El peronismo de la provincia de Buenos Aires ultima los preparativos para la marcha hacia la sede de la Corte Suprema, ubicada frente a plaza Lavalle, que tendrá lugar el próximo jueves 13, bajo la consigna “democracia o mafia judicial”. 

La convocatoria, que surge de la denominada “Mesa de Ensenada”, fue compartida en redes sociales por una gran cantidad de dirigentes políticos y sindicales e intendentes, entre ellos Andrés Larroque, Mario Secco, Pablo Zurro y Leopoldo Moreau.

La movilización es parte del proceso iniciado el pasado 11 de marzo, aniversario número cincuenta del triunfo electoral del Frejuli encabezado por Héctor Cámpora, en el “plenario de la militancia”, donde se decidió “romper la proscripción” hasta hacer posible una nueva candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

A lo largo de ese mes, se dio una discusión sobre la marcha del 24 de marzo: mientras un sector proponía marchar luego de la lectura del tradicional documento, de la Plaza de Mayo a Tribunales bajo esta misma consigna, otros reclamaban no utilizar la fecha con fines electorales. En la reunión donde surgió la iniciativa, también hubo cuestionamientos al fallo judicial que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación.

La fecha elegida coincide con el 13 de abril de 2016, cuando el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria por la causa dólar futuro y fue acompañada por una multitud, a pesar de la lluvia. Entonces, la actual vicepresidenta llamó por primera vez a formar un frente ciudadano. Un año más tarde, competiría en las legislativas por una banca en el Senado con ese sello, “Unidad Ciudadana” y perdería por escaso margen contra Esteban Bullrich.

El antecedente inmediato de esta marcha son las del 1F convocadas en 2022 y 2023 por un conjunto de organizaciones políticas y gremiales, entre ellos la CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Miles, La Red de Militantes Bonaerenses, la Organización La Molina, del Frente Nacional Territorial (FNT), Familias Diversas de Tucumán, la organización Putos Peronistas, del Frente Federal de lo Pueblos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, Derechos Humanos San Oscar Romero y el Movimiento Político, Social y Sindical Primero La Patria. Las caras visibles de esas convocatorias fueron el juez Juan Ramos Padilla y el vicepresidente mandato cumplido Amado Boudou.

Más recientemente, el padre Francisco "Paco" Olveira, integrante de los Curas en Opción por los Pobres, realizó un ayuno de siete días frente al Palacio de Tribunales, que concluyó con una misa y un acto que se realizará en Plaza Lavalle, bajo la misma consigna, "Democracia sin mafia judicial", al que se sumaron organizaciones políticas y sociales. Tras muchos años a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de la Isla Maciel, en 2018 Paco fue trasladado a la diócesis de Merlo y Moreno por el obispo Frassia, en el marco de tensiones políticas.

En simultáneo, avanza en la cámara de Diputados el juicio político a la Corte Suprema. Esta semana será el turno de declarar de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, respecto del fallo de 2x1 firmado por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto con la exjueza Elena Highton de Nolasco, con el objetivo de beneficiar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

La oposición se negó a sesionar y mantuvo paralizado el congreso durante los últimos tres meses, para expresar su rechazo al juicio político y su solidaridad con los ministros de la Corte Suprema, aun cuando las escuchas revelaron, entre otras cosas, su manifiesta parcialidad en la disputa entre ciudad y nación por los fondos coparticipables que Macri cedió por decreto con la excusa de solventar el mantenimiento de la policía.