En Salta y Jujuy, los más pequeños en la escala de establecimientos agropecuarios producen gran parte de las frutas y hortalizas que se comercializan en mercados concentradores de las dos capitales provinciales, también en Perico (Jujuy). Abastecen además a los Almacenes UTT (de la Unión de Trabajadores de la Tierra), principalmente los ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Pese a la centralidad de los alimentos frescos en la mesa de los argentinos y argentinas, sus productores no gozan de ventajas suficientes o asistencia financiera contracíclica por parte de los Estados nacional o provinciales. Deben adquirir insumos productivos, negociar arriendos, y calcular sus transacciones comerciales según la cotización de la divisa norteamericana en el mercado paralelo.
En ese contexto ¿complicó aún más la situación los efectos del último ciclo de tres años de La Niña? “El calor fue excesivo. No contamos con agua suficiente para regar”, describió Alicia Vega, delegada de UTT en Jujuy y productora de hortalizas en la localidad jujeña de Fraile Pintado. “Regamos con mochilas, planta por planta, pero igual muchos plantines se secaron. Otros que aguantaron, se emponchaban de noche”, detalló a Salta/12, aludiendo en su relato al efecto que provocó (y aún persiste) en los plantines la falta de agua asociada a la baja humedad ambiental y el calor agobiante.
El martes pasado (4 de abril) las lluvias fueron anómalas en la región y un fuerte temporal tuvo epicentro en Caimancito, en el departamento Ledesma, en Jujuy. “Fraile Pintado, Yuto, Chalicán, entre otras, fueron las principales zonas afectadas”, informó la referente por redes sociales de la UTT. “Desbordaron canales, arroyos y ríos, llevándose con la corriente, el suelo y las plantas de las quintas de nuestros pequeños productores (…); había tomates, berenjenas, pimientos, pepinos y porotos (…), quedamos en riesgo de desaparecer por falta de apoyo estatal”, declaró la referente Alicia Vega. “El modelo extractivista impacta fuertemente a quienes producen alimentos”, por el costo de las semillas, abonos, químicos, material para riego, alquiler de la parcela de tierra y electricidad: todos ítems atados a la cotización del dólar blue en Jujuy al momento de cancelar deudas. Antes del temporal, entrevistada por este medio, calculó que un cajón de tomate (cosecha 2023) debería oscilar entre 7.000 y 8.000 pesos para recuperar lo invertido.
“El año pasado, después de atravesar una fuerte helada, arrancó la sequía. No hubo lloviznas suaves y persistentes en setiembre (de 2022). Antes sabía pegar la helada (temperaturas bajo cero entre los meses de junio y agosto) y después llovía. Nos costó mucho recuperar las plantas, como la banana, porque cambió el clima en la zona. Recién ahora estamos cosechando algunos cachos. Con suerte, tendremos producción hasta mayo o julio”. Quien relató sus dificultades como pequeño productor del fruto tropical fue Darío Moreno, referente de UTT en el departamento Orán.
El sector de productores que representa Moreno dentro de la Unión de Trabajadores de la Tierra se distribuyen por el área de influencia de los ríos Pescado y Blanco, viajando por la ruta nacional 50 hacia el norte del departamento salteño de Orán. Al agua la bombean de pozos precarios, que no alcanzaron (ni alcanzan hoy) para abastecer, por meses y de manera sostenida, a todos los productores de hortalizas o frutales distribuidos en esa zona de yunga. Sin lluvias regulares, quedó a la vista lo precario del modelo de producción de alimentos que excluye a buena parte de los millones que conforman la mesa de los argentinos Y argentinas.
“Muchos de nosotros cavamos pozos en nuestras parcelas, entre ocho a diez metros de profundidad. Sin embargo, la sequía fue tan grande que hasta las napas bajaron”, continuó Moreno. Al igual que otros pequeños productores de Salta y Jujuy, el referente de la UTT de Orán reclamó inversión estatal. Quieren mejorar la utilización del recurso y buscan apoyo financiero para explorar y excavar pozos con máquinas. “Algunos compañeros tienen que buscar el agua kilómetros río arriba. Creemos que una solución es mejorar nuestros sistemas de riego, con pozos más profundos y financiamiento blando para comprar cañerías y bombas”, planteó el referente.
La situación no es diferente en Salta, entre pequeños productores de cebolla del valle de Siancas. Ellos se encuentran en parajes próximos a la ciudad de General Güemes, no muy lejos de Salta capital. “Nosotros casi no tenemos producción por la escasez de agua”, contó María López, referente de la UTT de Güemes. “En un momento sacamos residuos de agua del Parque Industrial. Pero como a veces tiene contaminantes, perdimos la producción. Dependemos de la lluvia”, se lamentó. “Las últimas fueron tardías y aprovechamos para sembrar zapallito, maíz, y todo lo que pueda salir durante estos meses”.
Ese colectivo de pequeños productores está integrado por alrededor de 60 familias. La mitad de ellas cultivan en los parajes Torzalito, San Antonio y El Algarrobal, todos dentro del departamento salteño de General Güemes. La otra mitad de las familias producen sobre un predio de 30 hectáreas ubicado al sur del ejido urbano de la ciudad de General Güemes, cabecera departamental. Se trata de un catastro municipal vecino al Parque Industrial y la Cárcel Federal, denominado “ex Aero Club”.
“Nosotros pedimos al gobierno una tenencia precaria de esa tierra, para poder gestionar luz y pozos de agua segura”, explicó la referente. Todavía esperan una solución de parte del municipio de General Güemes. “Los pozos ya fueron gestionados, pero no firman la autorización. Quedamos a la deriva por la falta de lluvias”, dijo. “La empresa minera Posco, tiene una reunión pendiente con nosotros, porque nos dijeron que quieren hacernos los pozos de agua”, mencionó luego la referente refiriéndose a la empresa surcoreana que construye una planta para baterías de litio dentro del Parque Industrial de General Güemes.
Kilómetros al norte de General Güemes, por la ruta nacional 9 y en la Quebrada de Humahuaca, los campesinos y comunidades originarias también atraviesan dificultades por la sequía prolongada que provocó La Niña. “Pudimos mantener los cultivos por un pequeño arroyo que no bajó su caudal. Sin embargo, el resto de los pequeños productores de Humahuaca no tuvieron esa suerte y perdieron buena parte de sus cosechas”. El testimonio lo dio Daniel Argamonte, referente de la Red Puna y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) en Jujuy. “Tuvimos heladas a fines de noviembre y en enero. Frenaron el crecimiento de las plantas. Por eso estamos cosechando poca papa y algo de maíz, aunque después del Carnaval. Creemos que es parte del cambio climático. Lo mismo ocurrió con la producción de miel. Este año bajó mucho la calidad por la falta de floración”, detalló.
“Del gobierno de Jujuy no esperamos nada”, aseveró luego, cuando este medio le consultó por el apoyo estatal que reciben como pequeños productores. “La Secretaría de Agricultura Familiar de Nación quedó diezmada durante el gobierno de (Mauricio) Macri, y no se recuperó durante la actual gestión. Nos dicen que no hay vehículos y no pueden llegar a territorio”, agregó. “Si bien hay líneas de financiamiento, la burocracia del macrismo no fue desmantelada. Hay que ser hacker para conseguir financiamiento”.
Javier Méndez, otro referente del MNCI-ST en Jujuy, detalló que en la Puna la sequía afectó los rodeos de animales y el problema se profundiza hace tres años. “Nosotros intentamos intervenir para que los productores no conviertan sus animales en carne, pero es difícil. Sólo resguardan las hembras”, se lamentó. “Las políticas del Estado no son buenas”, continuó, “los resultados que se observan son aislados. El gobierno provincial tiene otros objetivos”, agregó después, en alusión a la administración de Gerardo Morales. “No le interesa la producción de ganado, ni la producción agrícola de los pequeños productores. Va detrás de la minería del litio. No hay políticas masivas para los pequeños productores ganaderos, aunque en Jujuy superen ampliamente los tres mil”.
La Niña y los modelos agroalimentarios
Bases Federadas (desprendimiento de Federación Agraria Argentina) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), se sumaron recientemente al Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE). Son las organizaciones que conforman la Mesa Agroalimentaria Argentina. Reclaman, hace tiempo, que la producción alimentaria nacional resuelva un derecho básico: el acceso a alimentos sanos, saludables y a precios accesibles.
“Los alimentos no pueden ser mercancía”, dijo a Salta/12 Natalia Marini, integrante de la coordinación del MNCI-ST. “El Estado tiene un rol fundamental que cumplir: puede facilitar nuevas políticas o mirar para otro lado”, aseveró. “Cuando tuvimos la posibilidad de sentarnos a discutir en la Mesa de Enlace, todo debate o propuesta pasó por el dólar. No se habla de las leyes que proponemos”, dijo durante otro tramo de la entrevista, en alusión a los cinco proyectos de ley que presentaron al Congreso Nacional en 2022. Son la ley de acceso a la tierra; la ley de arrendamientos rurales; la ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar; la ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias, y la ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición ecológica. “Pensamos en la mesa de los argentinos desde un modelo que preserve el ambiente, el agua y los territorios”.
Para Marini, la Mesa Agroalimentaria plantea “una forma de desconcentrar y quitarle poder a las corporaciones que nos dicen qué, cómo y dónde comer, y dónde comprar y consumir los alimentos, a un costo carísimo que deja sin capacidad de alimentarse a una porción muy grande de argentinos ¿Hasta cuándo la población va a aguantar este precio altísimo de los alimentos?”, lanzó. “Perdimos la oportunidad preciosa de nacionalizar la empresa Vicentín, para intervenir (en el mercado interno), para conocer, aprender y salvar a los productores”, recordó.
“La problemática fundamental de los medianos y pequeños productores es la falta de políticas públicas. No existe un proyecto alimentario inclusivo”, aseveró Silvio Antinori, vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE). “A raíz de la sequía, por primera vez el ministro de Economía (Sergio Massa) convocó a un representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Lo valoramos y creemos que es el camino”, dijo. “El problema es que si la concentración sigue, los pequeños y medianos productores van a desaparecer, y el campo que alimenta va a quedar en manos de capitales financieros. La Mesa de Enlace no representa a todo el campo. No buscamos sustituirla”, aclaró, “somos la pata que falta”.
FECOFE tiene dos cooperativas en Salta. Una de ellas, “Agrosar”, se encuentra en Apolinario Saravia (Anta). “La sequía, directamente, no les permitió sembrar. No tuvieron producción este año. El desastre fue total”, contó Antinori. “Ahora encaran la siembra 2023 que, por el exceso de agua producto de las lluvias tardías, atrasa la siembra de cebolla, tomate, y melón”. Otra cooperativa es “Amanecer”, uubicadaen Rosario de la Frontera. “Habían sembrado ají, tabaco, maíz, poroto, y algo de soja en 2022, pero perdieron entre el 60 y 70 por ciento de la producción cooperativa debido a la sequía. Algunos de los productores también perdieron ganado”, prosiguió el vicepresidente de FECOFE. “Tuvieron que malvender sus animales debido a la falta de forraje. Hay ausencia del gobierno nacional y provincial”.
Silvio Antinori opinó que la medida más urgente es el financiamiento a los productores de todas las escalas productivas. También, la “suspensión de anticipos de impuestos a las ganancias, suspensión de juicios de ejecución fiscal, suspensión de embargos de cuentas corrientes, asistencia a quienes tuvieron que vender de manera forzada animales por la sequía, fondos rotatorios para las cooperativas y tasas subsidiadas”. Sin embargo, esas medidas, consensuadas con Economía de Nación, no se encuentran operativas. “Hay que asistir a los productores por fuera del sistema de la banca privada. Sin el Estado, va a ser muy complicado salir de esta situación”, vaticinó. “El dólar agro es más de lo mismo. La medida es mala, una medida parche”, cerró. “Es netamente recaudatoria y tiene consecuencias: perjudica a los chicos y medianos, mientras favorece a los exportadores y grandes concentradores del país”.
Informes de servicios meteorológicos de Argentina y Estados Unidos aseguraron el mes pasado que La Niña llegó a su fin. El fenómeno climático provocó anomalías meteorológicas sobre el noroeste argentino en particular y todo el continente en general. Se produjo por el enfriamiento a gran escala en la superficie del Océano Pacífico a la altura del paralelo cero o Ecuador. Fue la primera vez en el presente siglo que se prolongó por tres inviernos boreales. Comenzó en setiembre de 2020.
