“La crisis es habitacional y es anterior y más profunda que los problemas que quieren achacarle a la Ley de alquileres” sostiene el abogado Maximiliano Vittar, del Movimiento Nacional de Inquilinos, con sede de Córdoba. “Lo que se disputa hoy con los ataques a esta ley es quién decide cómo se alquila: si el Estado o el mercado” añade Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. El lugar del Estado, como garante del derecho a la vivienda, es puesto a prueba. Mientras, las inmobiliarias comienzan a funcionar con prácticas que tienden, cada vez más, a salirse de la ley.   

Siempre que una ley afecta intereses dominantes, la dinámica de mercado se las ingenia para menospreciarla, sostienen los referentes que conocen el pulso del sector. Y ante la incertidumbre y la falta de perspectivas claras, “el mercado también aprovecha para incumplir la ley”, denuncia Muñoz. “Cuando se dice que la ley no funciona se quiere ocultar el rol del Estado en controlar su cumplimiento”, detalla. Y explica que “más allá del beneficio que trajo a los inquilinos, esta ley abrió la posibilidad a una nueva etapa, donde el Estado recupera el control sobre lo que sucede en el tema alquileres”.

Desde la sanción de la Ley 27.551 “una parte del sector inmobiliario, junto a los medios de comunicación concentrados -–advierte Vittar--, instalaron en la sociedad que la ley fracasaría y traería perjuicios para todos”. La falta de propiedades en alquiler, y el alto valor de los precios iniciales “son un problema real”, admite el abogado. Pero esto sucede “sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, y al menos desde la segunda mitad del 2018”, macrismo mediante, afirma.

Hoy “casi la mitad de CABA es inquilina”, aporta Muñoz. Y recupera datos censales que determinan que mientras en CABA, en 2000, había un 20 por ciento de inquilinos, esto en 2020 se duplicó. En este contexto surge “la permanente avanzada sobre la ley, y hay que preguntarse si lo que sucede no es que hoy el modelo de especulación que construye viviendas solo como reservas dolarizadas --las "casa vacías", lo son--, no siente una amenaza en una ley que viene a regular la renta de alquileres”, evalúa el dirigente de Inquilinos Agrupados.

Para Vittar, “los males que se le achacan a la actual legislación son en realidad resultado de una economía inflacionaria, y de una crisis anterior a la sanción de la ley a la que se pretende culpar por esto”. La forma de indexación encubierta que se daba antes de esa sanción sostenía “hasta un 20 por ciento de aumento semestral, con una inflación anual menor al 25”, por lo que la actualización estaba por encima de la inflación, explica.

El lugar del Estado

Hoy, la actualización debe ser anual y el índice lo fija el Estado. “Una clave de esta ley es que permitió que el Estado definiera el ritmo de aumento del alquiler durante la vigencia del contrato”, se explaya Muñoz. Y recuerda que “antes de la dictadura, o sea de 1943 a 1976, los gobiernos autorizaban el aumento de alquiler por decreto”. Pero desde el ‘76 y hasta esta ley, quien decidía el precio era el mercado. Muñoz refiere a 1977 “cuando Martínez de Hoz libera los alquileres y aparece la cotización en dólares”.

En los ‘80 esto “toma todo el mercado”. Y el valor del metro cuadrado para compra inicia su carrera ascendente. Si su valor en el ’77, en CABA, fue 400 dólares; en el 91, fue 900. En 2004, 1.000. En 2015, 2.300 dólares, y en 2020: 2.800 dólares el metro cuadrado. 

El mercado “hoy define el precio inicial del alquiler, pero los aumentos en los 3 años del contrato los decide el Estado por un índice oficial, promedio entre inflación y salarios”, detalla Muñoz. “Y es importante destacar que la 27.551 no está derogada ni suspendida --señala Vittar--, y que, conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país, mientras una ley está vigente, debe ser cumplida”, refuerza.

Reclaman que a más de 2 años de sancionada esta ley “no haya un organismo de control, ni lugar dónde denunciar incumplimientos, que son muchos y cotidianos”. En estas agrupaciones “es normal encontrarnos con inmobiliarias que piden requisitos, proponen plazos y plantean actualizaciones fuera de la ley --reseña Vittar--, y nadie controla ni sanciona esas prácticas, que son las que determina el mercado ya que es quién realmente controla el acceso a la vivienda desconociendo las leyes vigentes”.

Muñoz es taxativo al afirmar: “Es una pantalla poner todo el tiempo en cuestión la ley, cuando lo que hay que discutir es qué modelo nos damos, para que el Estado intervenga de manera fuerte y decidida. O si queremos que la vivienda siga siendo un sueño, en manos del mercado inmobiliario”. La ley actual “puede no ser suficiente --concede Vittar--, o eficiente en algunos puntos”, y su modificación fue discutida. “Pero reformar una ley no es lo mismo que suspenderla o derogarla”, insiste. “Eso implicarían un desamparo total de las personas que dependemos de los alquileres --concluye--, y eso no puede catalogarse más que como abandono del Estado frente a un derecho que, como consagra el artículo 14 bis de nuestra Constitución, debe garantizarse”.