"Lo que hicieron con el galpón se enmarca en una política de borramiento de la historia e identidad barrial de Ortúzar para convertir la zona en algo más afín al mercado inmobiliario que pretenden impulsar", dijeron a Página 12 desde el centro cultural El Galpón de Villa Ortúzar, demolido este jueves en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad. Entre otras cosas, en el lugar funcionaba un espacio comunitario para jubilados y jubiladas, una biblioteca y un bachillerato popular. Desde el gobierno porteño, que ya había intentado demoler el galpón el año pasado, aseguran que utilizarán el lote, ubicado dentro de la Plaza 25 de Agosto, para construir un canil y un espacio de juegos.
La magnitud del operativo sorprendió al barrio. Eran cerca de las 5 de la mañana del jueves, todavía de noche, cuando seis camiones de infantería y más de cien efectivos rodearon el galpón. "Con topadoras y grúas destruyeron todo lo que quedaba de la estructura del galpón", cuenta a este diario Juan Martín Chippano, vecino de Ortúzar e integrante del centro cultural. En octubre del año pasado, el GCBA ya había intentado dos veces demoler el lugar, pero los vecinos y vecinas lograron impedirlo. "Esa vez la gente logró meterse adentro, sentarse en el piso y resistir con las amoladoras en la cabeza, pero esta vez rodearon todo con infantería, era imposible meterse", sostiene Gigi Colabella, integrante de la organización Somos de Ortúzar.
El argumento principal del GCBA es que el lugar "fue ocupado de manera ilegal" y que en la Dirección General de Administración y Bienes figura como un espacio perteneciente al Estado. Según cuenta Chippano, la historia del galpón se remonta a la década de los 90. "Originalmente era un centro de jubilados que había quedado semi abandonado, pero entre 2013 y 2014 un grupo de vecinas y vecinos junto con los jubilados nos dimos la tarea de recuperarlo para hacerlo de uso para toda la comunidad", asegura y detalla que hasta el momento del primer intento de demolición, que dejó al lugar inutilizable, allí funcionaba el centro cultural, una biblioteca y un bachillerato popular con título oficial. "También hacíamos actividades artísticas gratuitas o a la gorra y era un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas", señala.
Todas esas actividades continuaron realizándose en la plaza, mientras que el bachillerato debió conseguir otro edificio para poder garantizar la continuidad pedagógica. En el mismo mes de octubre, en tanto, los integrantes del galpón cultural presentaron un amparo ante la Justicia que, además de intentar frenar la demolición, pedía precisamente que se resolviera la cuestión de fondo de la propiedad del lugar. "Solicitamos la restitución del espacio al grupo de jubilados y vecinos y vecinas que lo tenían en posesión desde los 90, cuando se construyó el lugar", precisa Chippano. En diciembre, la Justicia de primera instancia rechazó la cautelar, sin resolver todavía la cuestión de fondo, y los vecinos y vecinas de Ortúzar apelaron.
"En el amparo cuestionamos la decisión del GCBA porque entendemos, además, que no se respetó ni la constitución porteña ni la ley de comunas con sus mecanismos de consulta y participación correspondientes", afirma Chippano. Pese a que la Justicia aún no emitió una sentencia de fondo, el Gobierno porteño avanzó igual sobre el espacio. Según informan fuentes oficiales, el plan para ese lote, ubicado en Charlone y Heredia, dentro de la Plaza 25 de agosto, incluye la construcción de un canil para mascotas y un espacio para hacer deportes. "Acá nadie pidió un canil, la gente que tiene perros no quiere eso", sentencia en este sentido la integrante de Somos de Ortúzar.
En torno al galpón, a mediados de 2021 comenzaron a reunirse los vecinos y vecinas del barrio preocupados por el cambio urbanístico que estaban experimentando. Así nació la organización que los reúne, una de las primeras en levantar la voz para rechazar el impacto del nuevo Código Urbanístico (CUR) de 2018. Además de aumentar las alturas de construcción permitidas, la nueva normativa, precisa Chippano, "incrementó en un 500 por ciento la constructibilidad en el barrio y Ortúzar hoy por hoy es un foco de inversión".
Según el relevamiento que mantienen los vecinos y vecinas, hay alrededor de 50 edificios en construcción o por construirse en un barrio históricamente de casas bajas. En diciembre del año pasado, con el acompañamiento del diputado Matías Barroetaveña, presentaron en la Legislatura un proyecto para volver a modificar la normativa del CUR para su barrio. Para Chippano, en tanto, "lo que hicieron con el galpón se enmarca en una política de borramiento de la historia e identidad barrial de Ortúzar para convertir la zona en algo más afín al mercado inmobiliario que pretenden impulsar".
En noviembre de 2021 los vecinos y vecinas protagonizaron un conflicto con características similares, cuando fue demolido un inmueble patrimonial ubicado dentro de la Plaza Malaver. En su lugar, se enteraron de pronto, se construiría un nuevo edificio de ocho pisos. La noticia despertó el repudio del barrio, que se organizó y consiguió impedir la construcción. El GCBA prometió que finalmente el lote sería destinado a ampliar la plaza, algo que hasta el momento no se concretó. Sobre el destino del nuevo lote desalojado en la 25 de Agosto, Colabella concluye que "pueden hacer el canil pero también se corre el riesgo de que quede así, tapiado y sin uso como el terreno de la Malaver"
