El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta emitió este miércoles una recomendación técnica al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, cuyo titular es Marcelo Domínguez, para que desestime la declaración de la Legislatura que insta a la gestión de la provisión de pistolas Taser a las fuerzas policiales. Entre las observaciones, se señaló que estas armas conllevan un riesgo letal y su uso puede prestarse a abusos y potenciar formas de violencia institucional.

Las recomendaciones fueron entregadas ayer, tanto a la cartera de Seguridad como a las Cámaras de Diputados y Senadores.

El Comité local está integrado por Rodrigo Solá, Rosa Ramón Corregidor, Cristina Cobos y Marcelo Andrés Giordamachi, quienes tienen entre sus competencias emitir observaciones y opinión técnica especializada a las autoridades pertinentes con el fin de prevenir actos de tortura.

Esta acción del Comité se debe a que el pasado 28 de marzo diputados y diputadas aprobaron por mayoría la declaración de que verían "con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser como así también la instrucción de uso correspondiente". El proyecto fue presentado por el diputado Omar Exeni, quien insiste en este pedido desde hace ya tres años.

El Comité resaltó que la diputada y médica, Gladys Paredes, en declaraciones posteriores, advirtió que estas armas "pueden causar incluso la muerte", y dio detalles de las consecuencias que podría tener su aplicación. Aunque se abstuvo en la votación durante la sesión legislativa.

Ante esta situación, el Comité le recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia desestimar la declaración de la Cámara de Diputados por resultar "contraria a los estándares de derechos humanos vigentes en la materia". 

En la misma línea, les recomendaron a legisladores y legisladoras que "en futuros proyectos legislativos de cualquier naturaleza, que pudieran involucrar aspectos referidos a tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes", soliciten antes del tratamiento en el recinto, la participación del Comité para emitir su opinión técnica, "en cuanto organismo especializado, creado por Ley N° 8024".

Son letales

El Comité señaló que las pistolas Taser son consideradas “armas con poder menos letal”, que las armas de fuego, pero "igualmente son letales". También advirtió que la clasificación errónea como “armas no letales” puede dar lugar a confusión y avalar su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto.

Aunque las consecuencias físicas de la aplicación de estas armas no han sido evaluadas lo suficiente, el Comité advirtió que en determinadas personas puede producir "un impacto diferencial, incluso la muerte". Señaló, por ejemplo, el riesgo letal para personas con padecimientos cardíacos, de descompensación en personas con discapacidad psicosocial, y los riesgos del embarazo en personas gestantes. 

Las Taser "ocasionan una incapacidad temporal. En todos los casos produce una descarga de contacto directo que genera dolor, sufrimiento físico y psíquico, que podrían considerarse torturas o malos tratos y abiertas violaciones a los derechos humanos", indicó el Comité. 

Asimismo, consideró que las Taser potencian la probabilidad de provocar daños derivados del uso de la fuerza pública, incluso posteriores al momento de la aplicación de la descarga, como episodios cardíacos o golpes al caer, entre otras situaciones. 

De esta manera, el uso de estas pistolas "conlleva una serie de riesgos que trasgreden las recomendaciones dadas por organismos internaciones de DDHH y por normativa interna de nuestro país".

Pueden potenciar la violencia institucional

El Comité contra la Tortura también señaló que la utilización de estas armas, "puede prestarse a abusos y potenciar formas de violencia institucional, debido a su facilidad de uso, portabilidad, capacidad de infringir dolor sin dejar señales importantes".

Además, advirtió que el uso de las Taser podría volverse masivo y escapar al control de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y legalidad que deberían regular el uso de toda fuerza pública, y que éstas pueden ser utilizadas con la mera finalidad de provocar un daño, castigo o confesión. 

El organismo citó un informe del Programa sobre uso de la fuerza y empleo de arma de fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2020, e indicó que el 51,6% de hechos con disparos por parte de fuerzas de seguridad ocurrieron cuando los agentes se encontraban “fuera de servicio”, es decir no prestando funciones. Ante ello, el Comité advirtió que con las Taser se incrementa "el riesgo de la utilización de este tipo de armas en otros ámbitos, en especial el doméstico". En Salta, hubo femicidios cometidos con arma reglamentaria.

Entre los fundamentos expuestos por el Comité Provincial, recordó que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se expresó en contra del uso de estas pistolas y recomendo que los Estados no deberían usarla. 

El Estado reconoce la letalidad

En sus observaciones, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura mencionó que en el ámbito nacional el Ministerio de Seguridad aprobó la resolución N°138/21 que incorpora un "Protocolo de actuación para la utilización de dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea de baja letalidad".

"Nótese que (...) reconoce que este tipo de armas, entre las que se incluyen las pistolas Taser, pueden ser letales en determinadas situaciones", recalcó el Comité Provincial. 

El Protocolo identifica determinados colectivos que se encuentran en mayor riesgo de letalidad: "personas con ropa mojada, motorizadas, adultos mayores, personas con padecimientos mentales o bajo las efectos de alcohol o drogas, embarazadas, con lesiones graves o que manifiesten adolecer de alguna patología, y/o que tengan un bajo índice de masa corporal".

Además, el Comité Provincial señala que el Protocolo de Nación advierte que para evitar posibles comisiones de hechos de tortura u otras manifestaciones de violencia institucional no pueden ser utilizadas con personas que muestren resistencia pasiva, o ya estuvieren reducidas.

El 9 de marzo pasado, la Comisión Provincial para la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, mecanismo local para la prevención de la tortura, expresó en un comunicado público que la utilización de las pistolas Taser, como el modelo de inhabilitación carcelaria o la baja de edad de punibilidad, son ideas demagógicas y de probada ineficacia.