Organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ de la provincia repudiaron la candidatura del exintendente de El Bordo, Juan Rosario "Chicho" Mazzone, destituido en 2015 y condenado en 2017 por corrupción de menores. En estas elecciones generales pretende volver a ocupar la intendencia, y el Tribunal Electoral no solo admitió esta postulación, también rechazó dos impugnaciones.

"Consideramos de alto riego que este personaje asuma un cargo político, quedando en peligro nuestras niñeces y adolescentes violando los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado Argentina y viene participando en la implementación de la agenda 2030", manifestaron mediante un pronunciamiento público organizaciones de mujeres y disidencias en Salta. 

Consultada por Salta/12, la referenta de la organización Género y Masculinadades (Gema), Carmen Chuchuy, recalcó que la justicia electoral "dijo que puede ser candidato a pesar de que la provincia tiene una Ley de Ficha Limpia (...). Por eso hicimos este pronunciamiento con las organizaciones civiles de la provincia manifestando que nos parece algo terrible que se presente este personaje como candidato a intendente con el prontuario que tiene". 

La Ley 8.225, conocida como "de Ficha Limpia", establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia "mientras dure la condena" por delitos asociados a la corrupción y contra la integridad sexual y señala que el cumplimiento se tramitará por vía de impugnación ante el Tribunal Electoral. 

En ese marco, hubo dos impugnaciones contra la candidatura, presentadas por el abogado Guillermo Iván Aguirre Cabana, y por Magdalena Esperanza Rodríguez con el patrocinio letrado de Pablo del Pino. Ambas fueron rechazadas por el Tribunal Electoral, que hizo lugar a los planteos de la abogada Sandra Domene, en representación de Mazzone, y señaló que la ley no se aplica en este caso al tratarse de una condena cumplida.

"Las consideraciones efectuadas respecto a la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no pueden crearse requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza", concluyeron en su resolución la presidenta del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente Fabián Vittar y las vocales Sandra Bonari, María Isabel Romero Lorenzo y María Edith Rodríguez.  

"Patriarcado en su máxima expresión"

"En este momento coyuntural, donde la pedofilia está en la mira de la sociedad, que este varón se candidatee habla del patriarcado en su máxima expresión", manifestó la activista de la organización lésbica Arpías y firmante del pronunciamiento contra la candidatura de Mazzone, Johana Ramos. Analizó que esta situación "responde a la justicia patriarcal que avala cualquier tipo de sometimiento y cosificación a mujeres y disidencias". También apuntó a los partidos políticos que permiten este tipo de postulaciones, en este caso a la agrupación municipal que lo lleva como candidato.

La referenta de la organización de derechos humanos Coca Gallardo e integrante de la Asamblea Transfeminista de Salta, Marcela Gutiérrez, es también otra de las firmantes. "Vemos con preocupación que al Tribunal Electoral de la provincia de Salta no le resulta suficiente para impugnar la candidatura de una persona que haya sido condenada, nada más y nada menos, que por corrupción de menores y con pruebas que quedaron a la vista de toda la sociedad", dijo a Salta/12.

Gutiérrez señaló también el hecho de que la sociedad que en estos momentos se horroriza ante las acusaciones por pedofilia contra personajes de la farándula a nivel nacional, sin embargo, "no se horroriza cuando en las listas de Capital, de (General) Güemes, El Bordo, Campo Santo, y de muchos otros lugares que por ahí incluso ni siquiera nos hemos enterado, se presentan todos estos personajes nefastos, misóginos, que lo único que pueden hacer desde ahí es reproducir los mandatos patriarcales y que nos siguen matando y nos siguen condenando a las mujeres y a las disidencias a ocupar un lugar de ciudadanas de segunda categoría".

La militanta recalcó que están "en contra de las decisiones del Tribunal", y "también de los partidos que llevan a estos personajes en sus listas". "Creo que desde ahí tendría que partir la condena social de los mismos militantes y gente que acompaña en las listas a este tipo de personas", manifestó.

La abogada Stella Maris Molina, integrante de la red Las Macachas y de la organización Markani, dijo a Salta/12 que el pronunciamiento se hizo con el objetivo de que "la sociedad tome conciencia de los candidatos o de las personas que quieren administrar un municipio como El Bordo". Además, sostuvo que están conversando sobre este tema con otras organizaciones,  y se proponen investigar la normativa vigente y buscar jurisprudencia "para poder tomar algún tipo de acción". "Visto desde lo legal, lo ético, la democracia abierta, esto es una aberración", consideró.

"Es un insulto a las mujeres y las niñeces que este personaje pueda acceder a un cargo público. Lo que se está dejando ver es que claramente al gobierno provincial no le interesa tratar estos temas como las violencias de género, lo vemos por la impunidad con la que este personaje se candidatea", manifestó la abogada. También reprochó que otrxs candidatxs que "han puesto el género en sus agendas no han salido a repudiar esta candidatura".  

Tampoco se han pronunciado los organismos oficiales destinados a trabajar en las problemáticas de género del gobierno provincial, como el Polo de las Mujeres; el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres o la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. "Esperemos que puedan pronunciarse de manera categórica por esta candidatura", dijo Molina y también señaló que las organizaciones de base son las primeras "en estar observando, atentas" estas situaciones.

Asimismo, Molina destacó que mientras tanto las mujeres siguen afrontando obstáculos cuando se presentan como candidatas porque "las colocan en 3 o 4 término", y "son pocas las que encabezan las listas".

La referenta Estela Torres, de la Comunidad Lule, firmante del pronunciamiento, dijo que la postulación de Mazzone es "un retraso en los derechos de las víctimas y /o mujeres en situaciones vulnerables". "La justicia (electoral) le permite presentarse en estas elecciones como representante del pueblo. Sabemos que quizá no cambie esta situación pero no queremos callar ante esta permisividad de la justicia salteña", añadió.

Marcela Miranda, integrante de la organización Marea- Feminismo Popular, consideró "una irresponsabilidad, un riesgo y un peligro que la justicia autorice a postularse a una persona con condena por el delito de corrupción de menores, como también se debería sancionar al partido donde pretende candidatearse".

Otras organizaciones firmantes del pronunciamiento son: Trasad Salta, Madres Protectoras Salta, Frente de Géneros y Diversidades Corriente Nuestra Patria Salta, Fundación Khuyay, La fuerza de la mujeres, FEM Fundación Entre Mujeres, Las Bartolinas, Las Rojas- Nuevo MAS, la Asociación Mujeres Rurales Argentina Federal, Frente de Mujeres e Igualdad de Género, La Cámpora Salta, Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (FOMUPIO), Género Trueque y la Red de Mujeres de Anta.

La condena

Mazzone fue destituido de la intendencia de El Bordo en 2015, luego de que se mediatizaran fotos suyas con adolescentes semidesnudas en su propiedad. Ante esta situación se abrió una causa judicial. En 2017 fue condenado por corrupción de menores, a tres años de prisión de ejecución condicional. No le impusieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos como en otros casos cuando se juzga a políticos o funcionarios.

 La condena de primera instancia fue confirmada en 2019.