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Desde Santa Fe
La diputada peronista Matilde Bruera volvió a pedirle a la Cámara que apruebe la ley que crea una comisión investigadora de los “impulsores, partícipes y beneficiarios civiles” del genocidio. “Es una deuda que la Legislatura tiene con Santa Fe”, que -a juicio de la legisladora- debería saldarse antes de que se cumpla una década del primer proyecto que presentó su compañero del Partido Justicialista, José María Tessa, en mayo de 2014. La misma iniciativa fue impulsada luego por su colega del Frente Social y Popular Carlos del Frade. Tessa propuso “investigar y esclarecer la actuaciones de los actores económicos que promovieron o facilitaron los delitos lesa humanidad en la provincia”. Bruera amplió la mira: “investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la responsabilidad de los actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los crímenes de lesa humanidad en la provincia”. “Los tiriteros del terrorismo de estado que siguen impunes”, los llamó Del Frade.
Bruera insistió en la sanción ya en el cierre del último período ordinario. Pidió preferencia para que se tratara en las sesiones del 3 de noviembre y luego en la del 24 de noviembre, pero el expediente no llegó al recinto porque faltaba el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que manejan socialistas y radicales. “Es una contradicción” reivindicar las políticas de memoria, verdad y justicia y al mismo tiempo “no tratar la creación de la comisión investigadora” de los partícipes económicos de la dictadura, se lamentó.
El proyecto ya se presentó cinco veces en la Cámara de Diputados, en estos nueve años: Tessa en mayo de 2014, Del Frade en 2016 y en 2020 y Bruera también en 2020 y 2022. El de Tessa tuvo media sanción en noviembre de 2014, con 25 votos a favor y dos en contra de los radicales Julian Galdeano y Santiago Macheroni, pero caducó en el Senado en marzo de 2016, en la comisión de Derechos Humanos que presidía el senador Lisandro Enrico, hoy jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta.
En la semana de la memoria, Bruera insistió en solicitarle a la Cámara que apruebe el proyecto que presentó en febrero de 2022, hace un año. En el texto, la acompañaron con su firma el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera, sus compañeras Paola Bravo y Lucila De Ponti y sus pares del Frente Social y Popular: Del Frade y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Olivera ya era cofirmante del proyecto de Tessa en 2014, igual que sus colegas Luis Rubeo, Eduardo Toniolli (hoy diputado nacional), Gerardo Rico (líder del Movimiento Evita), Oscar Urruty (viceministro de Gobierno de la provincia) y las ex diputadas Patricia Gazcué y Alicia Gutiérrez.
“Pedí que se conforme una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, les dijo Bruera a sus colegas en el recinto. “Insistí que se trate el tema, que se le otorgue preferencia (para las sesiones del 3 y del 24 de noviembre de 2022), pero aún no se lo ha tratado. Esta es una deuda de la Legislatura y de la Cámara de Diputados con Santa Fe”.
“La ley no es mía”, recordó Bruera. “La presenté apenas asumí, pero es una ley que ya habían presentado los diputados José María Tessa (en 2014) y Carlos del Frade (en 2016 y 2020). Es una ley que tiene una trayectoria que merece ser aprobada”. Y volvió a marcar la contradicción entre los “discursos” y una ley que no avanza, que ni siquiera llega al recinto para el debate, como sucedió hace nueve años.
Del Frade coincidió: lo que falta investigar es la pata civil y económica del terrorismo de estado. “Los titiriteros del genocidio”, los llamó. “Los desaparecedores fueron las grandes cúpulas empresarias argentinas, que generaron la deuda externa, la concentración y extranjerización de las riquezas y que hoy manejan los medios de comunicación que destruyen la política como herramienta de transformación”. El 24 de marzo de 1976, eran los que “estaban detrás del golpe” y “hoy son los que están detrás de achicar la política y la democracia en beneficio de esos sectores económicos”.
La “matriz económica” del terrorismo de estado se presentó “acá en Santa Fe -recordó Del Frade- el 20 de marzo de 1975, cuando se invade Villa Constitución con 4.000 parapoliciales que convierten al Albergue de Solteros de Acindar en el primer centro clandestino de detención de personas y le pagaron 200 dólares a cada uno de estos asesinos. Uno de los que pagaba era el gerente general de la empresa, José Alfredo Martínez de Hoz, quien un año después como ministro de Economía de la dictadura autorizó un crédito de 600 millones de dólares para Acindar, que luego estatizó otro personero económico, Domingo Cavallo, junto con la deuda de 600 empresas privadas que terminamos pagando entre todos: la deuda externa”.
“Invirtieron en desaparecidos, deuda externa y desocupación. En 1991, Acindar despidió a 2.500 trabadores porque se oponían a una reducción de salarios. ¡Es impresionante! Son tres palabras: desaparecidos, deuda externa y desocupados. Y los responsables de esas tres palabras son los personeros del poder económico. Los que nunca aparecen en los grandes medios de comunicación porque ellos también se apropiaron de los medios. Entonces, hoy es más fácil escuchar el discurso destructivo contra la política para hacer una democracia y una sociedad obediente”.
“Los desaparecedores son los que hoy siguen rigiendo el destino de la Argentina”, advirtió Del Frade. “Por eso, se murió impune y en libertad (el empresario Carlos Pedro) Blaquier y Martínez de Hoz jamás respondió por los 68 desaparecidos de Villa Constitución”.
“Hay que hablar de los desaparecedores porque esos mismos intereses están presentes hoy en la vida cotidiana, en los proyectos políticos que escuchamos”, planteó.
