Desde Córdoba

“Como pasó con la casa de la Imprenta, nuestra quinta deberá ser señalizada como sitio de memoria”, dijo Silvio Viotti, farmacéutico de 61 años, hijo del dueño original de la Quinta de Guiñazú, Silvio Octavio Viotti, quien fue secuestrado, torturado y obligado por los genocidas de la última dictadura a firmar documentos para apropiarse de su propiedad. En el lugar, usurpado entre 1977 y 1980, funcionó un centro clandestino de detención y el juicio por los crímenes cometidos allí concluirá este martes. “Más allá de las condenas que reciban ahora los acusados –explica a Página/12 el querellante–, queremos que en un futuro próximo allí se inaugure un pequeño museo de la Memoria y un emprendimiento comunitario de plantación de frutas y verduras, como mi familia (y el matrimonio Mojilner-Gavaldá) tenía antes de que la dictadura nos secuestrara" (el 5 de septiembre de 1977, en lo que se llamó el "Operativo Escoba" contra el Partido Comunista Marxista Leninista).

Este martes a partir del mediodía, tendrán derecho a sus “últimas palabras” antes del veredicto los represores Ernesto “Nabo” Barreiro, de 75 años; Carlos Enrique “El Principito” Villanueva, de 73; y Carlos Alberto “HB” Díaz, de 80, imputados por el secuestro, las torturas y la muerte de Rubén Palazzesi, y los secuestros y tormentos agravados de Jaime García Vieyra y Teobaldo Nilveo Cavigliaso, todos del Peronismo de Base y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El Tribunal Oral Federal 2, que preside Julián Falcucci, se tomará luego dos horas antes de dar la sentencia.

Hace pocos días, los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella pidieron 24 años de prisión para cada uno, condena que se sumaría a las penas a prisión perpetua que recibieron en el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera, el 25 de agosto de 2016. La querella liderada por Claudio Orosz, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó prisión perpetua para todos.

Como los nazis…

La defensora de oficio Natalia Bazán pidió la absolución para los acusados basándose en la llegada de la patota de la ESMA a la Quinta de Guiñazú para torturar y matar a Rubén “Pocho” Palazzesi, desligando a sus defendidos de ese crimen; y solicitó que, en caso de darse una pena, el tribunal contemple “el plazo razonable de subsistencia de los plazos de acción penal”: alegó que “están siendo juzgados desde 2008”; y que “cualquier pena por la edad que tienen los imputados, todos de más de 70 años, se convierte en perpetua”. Nada dijo del beneficio de prisión domiciliaria del que gozan sus tres defendidos, quienes siguen las audiencias desde sus casas a través de la pantalla de sus computadoras, pese a que dos de ellos están en plena ciudad de Córdoba, a pocos kilómetros del Juzgado Federal al cual no comparecieron en persona alegando diversos problemas de salud. En el caso de Barreiro vive en el barrio de La Recoleta desde julio de 2019 cuando le otorgaron “la guardia” a su esposa Ana Maggi, compañera de militancia de Cecilia Pando.

En ese punto el fiscal, Carlos Gonella tuvo derecho a réplica y recordó los casos de “Erich Priebke, que fue un jerarca nazi que participó de la masacre de las Fosas Ardeatinas (en Roma) donde mataron a más de 350 ciudadanos italianos. Fue encontrado en la Argentina 50 años después de los hechos, extraditado a Italia y condenado a prisión perpetua. Josef Schultz, guardia del campo de concentración de Sachsenhausen (al norte de Berlín, el primero que construyó el régimen de Hitler) por donde pasaron 3 mil víctimas del Holocausto, fue juzgado en octubre del 2021 en Alemania, 80 años después de los hechos. Y –continuó– Rudolf Hess, el ex jerarca que murió solo en la prisión de Spandau en 1989, 50 años después de los hechos. ¿Qué quiero decir, señores jueces? Que la comunidad jurídica internacional organizada de Estados, a partir de 1945, cuando nacen las Naciones Unidas, repudia los crímenes contra la humanidad, y le estampan la consecuencia más grave que es la imprescriptibilidad. Esto es, la facultad que tiene el Estado para perseguirlos sin límite de tiempo. No es una cuestión lineal de transcurso de tiempo. No aplica la jurisprudencia de la Corte, porque el estándar de la Corte dice que tiene que haber desidia estatal durante en un prolongado lapso de tiempo como uno de sus parámetros; y otro de los parámetros es que los acusados no hayan contribuido a esa pérdida de tiempo. Barreiro fue responsable de los levantamientos (de Semana Santa) de 1987 que iniciaron en Córdoba, que amenazaban la estabilidad institucional y democrática hacía poco tiempo alcanzada, y que motivó que el gobierno de Alfonsín dictara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por temor, por la amenaza sobre la institucionalidad Argentina. Eso llevó 20 años hasta que la Corte Suprema, a través del presidente anuló esas leyes. Por lo cual, 20 años hay que tributárselos a Barreiro. Analicemos lo que ha pasado desde 2008 hasta ahora, no ha habido baches en la Justicia, y la fiscalía lo ha tenido en cuenta como atenuante de la pena”.

La extensión del daño

En una jornada previa a la de los alegatos, hubo tres testimonios vía Zoom que completaron el relato de la destrucción provocada por el terrorismo de Estado en la vida de las víctimas que sobrevivieron, Jaime García Vieyra y Teobaldo Nilveo Cavigliaso (quien murió en el 2020) y del que mataron en constante, salvaje tortura del 12 al 22 de agosto de 1979, Rubén "Pocho" Palazzesi, según lo que se probó en juicio. 

Sus familiares detallaron con la precisión que otorga el dolor que no se olvida, lo padecido en esos años de espanto. El cuñado de Palazzesi, Howard George Saadé, describió aún horrorizado que no pudo reconocer el cadáver incinerado y mutilado de Rubén cuando fue a buscarlo a Campo de Mayo: "A mi suegro, el padre de Rubén no lo dejaron entrar. Me lo mostraron a mí. Estaba en una mesa de cemento grande... estaba sin pies ni manos, y un riñón puesto arriba del cuerpo". Si bien el juez militar que lo atendió y les entregó el cadáver les dijo que la causa de la muerte había sido "un paro cardiorrespiratorio", el cuerpo había sido carbonizado dentro de un auto que estalló por una bomba en un viaje desde Córdoba a Buenos Aires. Los represores y sus jefes informaron de un (falso) intento de fuga, en el que se dio vuelta y el auto se incendió".

También Consuelo Orellano de Ardetti y su hijo Marcelo Ardetti dieron testimonio por el secuestro y desaparición en la ESMA de Enrique Ardetti (compañero de militancia de Palazzesi), secuestrado el 6 de agosto de 1979 en Florencio Varela. Ambos reconocieron por sus apodos y luego por las fotos del sobreviviente Víctor Basterra, a los represores Héctor Febres, alias "Gordo Daniel", "Selva" y "Orlando"; a Ricardo Cavallo, alias "Sérpico" o "Marcelo"; Adolfo Donda, alias "Palito" o "Jerónimo", y a Fernando Enrique Peyón, todos de ese campo de tortura, desaparición y robo de bebés.