcada en la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.

La normativa fue aprobada el pasado cinco de enero de 2023  y contó con el voto favorable de 117 asambleístas. La ley fue publicada en el Registro Oficial el pasado 29 de marzo y todas sus reformas entraron en vigencia, excepto la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entra en vigor 30 días después de la publicación.

En total, la ley reforma nueve cuerpos legales, uno de ellos es el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La ley aprobada en enero incluyó la reforma a dos artículos del COIP sobre la tenencia y portación de armas de fuego.

“El Decreto Ejecutivo del presidente mediante el cual permite esto del porte y tenencia de armas a civiles también le da seis meses al ministerio de Defensa y al de Interior para que actualicen su normativa”, explicó el experto en seguridad.

El director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, explicó que esta ley que reforma la política de seguridad “se vale de enormes distractores”.

“Todo el mundo pasó hablando del referéndum y si cabe o no la extradición, después vino el fracaso de las elecciones para el presidente y luego la denuncia de la implicación con la mafia albanesa y ahora todo el mes de marzo pasamos hablando sobre el juicio político”, analizó.

Ciber espionaje

Para Córdova, otro dato preocupante sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) es que permite “la captación de datos informáticos abriendo la puerta al ciber espionaje sin la autorización judicial”, explicó el experto en seguridad.

Córdova considera estas reformas como una ampliación a la “política punitiva en materia de narcotráfico y crimen organizado poniendo en riesgo las reglas del debido proceso que deberían primar en cualquier país que se precie de ser democrático”.

“En el fondo están avanzando una política absolutamente peligrosa para las reglas democráticas del país. Apunta a mejorar sofisticadamente la represión y el control. Porque reprimir no sólo es darle toletazos al manifestante, sino neutralizar su capacidad de actuación”, añadió Córdova.

“Cuando se abren las puertas para el ciberespionaje entra y calza perfectamente con los acuerdos que firmó el gobierno (de Ecuador) con el gobierno de Israel…es muy probable que esos acuerdos impliquen la adquisición del famoso software de espionaje Pegasus que ha servido en otros países para hacer espionaje incluso a periodistas”, denunció.

Política de seguridad militarista, elitista y narcotizada

Las reformas de las ocho leyes restantes entraron en vigor desde que se aprobó la ley en enero. Según el portal web de la Asamblea Nacional (congreso), la ley reformatoria de varios cuerpos legales modifica varias disposiciones legales vinculadas a la seguridad pública y del Estado, defensa nacional, derecho penal y procesal penal, Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ejecución de penas, desarrollo integral de adolescentes infractores.

Este amplio paquete de reformas incluye darle la facultad al ministerio de Defensa para que emita informes en los proceso de contratación, es decir, la concesión de una mina o un pozo petrolero deberá contar con estos informes y con una clausula especial de seguridad para que las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad a las empresas que tengan este tipo de concesiones.

“Donde apunta la tendencia de la política de seguridad del gobierno es una política de seguridad militarista, elitista, y narcotizada”, reforzó el experto en seguridad.

Hacia un modelo extractivista

 “Apunta a consolidar un modelo extractivo en términos económicos a través de la violencia. En el Ecuador hay una enorme conflictividad social con el movimiento indígena y campesino por la expansión de la frontera minera, petrolera y por la expansión de los agronegocios entonces aquí lo que se está buscando es permitirle a los intereses empresariales vinculados a estos sectores que armen cuerpos de seguridad privada que puedan perfectamente enfrentar a los comuneros, campesinos y activistas y a sangre y fuego imponer lo que no han podido imponer respetando las reglas constitucionales”, explicó.

En este sentido, Córdova argumenta que incluso la reciente autorización de tenencia y porte de armas “está orientada fundamentalmente a beneficiar a los empresarios de seguridad privada, que muchos de ellos son policías y militares de servicio pasivo, ellos son los que van a hacer importantes negocios ofertando el servicio de seguridad privada a floricultores, ganaderos, bananeros, pescadores, petroleros, mineros y banca privada”.

Armas baratas

En enero, el presidente Guillermo Lasso ordenó bajar los impuestos a las armas y municiones del 300% al 30%. Córdova explica el mandatario también permite la importación de armas.

“Crea y expande un mercado de armas en el Ecuador que ya es la segunda economía criminal más grande según el Índice Global de Crimen Organizado”, denunció.

El Decreto Ejecutivo de Lasso faculta a las Fuerzas Armadas para que produzcan y fabriquen armas. “Esto quiere decir que les está entregando no sólo el control y la supervisión de las armas que van a distribuir, sino que además les está entregando la posibilidad de un negocio adicional”, detalló Córdova.

“Esto sólo se entiende porque el gobierno ante su debilidad política y social, deslegitimado como está, pretende atrincherarse en el respaldo del músculo militar y policial. La entrega de prevendas y de tantas prerrogativas les da acceso a todo lo que pidieron, porque aspira a que así logrará terminar su mandato”, denunció el experto en seguridad que remarca que todo esto sucede en un país con una importante fragilidad institucional.