La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en Twitter al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, criticó el operativo de detención de los compañeros de Barrientos que le pegaron al ministro Sergio Berni, realizado en conjunto por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense, y comparó la forma en que fue tratado el hombre que intentó asesinarla con el trato que sufrieron los colectiveros detenidos. 

Horas más tarde, fueron liberados por la justicia, que les imputa "atentado contra la autoridad agravado", delito para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (por lo tanto excarcelable),

"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA", escribió la exmandataria en la red social. "Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", añadió.

Y se respondió: " Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

Minutos, antes, CFK había tuiteado sobre el fallo adverso en Londres, y le dio RT a un hilo de Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. 

La polémica por la detención

La violenta detención de los trabajadores había generado polémica. El fiscal Carlos Rolero Santurian, a cargo de la investigación y la detención de los dos sospechosos que agredieron a Sergio Berni, sostuvo que "si fue excesivo" el accionar de los agentes, "se tomarán medidas".

"La operatividad del cumplimiento de la orden de allanamiento no está puesta en cabeza ni de la fiscalía, ni del juzgado, por una cuestión práctica. Está puesta en la cabeza del personal policial que participa", expresó Rolero, despegándose del desarrollo del operativo.

Por su parte, Berni también se refirió a los operativos desplegados para detenerlos. "Fue una orden de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. A veces las imágenes impactan, pero el policía es un trabajador y tiene que protegerse. Las disculpas del caso, pero son también trabajadores policiales que cumplen el protocolo", manifestó el ministro de Seguridad bonaerense, a la salida de la reunión que mantuvo con los delegados de la empresa Almafuerte en Puente 12.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había reclamado la “libertad inmediata” de los choferes Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, detenidos en la noche del miércoles. "Sorprende la celeridad para la detención de los trabajadores. Hagan el mismo esfuerzo y despliegue para atrapar a los delincuentes". Sentenció el sindicato en un comunicado.

El inicio de la causa 

La causa por la cual fueron apresados se inició a partir de una denuncia de la Policía de la Ciudad, que el lunes pasado intervino en la manifestación de los colectiveros con su cuerpo de infantería, para llevarse a Berni del lugar.

Hasta ese momento el ministro bonaerense había sido atacado con golpes de puño en la cabeza y piedrazos durante largos minutos sin que ninguna fuerza pública interrumpiera la agresión. Los golpes le produjeron una fractura en el malar.

Las agresiones ocurrieron en horas del mediodía en el cruce de Juan Manuel de Rosas y General Paz, escenario de la protesta de los compañeros del colectivero asesinado de la línea 620 y un ámbito cuya jurisdicción le corresponde a la Policía porteña.

La fallida investigación del atentado contra Cristina Kirchner

A siete meses del ataque contra la Vicepresidenta, la causa a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti parece estar estancada: hay apenas tres detenidos; media docena de pistas que la justicia se niega a investigar (la mayoría vinculada al entorno del expresidente Mauricio Macri) y un número escandaloso de irregularidades procesales.

En primer lugar, se perdieron pruebas vitales para esclarecer el caso porque el celular de uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, fue bloqueado y reseteado en forma sospechosa.

Además, pese a que hay pruebas de que, dos días antes del atentado, Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio, le dijo a sus asesoras: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” (y efectivamente el día del atentado contra CFK, él estaba en la costa), la jueza María Eugenia Capuchetti se niega a avanzar sobre esa pista.

En esa misma línea, Capuchetti no avanza en indagar qué es lo que vincula al Grupo Caputo (propiedad de “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri) con Jonathan Morel, fundador de “Revolución Federal”, grupo de extrema derecha al que también estaban relacionados los detenidos por el atentado contra CFK. 

El dato resulta llamativo puesto que Morel -que recibió 13 millones de pesos del Grupo Caputo-, previo al intento de magnicidio, se había pronunciado con frases violentas y amenazadoras en contra del Gobierno. “Hay que matarlos, otra cosa no podés hacer”; “Hay que tirar agua hirviendo a los militantes kirchneristas y poner una bomba en la Casa Rosada”, fueron algunas de sus expresiones. 

Sin embargo, no solo quedó en palabras sino que puso en práctica ese "odio" con acciones, como apedrear autos de ministros, llevar guillotinas a la Plaza de Mayo y arrojar antorchas con fuego a la Casa Rosada, sede del gobierno nacional.

Tampoco se puede obviar el accionar de la policía metropolitana que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, antes, durante y después del atentado, no sólo nunca detuvieron a ninguno de los violentos (por ejemplo, cuando apedrearon y vandalizaron la oficina de la Vicepresidenta en el Congreso), sino que miembros de esa policía aparecen en muchos videos saludando amablemente a los extremistas de Revolución Federal denunciados.

Ante esta serie de irregularidades en la investigación, la defensa de CFK exigió el apartamiento de la jueza Capuchetti, que fue denegada por la justicia. En paralelo, se dio a conocer que la jueza Capuchetti, también está estrechamente vinculada a Juntos x el Cambio (JxC) y recibe un pago mensual del Gobierno de la Ciudad por aparentes trabajos de investigación vinculados al Ministerio de Seguridad.