En forma simultánea a la firma del acuerdo con el FMI para el refinanciamiento de la deuda contraída por Mauricio Macri y al inicio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, la inflación mensual se disparó en la economía nacional.
En marzo del año pasado, los precios al consumidor se incrementaron un 6,7 por ciento y a partir de allí se movieron con un piso del 5 por ciento mensual hasta la renuncia de Guzmán al comenzar julio, mes que terminó con un 7,4 por ciento de incremento en los precios minoristas.
En aquellos meses, desde algunos sectores se intentó atribuir el desborde de los precios “a las internas del gobierno”, en particular a las voces críticas dentro de la misma coalición. De modo que la inflación no se debía a factores económicos o por lo que hiciera o no el ministro de economía, sino por lo que escribía o decía públicamente CFK.
El corazón del oficialismo finalmente tuvo que recurrir al conjunto de la coalición de gobierno para la designación del actual ministro de economía, Sergio Massa. Desde entonces, el nuevo ministro cuenta con el respaldo político del conjunto del Frente de Todos. Massa no recibió crítica alguna de parte de CFK, pero la inflación no cedió.
El 6,6 por ciento de inflación mensual en febrero pasado echó por tierra cualquier ilusión que podría haber generado la curva descendente registrada desde el 7,4 por ciento de julio del año pasado hasta el 4,9 por ciento de noviembre.
Se acumulan 12 meses de incrementos de precios que se ubican en torno al 6 por ciento mensual. Esos 12 meses, desde marzo de 2022 a febrero de 2023, marca además el primer aniversario del acuerdo con el FMI. En febrero de 2022, la inflación interanual era del 52,3 por ciento y en febrero de 2023 llegó a un 102,5 por ciento. Hay una clara vinculación entre el acuerdo con el FMI y el actual ritmo inflacionario.
En la conferencia ¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política, CFK marcó una serie de ejes para entender los problemas macroeconómicos.
Déficit fiscal
El déficit fiscal suele mostrarse como el gasto público que sobrepasa lo que se recauda. Incluso en la conferencia, CFK dice “no quiero que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente en épocas de crisis este es un instrumento que se necesita para evitar la recesión”.
Es decir, el déficit fiscal no es algo bueno, pero puede ser necesario. Sin embargo, se debería dejar atrás la mirada acerca de que lo virtuoso sea no gastar más de lo que ingresa. Lo virtuoso es no recaudar menos de lo que se necesita gastar. Lo virtuoso debería ser gastar en función de la necesidad social y recaudar en función de la necesidad de financiamiento de ese gasto.
El déficit fiscal en la Argentina nunca fue por exceso de gasto sino por insuficiencia de recaudación. La recaudación es la apropiación social de una parte del excedente producido socialmente. Si no se logra llevar a cabo, esa parte se la apropia el capital, los famosos "cuatro vivos". Esto, en una economía bimonetaria, tiende a transformarse en activos externos y a dolarizarse. Eso debilita la moneda local y genera tensiones inflacionarias, sobre todo en un contexto de fuerte escasez de dólares producto de una economía sobreendeudada que consume gran parte del superávit comercial en pagar intereses de deuda externa tanto pública como privada.
Superávit comercial
El saldo positivo por el comercio exterior de bienes y de servicios (donde se incluyen los fletes y el turismo) se materializa en una masa de activos externos que ingresan al país para ser apropiados por alguien. Ese “alguien” puede ser privado (empresas, empresarios, ahorristas) o público (la sociedad a través del Estado).
En primera instancia, es un excedente que queda en manos del capital pero transformado en pesos por la liquidación al BCRA las divisas del comercio exterior. Luego, con el patrón de acumulación financiera, ese excedente se volverá a dolarizar, bajo distintos modos, como la formación de activos externos, intereses de deuda privada o dividendos.
En un país con deuda externa pública, esto genera una disputa con el Estado por esas divisas, lo que termina debilitando una vez más a la moneda nacional. No importa el tamaño del superávit si se lo van a quedar los cuatro vivos. Es necesario que esa masa de activos externos sea apropiada por el Estado.
El superávit fiscal es una gran herramienta para la apropiación estatal de esas divisas, ya que el mismo es el resultado de absorber una parte del excedente en pesos y restarle así poder de compra de divisas (por fuera de las necesarias para el proceso productivo) al sector privado.
El Estado se apropia de esa parte del excedente, evitando que se fugue y usándolo para desendeudarse. Otro mecanismo subóptimo es evitar la dolarización de esos excedentes sin apropiación estatal de los mismos. Esto se lograría “comprando” los mismos con deuda pública interna en pesos. El capital se queda con los títulos en pesos y el Estado se queda con los dólares para poder desendeudarse.
Inflación y FMI
Si bien la limitación a los subsidios energéticos tiene un impacto inflacionario inicial, con el correr del tiempo esto se reduce y sólo perdura la imposibilidad de usar los subsidios como herramienta para frenar incrementos externos de los costos de la energía.
El punto central está en la política cambiaria. El acuerdo con el FMI obligó al Gobierno a aplicar el crawling peg para dejar fijo el tipo de cambio real en un contexto de inflación internacional no previsto. El ritmo devaluatorio requerido por el acuerdo con el organismo no sólo no permite desacoplar precios internos respecto de los precios internacionales, sino que también amplifica el impacto interno del incremento de estos últimos.
Sumado a esto, el acuerdo impone tasas de interés positivas que encarecen el financiamiento productivo y consolida un piso inflacionario elevado. Las tasas de interés positivas “altas” son impagables para el sistema económico y la inflación se acomoda a ese dato de la realidad. También esto genera una retroalimentación de variables que amplifican el ritmo inflacionario.
Restricción externa
En el modelo industrial, la restricción externa consistía en un límite al crecimiento por el lado de la imposibilidad de pagar las importaciones necesarias para el sostenimiento de un mayor nivel de actividad económica. Incluso con esa restricción, la economía argentina era capaz de generar empleo de calidad y con buenos salarios para su población. Se crecía hasta donde las importaciones marcaban el límite.
Las “vacas muertas” ampliarían ese límite, si estuviéramos bajo ese patrón de acumulación. En la actualidad, no son las importaciones las que producen el faltante de divisas. El límite al crecimiento aparece mucho antes. El problema actual es la dolarización de los excedentes, lo que es consecuencia a su vez de la apropiación previa de esos excedentes por parte de un sector minoritario de la población (los cuatro vivos).
No importa cuántas “vacas muertas” haya, porque el excedente del comercio exterior se fuga completamente. En cambio, una mejor distribución del ingreso genera crecimiento económico, lo que implica una mayor demanda de importaciones y reduce el superávit comercial. Pero paralelamente se reduce la parte que queda en manos de los cuatro vivos y por tanto, la demanda de divisas para la formación de activos privados externos.
La resultante de ambas fuerzas es neutra en materia de divisas, pero hay un mejor uso de las mismas, ya que en vez de quedar como activos externos de unos pocos, se convierten en trabajo, bienes y servicios para unos muchos y un mayor PBI. La restricción externa en la actualidad se rompe entonces con recaudación, redistribución progresiva y crecimiento. Para ello es necesario recuperar salarios reales (también jubilaciones y asignaciones) y amplificar la carga impositiva sobre quienes se apropian de excedentes muy por encima de sus necesidades de financiamiento de la inversión productiva local.
En conclusión, para poder pagar es imprescindible que el Estado pueda apropiarse de los activos externos que provienen de la balanza comercial superavitaria. Al menos, que gran parte de los mismos no puedan ser apropiados por el sector privado. La redistribución del ingreso y el incremento del poder recaudatorio del Estado son fundamentales para que eso sea posible. El acuerdo debe revisarse integralmente, sino esto no será factible y tampoco será posible frenar la inflación ni afrontar pagos para comenzar a transitar, una vez más, el camino hacia el desendeudamiento.
*Economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)