Desde Santa Fe

El diputado nacional Eduardo Toniolli solicitará a la Fiscalía de Estado el acceso al expediente donde dos estudios jurídicos: uno del juez de la Corte Suprema de la Nación Carlos Rosenkrantz y otro del ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra –contratados en forma directa por el ex gobernador Hermes Binner en 2008- reclaman honorarios por 18.000 millones de pesos por patrocinar a Santa Fe en el juicio por la coparticipación contra el Estado nacional. “Queremos saber el resultado de este entuerto”, dijo el legislador. “Cuál es el monto de los honorarios porque algunos informes periodísticos ya lo actualizan a 25.000 millones de pesos y cómo se va a pagar”. La provincia cobró la deuda histórica de 151.000 millones de pesos en bonos, entonces, nos gustaría saber cómo se van a pagar estos honorarios” a Rosenkrantz, Gil Lavedra y a los socios de ambos.

El domingo, Página 12 informó que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación pidió copia digital y certificada del incidente, donde Rosenkrantz solicitó a la Corte la regulación de los honorarios cuando él ya integraba el tribunal. Lo hizo “por su propio derecho” en un escrito que presentó el 20 de octubre de 2017 con el patrocinio de su socio Gabriel Bouzat, que plantea también el “derecho” de Gil Lavedra y de su socia y ex esposa María Cristina Romero Acuña, entre otros abogados.

“Es importante que el gobierno provincial informe sobre este tema”, dijo Toniolli a LT9. “Tengo entendido que el expediente lo tiene la Fiscalía de Estado. Entonces, vamos a pedir en los próximos días" copia de los documentos a través de una “solicitud de acceso a la información pública porque nos interesa saber cuál es el resultado de este entuerto”, explicó.

Toniolli dijo que Rosenkrantz ya se excusó en el juicio de Santa Fe contra el Estado nacional -en el que representó a la provincia-, por lo que entiende que en la regulación de honorarios hará lo mismo. Pero reclamó que también se excusen en el asunto sus tres pares: el presidente de Corte Horacio Rosatti y los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. “Nadie en sus sano juicio puede pensar que los colegas de Rosenkrantz en la Corte no serán influidos por esta relación a la hora de definir un beneficio para este señor”.

-La regulación de honorarios que pidieron en octubre de 2017 era por 18.000 millones de pesos. ¿Hay una actualización de ese monto? –le preguntó un colega de LT9.

-Algunos informes periodísticos hablan de 25.000 millones, supongo que es una actualización. Pero sean 18.000 millones o 25.000 millones no es un monto menor para un juicio de estas características. La provincia percibió 151.000 millones, hablamos de cerca del 20% si fueran 25.000 millones. Entonces, ¿cómo se va a pagar ese 20%? La a provincia cobra la deuda en bonos, entonces, nos gustaría saber cómo se van a pagar esos honorarios –planteó Toniolli.

A fines de marzo, el gobierno de Perotti canceló parte de un préstamo en el exterior que contrató el ex gobernador Miguel Lifschitz en 2016. El pago era por 26.500 millones de pesos. Tres veces y media el programa del Boleto Educativo Gratuito; ocho veces lo previsto en Caminos de la Ruralidad y dos veces el presupuesto del Plan Incluir que financia obras de infraestructura en municipios y comunas de toda la provincia, según estimaron fuentes de la Casa Gris.

El 26 de noviembre de 2015, cuando era diputado provincial, Toniolli pidió informes al gobierno de Antonio Bonfatti sobre los “honorarios a pagar” a Rosenkrantz y Gil Lavedra. El proyecto se aprobó sobre tablas el mismo día. Lo firmaban también la ex diputada Mariana Robustelli y su colega Oscar Urruty, actual secretario de Gobierno de la provincia.

“Es obvio que el gobierno de Binner contrató estos dos estudios jurídicos por su poder de lobby porque el trabajo operativo lo podía haber hecho, y lo hizo Fiscalía de Estado”, dijo Toniolli. “Lo que contrató en ese momento Binner fue el poder de lobby” y además lo hizo “en forma directa sin licitación pública, por eso el cuestionamiento”.

“Esto es una cuestión ética. Pero también jurídica. Hay un uso de dineros públicos que requerían de un proceso de licitación, pero se eligieron a dedo” estos estudios jurídicos y en el caso de Gil Lavedra, “tenía relación política y de parentesco con ex un funcionario alto rango en el Ministerio de Justicia, que era su cuñado”.

“Hablamos de una contratación directa, a dedo. No es algo menor. ¿Para qué existen los procesos licitatorios? Precisamente, para despejar cualquier duda de algún negocio espúreo, donde se contrata un estudio para tareas que debía realizar la Fiscalía de Estado y evitar las sospechas del ‘vamos y vamos’, como se suele decir. Precisamente para eso existen los procesos licitatorios”, concluyó Toniolli.