El juicio imposible. O el juicio que nadie quiere. O el juicio que parte de una base tan sucia, que se prioriza esconder la suciedad bajo la alfombra. En Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal número 7 (TOF 7), está recibiendo los pedidos de lo que se llama la instrucción suplementaria, es decir los pedidos de prueba a realizar antes del juicio de la causa conocida como Cuadernos. Como es obvio, la primera pericia que se está pidiendo es la de los propios cuadernos, que ya está probado que tienen tachaduras, correcciones y, sobre todo, que los cuadernos claves parecen dictados. Doblando la apuesta, el empresario Armando Loson, que mandó a hacer una pericia privada que detectó las alteraciones, encargó ahora una nueva pericia a un estudio internacional: dicen que serán amplísima y demoledora. Un cálculo conservador indica que la instrucción suplementaria, incluyendo una pericia oficial de los cuadernos, tardaría unos dos años, o sea que el juicio no se haría ni en 2023 ni en 2024 y es bastante improbable que se haga en 2025. En total, los imputados son cerca de 100, la gran mayoría empresarios, incluyendo a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Por estos tiempos, la guerra la desató el diario La Nación contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi, porque es el que investiga las alteraciones fraudulentas que tienen los Cuadernos, incluso con aprobación de la Cámara Federal. Aún así, hay rumores de que la propia Cámara le podría sacar la investigación al juez porque está indagando demasiado en el trasfondo de los cuadernos.

Cuadernos sucios

El empresario Armando Loson fue el primero que mandó a hacer una pericia privada sobre los cuadernos. El TOF se negó a entregarle originales, de manera que hubo que hacerla sobre copias digitalizadas, el equivalente a fotocopias, en las que no se puede evaluar ni el papel ni la tinta, que son elementos decisivos en una pericia. El trabajo lo hizo el estudio Latour y los hermanos Guillermo y Gastón Latour declararon bajo juramento consignando 1600 irregularidades.

La razón por la que Loson mandó a hacer la pericia fue que él hizo tres aportes de dinero para campañas electorales, algo que repetía desde el regreso de la democracia, mientras que en los tres cuadernos en que figura su nombre, aparecen 11 entregas de dinero. La hipótesis del empresario y de su abogado, Carlos Vela, es que manipularon los cuadernos para agrandar la acusación y quedarse con las diez centrales térmicas de Loson -la empresa se llama Grupo Albanesi-, el mayor complejo privado del país. La maniobra se repitió con varios empresarios con el objetivo de quitarles obras ya adjudicadas o las empresas mismas.

Con la pericia privada, Loson hizo una denuncia y la causa recayó en Martínez de Giorgi. El magistrado ordenó una pericia oficial, de la Policía Federal, que corroboró todas las anomalías y, sobre todo, puso el acento en que los cuadernos relevantes, en los que se habla de dinero, podrían haber sido dictados. La deducción surge del análisis de la velocidad e inclinación de la escritura. La letra es del chofer Oscar Centeno, pero las tachaduras y cambios no. Por lo tanto, el juez le pidió a la Federal que verifique si las alteraciones fueron hechas por la exesposa de Centeno, Hilda Horowitz, o por Jorge Bacigalupo, exintegrante de la Policía Federal y amigo de Centeno, que -supuestamente- le entregó los cuadernos al periodista de La Nación, Diego Cabot. La pericia caligráfica oficial concluyó que las correcciones fraudulentas no fueron hechas por Horowitz y que no está claro si el autor fue Bacigalupo. Por lo tanto, Martínez de Giorgi, con el acuerdo del fiscal Gerardo Policita, ordenó el allanamiento de la vivienda de Bacigalupo para hacerse de pruebas indubitables de la escritura del amigo de Centeno y concluir la pericia.

Loson no da el brazo a torcer: ahora mandó a hacer una pericia internacional sobre los cuadernos. Los resultados -según dicen- prometen ser reveladores.

La Cámara Federal ya había opinado

El allanamiento y cualquier investigación sobre los cuadernos, produce ataques de furia en La Nación. Esta vez, el matutino estuvo acompañado por una de las fiscales más macristas de Comodoro Py, Fabiana León. En coro, diario y fiscal gritaron que Martínez de Giorgi se estaba metiendo en un terreno -el de la veracidad de los cuadernos- que sólo le compete al Tribunal 7.

Sin embargo, el juez Julián Ercolini, primero, y la Cámara Federal después, ya dijeron que la cuestión de las alteraciones fraudulentas de los cuadernos son “otro objeto procesal” y por lo tanto correspondía seguir adelante con la investigación. Apeló -¿cuándo no?- el procesado fiscal que fue protagonista de la causa Cuadernos, Carlos Stornelli, quien junto con el fallecido Claudio Bonadío se apropiaron de forma irregular del expediente, cuando debieron mandarlo a sorteo. A esa apelación contestó la Cámara Federal, con la firma de Leopoldo Bruglia, dándole la razón a Ercolini y Martínez de Giorgi: son dos causas separadas.

Tras el allanamiento a Bacigalupo, éste recusó a Martínez de Giorgi y ese incidente debe ser tratado por la Cámara Federal. Bacigalupo plantea que el juez no es competente, algo que la Cámara ya contestó, pero aún así, la presión del macrismo puede hacer que saquen al juez de la cancha.

Lo evidente, es que nadie quiere que se investiguen las maniobras que se hicieron con los cuadernos.

Pruebas elementales

En cada uno de los juicios, los magistrados le piden a las partes que propongan las pruebas que faltan hacer antes de empezar las audiencias. Hay que tomar en cuenta que en la causa Cuadernos y las cuatro derivadas de la causa madre hay unos cien imputados, cada uno con más de un abogado defensor. Todos contestaron el requerimiento del tribunal.

Como era de suponer, la prueba fundamental que todos proponen es que se haga la pericia de los cuadernos, algo que insólitamente el dúo Bonadío-Stornelli esquivó. La cuestión es asombrosa: el chofer Centeno dijo que quemó los cuadernos en una parrilla, pero resulta que aparecieron seis de los ocho. Pese a su evidente falso testimonio, Centeno está en libertad y, además, no se permitió el peritaje de los cuadernos. Lo hizo primero Loson, de manera privada, luego lo ordenó Martínez de Giorgi, pero sólo dónde aparecía Loson, y por eso falta un verdadero análisis, con peritos de parte designados por las defensas.

Pero a eso se suman decenas de otras pruebas propuestas por los abogados de los imputados. Según quienes siguen el caso a diario, esa instrucción suplementaria tardaría no menos de dos años. Eso impediría hacer el juicio en 2023-2024 y se concretaría, tal vez, en 2025.

Falta otro incidente. Casi todas las partes recusarán a Germán Castelli, que figura en el TOF 7. No da la impresión que puedan sostener a un magistrado que trasladó Macri y que la Corte ya dijo que el traslado fue ilegal. Sin embargo, cosas más irregulares se han visto en Comodoro Py.

Los contenedores

Hace dos semanas, el TOF 7 le mandó un oficio a la Corte señalándole que no tiene ni personal ni espacio para tratar el caso de los cuadernos. Según consignó el diario Clarín, fuera de Comodoro Py hay contenedores con documentación que se agrega a las 8.000 páginas que tiene el expediente. No hay lugar suficiente dentro del edificio de Retiro para guardar semejante volumen de papeles. Con una cuestión adicional: el TOF 7 es el único que no tiene sede en Comodoro Py sino en el palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli le advirtieron también a la Corte que tienen otros juicios pendientes, algunos de ellos muy extensos.

Una audiencia ¿imposible?

Por supuesto que la principal imputada es Cristina Kirchner, a la que -como siempre- se le adjudica ser la jefa de una asociación ilícita. Como en el caso Vialidad, no hay un solo testigo, ni siquiera los 31 arrepentidos, que la mencionen en algún hecho concreto. El punto con el que la vinculan a la causa es que Daniel Muñoz, quien fuera secretario en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, habría recibido dinero en el edificio de la calle Uruguay. El encargado declaró que ni Cristina ni Néstor volvieron al ahora famoso edificio entre 2003 y 2015, de manera que no hay evidencia contra CFK. Para colmo, a Muñoz se le encontraron cuentas y bienes no declarados en paraísos fiscales y en Estados Unidos, lo que hace pensar que armó su propia cadena de recaudación.

Más allá de Cristina, hay otros funcionarios imputados, pero la mayoría de los que se sentarían en el banquillo de los acusados son empresarios. Una de las causas derivadas que también entraría en el juicio es el capítulo que llaman Camarita, o sea Cámara de la Construcción. Los imputados son todos empresarios, incluyendo a Calcaterra, el primo de Macri.

Hay otra causa derivada, que tiene que ver con los peajes -va a tocar a las concesionarias y, obviamente, a las que tenían a Macri como socio-; los subsidios a las líneas de colectivos y, justamente, la parte referida a Daniel Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti. En principio, esos expedientes derivados deberían ser parte del mismo juicio, o sea que se necesitará un ámbito en el que estén sentados unos 100 imputados, más unos 200 abogados, la fiscalía y todos los demás protagonistas.

¿Será la política?

Algunos mencionan que el apuro vendrá del lado de la política, que el macrismo quiere ver nuevamente sentada y fotografiada a CFK como acusada. Es posible, pero desde ya que no darían los tiempos para las elecciones 2023. El propio tribunal está diciendo que tiene enormes dificultades para concretar un juicio de semejante envergadura.

Del otro lado, el juicio, así como está planteado, involucra a muchos empresarios y la prueba original, los cuadernos, está sospechada por todos lados. Serían también razones para no apretar el acelerador.

Y, finalmente, están los que creen que la situación actual es, desde la política macrista, la mejor. Mantienen a Cristina sospechada y quedaría así por bastante tiempo. No se arriesgan a años de audiencias en las que estarían en la picota unos pocos exfuncionarios del gobierno de CFK, pero en especial una larga serie de empresarios y negocios relacionados con el expresidente.