Tres veces R.Z. estuvo a punto de perder su casa por subasta judicial. Desde que entró hace siete años en una inmobiliaria céntrica y tomó un préstamo hipotecario en la urgencia de salvar un negocio familiar. Luego descubriría que su acreedora no era la inmobiliaria adonde iba a pagar cada cuota en dólares, sino una persona a la que nunca conoció ni le permitieron conocerla. Y así fue distinguiendo que había caído en manos de una organización cuyo fin no era cobrarse el préstamo sino ejecutar la hipoteca y luego comprar el inmueble en un remate y a precio básico. R.Z. es una de las decenas de personas que cayeron en la trampa por la que hoy la fiscal federal n°3 de Rosario, Adriana Saccone, abrió una investigación penal por el presunto delito de lavado de dinero, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Esta semana desfilarán por su escritorio 34 damnificados citados a declarar como testigos. Es la punta investigativa que el Ministerio Público de la Acusación, dirigido por Jorge Baclini, desestimó de tomar cuando los abogados de R.Z. acudieron a radicar denuncia, al menos por usura o intermediación financiera no autorizada. La fiscalía provincial no quiso abrir causa por ello, a pesar de las pruebas que indican que esta organización reiteró estas maniobras en numerosas ocasiones, y sembró de ejecuciones hipotecarias todos los juzgados del fuero civil y comercial de Rosario. R.Z. no puede pensar en el retiro aún, ni tampoco en la tranquilidad de saberse dueña definitiva de su hogar. La casa está declarada como bien litigioso, y la subasta ha sido suspendida por tercera vez, pero eso puede cambiar. Esas no son todas las secuelas que le dejó este calvario: en el medio desarrolló una cardiopatía severa y graves problemas al interior de su familia. Lo que sigue será su relato, detrás de esas iniciales que ocultan –a su pedido– su identidad.

Esta mujer, profesional de renombre en el ámbito de la salud, se encontró en 2016 en la urgencia de disponer de una fuerte suma de dinero y con premura para sostener una inversión familiar conducida por uno de sus hijos. Asumió que no calificaba como para que ningún banco le hubiera prestado tanto y tan rápido como lo requería. "Llegamos a la inmobiliaria Solares a través de un conocido. Era octubre de 2016. Vimos el aviso en el diario (La Capital). N., la dueña, vino a mi casa y la tasó. Hicimos la primera hipoteca con la escribana P.N., nos entregó el dinero, 40 mil dólares el monto nominal. Y empezamos a pagar todos los meses ahí en la inmobiliaria", contó R.Z. luego de que Rosario/12 publicara la existencia de esta organización en su edición del lunes pasado. La inmobiliaria aludida tiene sede en calle Italia al 1200. Allí la denunciante tomó un préstamo de 40 mil dólares, y en febrero de 2017 un segundo por 42 mil dólares. Como garantía, su vivienda céntrica, de 3 dormitorios, valuada en 220.000 dólares como piso. 

La transacción quedó asentada en un contrato de mutuo que luego le depararía sorpresas. "Yo pensaba que quien me prestaba era la inmobiliaria, no sabía que firmaría el mutuo a una persona desconocida, que nunca me dejaron conocer. Y en cuanto a la escritura hipotecaria, me dieron una copia distinta, con nombres sobreescritos, otro DNI, tachaduras sin salvar, una desprolijidad enorme que no era casual. Todo eso para que yo no pudiera individualizar a mi acreedora. Nos daban un recibo precario, de esos celestitos, y no siempre lo firmaba la misma persona. Anotaban en cuadernitos, todo en negro. Cada vez que iba pedía que me discriminara capital, intereses, cómo iba quedando la deuda, siempre me hacía números extravagantes y nunca una cifra clara", relató.  

Los problemas empezaron con una de las turbulencias del tipo de cambio. "Se me empezó a dificultar pagar las cuotas porque no podía conseguir dólares, tenía que ir a buscarlos al mercado negro, en el banco la Afip me había puesto un límite que no era suficiente, y a la inmobiliaria tenía que pagarle en dólar billete. Encima me enfermé gravemente, tuve que trabajar menos, y así arrastré dificultades para completar el monto de las cuotas", contó R.Z.

"A mis acreedoras nunca las conocí. Una trabaja en la API. Sospechamos que acaso hayan invertido en la inmobiliaria, en una mesa de dinero, y que le hayan usado el nombre. Todo esto nos causó una gran angustia y estrés al punto que a mí se me declaró una miocarditis. Siempre que proponían un arreglo era cada vez más desfavorable. En una de las veces que iban a rematarme, el precio base iba a ser de 110 mil dólares, la mitad de la valuación, o sea que iba a quedar sin casa y endeudada. Mi abogada me hizo ver que en realidad no querían arreglar, no querían cobrarse sino rematarme la casa", concluyó.

R.Z. rememoró aquellos días en los que la angustia se agigantaba: "Pedí una reunión con las acreedoras para renegociar, porque fui al abogado de ellos hasta con monedas de dólar para demostrar voluntad de pago. Y me negaban el contacto con las supuestas acreedoras con excusas. No hubo posibilidad de renegociar. Así terminamos en la Justicia. Seguimos con la catarata de desprolijidades, el juzgado hizo lugar al juicio hipotecario e hizo morigeración de intereses porque entonces advirtió usura pero avaló igual esta ilegalidad, y ya me hizo ruido".

Como en las otras ejecuciones descubiertas, la misma escribana, el mismo martillero, el mismo abogado que luego termina imponiendo su oferta en el remate. "En la primera vez que iban a rematarme la casa, el martillero llevó gente supuestamente interesada. Era evidente que era gente conocida suya, toda una puesta en escena para después simular una compulsa en el remate", observó la damnificada.

Los primeros dos intentos de remate los evitó a último momento con promesas de pago. En noviembre de 2022 sería la tercera intentona de subasta, pero entonces la abogada Micaela Domínguez interpuso la denuncia ante Procelac, que notificó a la Justicia Federal. La fiscal Saccone abrió una pesquisa y el juez Marcelo Bailaque interpuso una medida cautelar, que renovó el mes pasado, de manera que declara la vivienda en cuestión como bien litigioso. Por lo tanto, el remate fue suspendido otra vez.

"Es una situación muy dura –finalizó la protagonista y denunciante de esta pesadilla–, que sobrellevamos hace ya muchos años, siempre con una espada sobre el cuello sin saber para dónde saldrá, porque la Justicia tiene otros tiempos y otras interpretaciones distintas sobre lo que está bien y lo que está mal. En el medio pasó la pandemia, yo me expuse muchísimo, tuvimos pérdidas familiares. Estamos de pie porque yo soy batalladora y siempre buscamos ayuda profesional. Uno hace algo en la premura de solucionar algo y nunca pensamos que desembocaría de esta manera".

De negro a blanco

La abogada Micaela Domínguez sostiene que el objetivo de la maniobra completa era blanquear dinero negro, que empieza con el préstamo y termina con la ejecución hipotecaria y la compra del inmueble en el remate. "Son ellos mismos quienes adquieren la propiedad en remate y así terminan blanqueando el monto prestado originalmente y con una propiedad de millones de pesos. Es lavado en diferentes etapas: cuando introducen dinero en la inmobiliaria que no está declarado frente a Afip, y así darle una apariencia legal. Las acreencias hipotecarias tienen obligación fiscal de estar declaradas. Ese dinero, entonces, por lo menos viene de evasión tributaria. Ese dinero no declarado lo introducen en la inmobiliaria y lo prestan en otro circuito delictivo que es la intermediación financiera no autorizada, una actividad ilegal que promocionaban en los avisos. Además está el delito de falsedad ideológica de documento público, porque en las escrituras ponen que Fulano le presta plata a Mengano y es mentira porque no se conocen", señaló. 

El abogado Gerardo Bravo representa a R.Z. en el la causa penal que se tramita en el juzgado federal de Bailaque. En estos días solicitará algunas medidas para orientar la investigación. "Es preciso que la fiscal examine la cartera de ofertas de inmuebles en alquiler y en venta de la inmobiliaria Solares, y posibles vinculaciones con otras, quiénes son los dueños de esos inmuebles; considerar la intermediación financiera no autorizada como probada a partir del aviso clasificado: no puede ser que una inmobiliaria preste dinero, y acaso allí esté el delito precedente de lavado de dinero. Además, que se cite a declarar a las personas que figuran como acreedoras, porque tienen hipotecas por todos lados. ¿Invirtieron en la inmobiliaria, eran testaferros, le usaron el nombre?", inquirió el letrado.