La reciente propuesta presentada por Guillermo Lasso (foto) dirigida a militarizar parte del territorio nacional y a que cualquier ciudadano tenga libertad de portar armas como solución a la profunda crisis de inseguridad que hoy surca a Ecuador, parece más una medida desesperada de un gobierno en caída libre desde su derrota en las pasadas elecciones de febrero y comprometido por un juicio político que amenaza la sostenibilidad del actual proyecto neoliberal.

Muertes violentas

Más allá de los robos y secuestros, los números son suficientemente elocuentes, sobre todo, en el caso de las muertes violentas. Mientras que en todo 2022 el promedio diario de asesinatos fue de 10,4, en el primer trimestre de 2023 hubo más de 17, en una tendencia que en caso de evolucionar como hasta ahora, produciría un total de más 6.300 asesinatos a finales de este año para una población de 18,7 millones de personas.

Se trata de un abismo que el propio gobierno favoreció al incrementar las tasas de desempleo y de pobreza, en medio de impactantes casos de corrupción en el círculo íntimo del presidente y en el que se entremezclan desde denuncias por malversación de fondos a la presencia de redes internacionales del narcotráfico vinculados a grupos originarios de Albania.

Libre portación de armas

Sin embargo, la propuesta sobre la libre portación de armas no es nueva. De hecho, en varias oportunidades, y como candidato presidencial, Lasso se manifestó a favor de su liberación pero en “zonas rurales”, donde la presencia estatal sería mínima o nula.

Probablemente varios factores incidieron en que Lasso tomara una decisión ampliamente repudiada por buena parte de la ciudadanía, aunque respalda por todos los defensores del dogma de la “justicia por mano propia”

Además de desviar el foco de atención en estas semanas cruciales para su gobierno, Lasso pretende unir a una derecha dividida y, sobre todo, complacer a las huestes del Partido Social Cristiano (PSC), cuyos representantes en la Asamblea podrían ayudar a evitar el juicio político y así contribuir a sostener a la presidencia.

Militarización

En cuanto al ámbito externo, la creciente militarización del país debe ser interpretada a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, según su sigla en inglés), refrendada por el presidente Joe Biden el 23 de diciembre de 2022. Si bien su eje está puesto en la seguridad y en la defensa de los Estados Unidos, incluye artículos sobre tan disímiles como comercio inteligencia, políticas energéticas, derechos humanos, etc.

En su conjunto, la Ley le otorga un papel central al Pentágono, por lo que sus críticos insistieron en que con su aprobación se obtendría al mismo tiempo una creciente militarización de la política exterior estadounidense

La Ley posee además una extensa sección de regulaciones "Relativas a Naciones Extranjeras" y de “Asuntos Exteriores”. En ese marco se incluyen nuevas leyes sobre Taiwán, China, Birmania, Corea del Norte y, obviamente, también sobre Ecuador.

A falta de un Tratado de Libre Comercio, en la “Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador” abundan propuestas de todo tipo, aunque en especial aquellas dirigidas a fortalecer los lazos entre ambos países en temas como cooperación internacional, comercio, “fortalecimiento de la democracia” y, particularmente, en seguridad e inteligencia.

Cooperación estadounidense

Así, para el Ecuador, la cooperación estadounidense será fundamental “para combatir las economías ilícitas, la corrupción, las organizaciones criminales transnacionales”, así como también “la influencia dañina de malignos actores nacionales y extranjeros” (sic). Con esa finalidad, el Pentágono aprobó la capacitación y el financiamiento a “instituciones de defensa y seguridad de Ecuador” para cumplir tareas como misiones militares, entrenamiento a nivel internacional, cooperación multilateral, etc.

En tanto que un apartado especial es el dedicado a la “seguridad cibernética” de importancia creciente frente al temor por infiltraciones externas.

Quienes estuvieron detrás de la inclusión de Ecuador en la NDAA fueron Bob Menéndez y Marco Rubio, dos senadores que, más allá de sus diferencias partidarias poseen una lectura similar sobre la situación en Estados Unidos y, sobre todo, respecto a América Latina, a la que ven cooptada por la influencia de China y de Rusia y, últimamente, cada vez más por las redes del narcotráfico.

El senador Rubio, de hecho, viajó a Ecuador a fines del mes de febrero. Conocido como uno de los principales líderes de la comunidad latinoamericana del estado de La Florida por su oposición a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, señaló que “a medida que América Latina y el Caribe gira hacia regímenes antiestadounidenses de izquierda, Ecuador sigue siendo un aliado estratégico e importante tanto para nuestro país como para la estabilidad de nuestra región”.

Según la organización Open Secrets, el senador habría recibido en sus campañas electorales importantes donaciones por parte de la “Asociación Nacional del Rifle”, la poderosa organización dedicada a la promoción del uso de armas de fuego en los Estados Unidos y que es respaldada por una industria armamentista siempre interesada en expandir sus ventas a otros países.

Para Guillermo Lasso, la visita de Marco Rubio fue estratégica no sólo porque en sus distintas presentaciones señaló el peso adquirido por la inseguridad y el crimen en el país andino.

Lasso y la derecha republicana

Gracias a la mediación del senador, el presidente ecuatoriano pudo fortalecer sus lazos políticos con la derecha republicana, frente al gobierno demócrata de Biden, al que en privado reprocha por no haberlo ayudado en su compleja situación política, pese a su reconocida profesión de fe pro estadounidense.

En este sentido, la expectativa de Lasso, en caso de que logre eludir el juicio político y pueda persistir en el gobierno, apuntaría a su propia supervivencia política anclando su suerte al avance electoral de los republicanos que, para fines de este año, deberían definir a sus precandidatos para las primarias presidenciales de 2024.

Más aun, si como predicen varias encuestas, el postulante finalmente nominado es Donald Trump. O, incluso, si termina siéndolo el actual gobernador Ron DeSantis quien, pocos días atrás, también promulgó una ley que permite portar armas en La Florida ya sin ningún control estatal.

Por estas horas, Ecuador vive un trance de una profundidad inusitada. La militarización y la libre portación de armas refieren a una descomposición creciente del Estado y, de manera concomitante, a una degradación de la democracia. En medio de la aceleración de este proceso decadente, la Asamblea, y particularmente la izquierda y la oposición al gobierno de Lasso, quizás tenga la clave para revertir lo que de otro modo amenaza con convertirse en una crisis inexorable.