El juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pedido del fiscal general de Salta Eduardo Villalba y del fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y libró exhorto a la República Federativa de Brasil para que extradite al ciudadano boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, quien está sospechado de ser el proveedor de droga proveniente de Bolivia y ha sido sindicado con vinculaciones con el Clan Loza, de la provincia de Salta. 

Granier Ruiz fue detenido el pasado 28 de marzo en el municipio brasileño de Jaraguari, en el estado de Mato Grosso do Sul, en un control caminero, que intentó cruzar con una identidad falsa.  

El empresario está imputado en Argentina como el responsable de transportar estupefacientes por vía área desde Bolivia, y se lo vincula a una operación donde se incautaron 389 kilogramos de cocaína en la provincia de Buenos Aires el 24 de septiembre de 2020. 

El pedido de extradición, que se tramita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sustancia de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil y lo establecido por la ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal.

El Ministerio Público Fiscal federal informó que la investigación desarrollada por el este organismo, en distintos expedientes, permitió corroborar la existencia de una organización criminal de alcance transnacional que se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay hacia el país. La organización operaba en la provincia de Salta, y también tuvo actividad, entre 2020 y 2021, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito del gran Rosario.

Granier Ruiz fue detenido el 28 de marzo pasado por la Policía Rodoviaria Federal del vecino país, con intervención del 3° Juzgado Federal de Campo Grande, en la ciudad de Jaraguari, en el estado de Río Grande do Sul. Su detención se produjo en razón de un pedido de captura internacional, que motivó una “notificación roja” latente por parte de Interpol. 

Según se informó, por pedido de la PROCUNAR, el juez Bavio requirió el arresto de Granier Ruiz y la remisión de pruebas para incorporarlas a la investigación penal que se lleva adelante en Salta. También se solicitaron los reportes técnicos de los peritajes que se realizaron sobre los teléfonos secuestrados en poder del detenido. 

Tres personas ya condenadas 

Estas actuaciones se efectúan en el marco de la investigación del transporte de 389 kilos de cocaína, secuestradas en septiembre de 2020, cuando fue detenido en la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo, un convoy de camionetas que se desplazaba por la ruta 9 con rumbo a Buenos Aires, procedente de la provincia de Salta.

En aquel procedimiento, personal de Gendarmería Nacional detuvo para un control de rutina a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger, conducida por Rodrigo López, quien llevaba como acompañante a Rocío Estela. Se pudo determinar que el hombre y la mujer cumplían el rol de “coche puntero”, es decir, informar al conductor del vehículo que iba detrás si advertía controles.

Como la detención fue sorpresiva, en este caso no llegaron a dar la alerta a la conductora de otra camioneta Ford Ranger, que era conducida por Adelaida Castillo, y que llevaba una caja con 367 ladrillos de cocaína, cuyo peso ascendía a 389 kilos.

Estas tres personas ya fueron llevadas a juicio. En abril del año pasado el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a Castillo a 13 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de organizadora. Estela y López, por su parte, fueron condenada y condenado a 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado. La participación de Granier Ruiz quedó en evidencia por comunicaciones telefónicas que mantenía con Castillo, a través de líneas de Bolivia y Paraguay.

En el juicio se ventiló que el empresario se presentó como un transportista aéreo puesto al servicio de distintas organizaciones narcocriminales, tanto en Salta como en Rosario, Santa Fe, donde también es investigado por delitos vinculados al narcotráfico

En este mismo caso, Villalba, Iglesias y el fiscal general federal Carlos Amad requirieron en noviembre pasado la elevación a juicio parcial del proceso que se sigue contra Ignacio Quintana y Fabián Pelozo, acusados de ser quienes -bajo las directivas de Granier Ruiz- transportaron y entregaron los 389 kilogramos de cocaína secuestrados en poder de Castillo.

Quintana y Pelozo están acusados en calidad de coautores de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la cantidad de intervinientes, dado que la fiscalía considera acreditado que hicieron aportes concretos para la ejecución del plan criminal común. La acusación sostiene que Pelozo actuó como nexo local de la organización liderada por Granier Ruiz, con quien mantenía contacto directo y siguiendo sus instrucciones organizaba la entrega de la droga. En este sentido, la fiscalía recordó que aportó el predio rural en el que se acopió la cocaína que recibió Adelaida Castillo y le dio instrucciones a Quintana sobre cómo proceder para concretar esa entrega. Respecto a este último, la fiscalía sostuvo que cumplió con las directivas de Pelozo y, en ese rol, se encontró el 24 de septiembre del 2020 con Castillo y la guió hasta el punto de entrega de la droga.