La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Chile que involucre a la sociedad en la Ley Naín-Retamal que le da mayor libertad de maniobra y reduce la responsabilidad de la policía.
Hasta el momento los diputados chilenos aprobaron las seis primeras leyes “antidelincuencia” en las que reconocen la “legítima defensa privilegiada” de los policías. Esta medida los deja “exentos de responsabilidad criminal” en caso en los que actúen en defensa propia, de terceros o para impedir un delito.
Ahora es el turno del Senado para analizar las normativas y las observaciones del gobierno a la ley Naín-Retamal. Las leyes antidelincuencia, aprobadas en tiempo récord, son criticadas por organizaciones que consideran que la ley reduce la rendición de cuentas.
Durante el estallido que vivió Chile desde finales de octubre de 2019, la policía chilena fue ampliamente criticada por el excesivo uso de la fuerza en contra de las personas que se movilizaron en repudio a las políticas económicas del entonces presidente Sebastián Piñera. La represión policial dejó más de treinta muertos y miles de heridos.
En un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al gobierno de Gabriel Boric que "lleve a cabo un proceso participativo en la tramitación de los proyectos de Ley Naín-Retamal".
La Comisión reconoce "la importancia de que las policías cuenten con el resguardo normativo y los medios para el mantenimiento de la seguridad ciudadana".
A su vez, llama al Estado "a tomar medidas inmediatas para llevar a cabo un proceso que garantice la más amplia participación" que incluya, entre otros, a personas de la sociedad civil, expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales.
La CIDH indicó que su preocupación se basa en la "celeridad" con la que se tramitó el proyecto de ley y la necesidad de que la norma se ajuste a los estándares internacionales, "especialmente por lo que refiere al uso de la fuerza y la legítima defensa".
El proyecto de ley se impulsó después de que los homicidios aumentaran 33,4% en 2022 respecto al año anterior, según datos oficiales.
La CIDH recuerda que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile ya pidió al país que revise los protocolos de actuación y uso de la fuerza y que está pendiente de "la implementación" de estas recomendaciones.