Mientras la agrupación Inquilinos Agrupados denuncia que las inmobiliarias comenzaron a cancelar firmas de nuevos contratos e incluso reservas, el oficialismo continúa sosteniendo los rumores respecto de cambios en la Ley de Alquileres. El diputado del Frente de Todos Carlos Silva sostuvo este jueves "no se va a derogar la ley de alquileres, sino que se van a suspender por 180 días algunos artículos vigentes". 

Silva lo adelató tras indicar que lo había hablado con el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Las declaraciones, en una entrevista a El Destape radio, ocurren días después de que se instalará el rumor que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, habían hablando de la posibilidad de derogar la norma, en una reunión posterior al viaje que ambos hicieron a Washington. 

El diputado oficialista --que no integra ninguna de las comisiones que debatió la normativa, pero es señalado como cercano a Massa--, también marcó diferencias con el referente de la Agrupación Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, al indicar que "él sostiene que la ley como está no se tiene que tocar. Nosotros tenemos otros reclamos en la Cámara de sectores de inquilinos. Ayer escuché al diputado (provincial) Daniel Lipovetzky, que fue quien impulsó la ley, decir que no había funcionado". 

El referente de la agrupación de inquilinos sostuvo en las últimas horas que la idea de la derogación de la norma es una operación de Sergio Massa, a quien asocian a las cámaras inmobiliarias, y sostuvo que la norma debe mantenerse vigente para que el Estado regule. 

Aunque Silva aseguró que "lo que nos interpela es cuidar al sector más vulnerable que es el de los inquilinos", consideró que "hay que buscar un punto intermedio, hay como 20 proyectos en el Congreso". "Creo que lo más importante es que todo hemos adquirido un grado de madurez como para que no se impongan decisiones partidarias", indicó Silva y consideró que "la suspensión nos pone como prioridad debatir el tema".  

La norma 27.551, que fue aprobada en 2019 y reglamentada en 2020, reglamentó que los contratos de alquiler se extiendan de dos a tres años y que la actualización de los valores se revise de forma anual, a través de una fórmula conformada en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración promedio de los trabajadores del sector privado formal (Ripte), elaborado y publicado por el Banco Central.

Esas modificaciones son resistidas por el mercado inmobiliario que busca volver a contratos de dos años, con actualizaciones semestrales. En paralelo, se sostiene el argumento de que la norma generó una retracción en la oferta como culpable del aumento de los alquileres, que aumentaron un 110% en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, los propietarios comenzaron a saltear la norma ofreciendo alquileres en dólares y firmando contratos temporales, que no son alcanzados por la normativa. Por el lado de los inquilinos, los reclamos que sostienen quienes impulsan modificaciones en la norma se refieren al brusco incremento que significa una suba anual con una inflación cercana al 100%. 

Durante 2022, la Cámara de Diputados debatió varios proyectos de modificación de la norma. Desde Juntos por el Cambio proponían liberar las negociaciones y contratos, mientras que desde el Frente de Todos se logró dictamen de mayoría para una norma que sostenía las condiciones generales de la norma actual, pero agregaba beneficios impositivos para los propietarios.