Un policía de 33 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la madrugada de ayer en el centro de Santiago de Chile, cuando realizaba tareas de control vehicular. Con él, suman tres los carabineros muertos en la capital chilena este año, en una ola de ataques y hechos de inseguridad que llevó al gobierno del presidente Gabril Boric a intervenir los 30 municipios donde hay más casos de violencia.
La víctima fue el cabo primero Daniel Palma Yáñez, de la Comisaría de Santiago de Chile, quien tenía 9 años en el servicio.
El oficial estaba realizando un control rutinario a un auto marca Audi, modelo A4 de color gris, y recibió dos disparos en su cabeza. Si bien fue trasladado al hospital, murió horas más tarde. Su esposa, también carabinera, está embarazada y tenía un hijo de cuatro años.
El gabinete de Boric se reunió en el Palacio de La Moneda y tras el encuentro, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que desde este jueves se intervienen los 30 municipios que concentran un tercio de la población y un 50% de los delitos más violentos. "El arranque del plan estaba programado para mayo, pero el presidente Boric pidió adelantarlo, tras la muerte del cabo Palma", dijo en conferencia de prensa.
Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó que dispondrán nuevos recursos para los oficiales, con focos investigativos "especialmente donde hay tráfico de armas".
"Esperamos focalizar la persecución para esclarecer homicidios y delitos violentos y, para ello, el trabajo coordinado que ya tenemos funcionando con Fiscalía será reforzado y acelerado”, detalló. Y según el medio local Emol, "para cada una de estas comunas se va a hacer un plan específico que va a contar con apoyos extraordinarios, en base a estos recursos que vamos a destinar y que mes a mes va a ser evaluado públicamente".
La muerte de tres oficiales en pocos días aceleró el proceso para que el gobierno gire para intentar dar solución a la crisis que se ha transformado en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Se promulgó la ley que eleva penas en delitos contra policías
Este jueves, además, se promulgó la ley que eleva las penas a quienes cometan delitos contra las policías que, además de establecer la "legítima defensa privilegiada" de los agentes de seguridad y los militares -Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería-; establece la presunción de uso justificado de su arma de servicio "cuando su integridad física o la de un tercero esté gravemente en riesgo".
Este último punto fue el que causó más controversia en el debate y fue rechazado por gran parte de la coalición de origen del presidente Boric y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que en un comunicado habían advertido que "tendría graves consecuencias para los derechos humanos". Desde el gobierno, incluso, intentaron modificarlo pero no contaron con apoyo de la oposición.
“La objeción del Ejecutivo no tiene que ver con el proyecto en sí, solo se refiere a la legítima defensa privilegiada, pues, cuando se presentó el proyecto dijimos que estas normas deben estar en el marco regulatorio específico, vinculado al uso de la fuerza por parte de Carabineros, pues otro mecanismo, genera incertezas y riesgos”, había explicado entonces el ministro de Justicia, Luis Cordero.
¿Qué dice la ley de legítima defensa?
"Lo que hace este proyecto es que cuando un policía hace el uso del arma en defensa propia, o de un tercero porque está en riesgo su vida, se va a asumir que el policía debería haber operado de acuerdo a los principios profesionales, pero una investigación puede demostrar lo contrario", explicó la ministra Tohá tras la aprobación de la ley.
El proyecto, que unifica dos leyes vigentes, procura establecer la pena de prisión perpetua calificada por el homicidio de un carabinero, que puede llegar hasta los 40 años. También aumenta las penas por agresiones a carabineros
En referencia al artículo sobre légitima defensa que provocaba diferencias entre los senadores, se acordó reformularlo y el texto quedo así: "Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas (legítima defensa) (…) cuando las fuerzas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa".
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