Desde Santa Fe
La fiscal Cristina Ferraro sumó esta semana la tercera sentencia en contra en la causa que la investiga por la desaparición de un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani, la misma noche del asesinato del dueño de la empresa que operaba como cueva financiera, en febrero de 2020. El 7 de junio de 2022, el juez Carlos Villafuerte Ruzo –a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- la procesó por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El 16 de marzo, la Cámara Federal de Rosario (Sala B) confirmó la resolución del magistrado y el martes último, el mismo tribunal rechazó un recurso de la defensa que la obliga a recurrir en queja ante la Cámara de Casación Penal. Ferraro está suspendida en su cargo por cinco meses, hasta el 24 de abril, pero si en estas dos semanas no prospera el proceso de remoción –que impulsa en la Legislatura el jefe del bloque peronista Leandro Busatto- el martes 25 de abril, ya estaría en condiciones de volver a su despacho.
La Cámara rechazó el recurso de la defensa en un fallo de la jueza Elida Vidal y su colega José Guillermo Toledo, los mismos que el 16 de marzo habían confirmado el procesamiento de Ferraro que Villafuerte Ruzo firmó el 7 de junio. El legajo de apelación sintetiza en su carátula los supuestos delitos que se investigan: “encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de medios de pruebas y documentos”.
En un voto conjunto, Vidal y Toledo coincidieron que la defensa cumplió los “requisitos formales” del recurso, pero sólo se “limitó a cuestionar la valoración de los hechos” que hizo la Cámara en la sentencia del 16 de marzo y plantear su “desacuerdo” con “las figuras delictivas” en debate. Es “una mera exteriorización de la disconformidad” del abogado defensor y una “reiteración de los mismos agravios” que la Cámara ya analizó y rechazó hace tres semanas. Por lo tanto, “denegó el recurso” y obligó a la defensa a recurrir en queja ante la Cámara de Casación Penal.
Los últimos dos fallos de la Cámara: la confirmación del procesamiento de Ferraro el 16 de marzo y el del 4 de abril que lo ratificó -al rechazar el recurso de casación-, habilita al fiscal federal Walter Rodriguez a pedirle al Tribunal Oral de Santa Fe el juicio oral y público de su colega del MPA.
En el procesamiento del 7 de junio de 2022, el juez Villafuerte Ruzo dijo que Ferraro “autorizó ilegítimamente la desaparición de al menos 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares” que había en la agencia de Oldani y “documentación afín que constituían rastros, pruebas e instrumentos de un ilícito precedente” que era la “intermediación financiera no autorizada”. Ferraro “abusó de su autoridad al dictar actos en defensa propia” y se valió de su condición de fiscal del MPA de Santa Fe para “desviar cualquier averiguación relacionada con el dinero entregado en forma irregular, de manera tal que no se descubra dicha autorización concedida a familiares del fallecido Oldani”.
En la sentencia de la Cámara del 16 de marzo que confirmó el procesamiento de Ferraro, la jueza Elida Vidal coincidió con Villafuerte Ruzo y el fiscal Rodríguez que investigó el caso: “La funcionaria del MPA no sólo autorizó el ingreso” a la agencia de turismo de Virginia Oldani, hija del empresario asesinado, de su esposo José Luis Hernández y de una amiga del matrimonio, Virginia Venetucci “conociendo la existencia de una enorme cantidad de dinero que no había sido contabilizado y que debía ser resguardado, sino que también permitió que se retiraran del lugar cargando bolsos, cajas y mochilas sin haber documentado formalmente su contenido”. Y tampoco “ordenó la apertura de la caja fuerte” que había en las oficinas “ante la negativa de la hija de Oldani por motivos inoponibles a la magistrada”, con lo cual Ferraro consistió de esa forma que “su contenido permaneciera incierto”.
El 28 de marzo, el diputado Busatto anunció su decisión de “pedir a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura la reapertura” del proceso disciplinario de Ferraro “por su desempeño en el caso Oldani”. La fiscal está apartada de su cargo. La sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados la suspendió el 24 de noviembre por cinco meses, hasta el 24 de abril, con lo cual si el requerimiento del legislador no prospera en estas dos semanas, el martes 25, la funcionaria estará en condiciones de volver a su oficina.
