La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió este lunes “intervenir judicialmente” la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), por haber “estructurado un sistema de ingresos y egresos” destinado a “financiar” acciones de “proselitismo político” a través de “seminarios, almuerzos y/o aportes”.
En este marco, el director de entidades civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, explicó que en 2019 el IEES realizó un cambio de objeto social orientado casi específicamente al estudio de la seguridad, el crimen y el cibercimen.
"Pero los ingresos de la asociación civil distan de estar vinculados al objeto social, porque en 2019 el instituto tuvo un ingreso por 741 pesos y el 2022 termina con 90 millones", afirmó en diálogo con AM750.
"Este crecimiento exponencial se experimenta por la realización de unos supuestos seminarios y coincide con las noticias que relacionan a Patricia Bullrich y los cobros a empresarios de almuerzos que eran fondos para su campaña y esos ingresos los realizaba a través del instituto", agregó.
"A través de la investigación y la información entregada por el instituto se deja ver que los que tomaron esos seminarios transfieren el dinero y le ponen como referencia 'almuerzo, cena' y no como capacitación", dijo.
"Hay una disociación entre el objeto social de la asociación civil y cómo recaudaron esos fondos: hace menos de dos años hubo un acta de comisión directiva presidida por Patricia Bullrich que dice que habría que recaudar fondos porque no tenían para pagar los gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler) del instituto y 15 meses después recaudan 90 millones con una actividad casi empresaria donde venden seminarios con una temática sin especificar", señaló.
"Además están los ingresos por donaciones de empresas de sectores vinculados al agro, a los tractorazos o a personas vinculadas con discursos de odio", expresó.
"La sumatoria de indicios nos lleva a pensar que se está utilizando la figura de una persona jurídica que está autorizada por el Estado para cumplir con un objeto social determinado que en este caso es el estudio de la seguridad, el crimen y el cibercrimen pero en realidad se está utilizando para juntar dinero para la campaña de Bullrich", concluyó.
