Rosa Grilo, la última sobreviviente de la matanza de 400 indígenas del Chaco que pasó a la historia como la Masacre de Napalpí, falleció ayer a los 114 años de edad. El gobierno provincial decretó tres días de duelo y asueto para los y las trabajadoras estatales miembros de alguna comunidad originaria.
La muerte de Grilo se dio a conocer hoy pero ocurrió ayer, según lo confirmaron sus familiares que vivían junto a ella en la zona rural Lote 40 de "El Martillo", ubicada a unos 30 kilómetros de la Planta Urbana de la localidad de Colonia Aborigen.
Su testimonio fue clave en la causa judicial que, casi un siglo después, culminó el año pasado con una condena al Estado nacional por “genocidio”. En este crimen de lesa humanidad fueron asesinados el padre y varios familiares de Rosa.
Qué es la Masacre de Napalpí
El hecho ocurrió en julio de 1924 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear, cuando una formación de policías, gendarmes y grupos de paramilitares asesinaron a miembros de los pueblos Qom y Mocoi, que protestaban por mejores condiciones laborales.
Exigían una justa retribución por la cosecha de algodón y poder salir a trabajar en los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía una mejor paga. Durante 45 minutos, las fuerzas de seguridad dispararon más de 5 mil balas de fusil sobre los indígenas que formaban una comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo. Se estima que hubo más de 400 muertos.
El testimonio de Grilo
Grilo tenía 7 años cuando declaró por primera vez sobre ese hecho en la "Reducción de indios Napalpí", creada durante el gobierno de Roque Sáenz Peña para explotar laboralmente a los pueblos originarios de la región.
En 2019, el Congreso Nacional le rindió un homenaje impulsado por diputadas justicialistas. Allí, Grilo pidió una reunión con la ex presidenta Cristina Kirchner, quien la recibió en el Instituto Patria. "Me hace doler el corazón cuando preguntan por mi papá y esto a mí me duele porque yo no lo pude conocer", contó la mujer.
Grilo declaró en el juicio por la verdad que culminó en julio de 2022. La jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó "como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre" y calificó esas acciones "como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas".
La muerte de la mujer que tenía entre 107 y 114 años (la estimación refiere a la falta de registros precisos de principios del siglo pasado en Chaco) fue confirmada por el gobernador Jorge Capitanich, quien declaró tres días de duelo provincial.
"Rosa ha sido una mártir y testimonio personal de las heridas del pasado que se generaron en uno de los capítulos más crueles de nuestra provincia pero también un gran ejemplo de reivindicaciones de los derechos de nuestras comunidades originarias, dejando un legado muy grande", escribió en Twitter.
