Desde hace ya más de una década, Alejandro Linares investiga rigurosamente -sin romanticismo ni ingenuidad, pero sin tampoco nihilismo ni derrotismo- sobre las emisoras estatales y sus chances de jugar un papel central en un sistema de medios y una sociedad que necesitan escuchar voces más diversas y, al mismo tiempo, construir consensos comunes. En su último libro “Medios públicos en Argentina. Políticas, democracia y comunicación (2003-2019)”, no por considerar la misión normativa de estas radios y televisoras, deja de tener en cuenta las condiciones en que se desarrollan, y viceversa: no por ser pragmático, pierde de vista ese norte. Así, desde los primeros párrafos sitúa con acierto a los medios públicos en un sistema mediático hiper-concentrado y como actores en las disputas políticas por el tipo de sociedad en la que queremos vivir.

De lectura amena, este libro aborda aspectos poco debatidos de los medios públicos, como su modo de financiamiento, su equipamiento tecnológico, su infraestructura, su forma de gobierno y el alcance de sus señales. Lo hace en tres períodos históricos: el de las gestiones de gobierno kirchneristas -consideradas en dos etapas: antes y después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, y del gobierno de Cambiemos. Por lo tanto, sitúa a las emisoras del Estado nacional en procesos socio-políticos específicos e identifica el rol que asumen en cada uno de ellos. Se detiene especialmente en los medios públicos educativos y digitales creados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que se destacaron por la calidad de sus producciones, su público específico, sus objetivos educativos y su entorno multiformato y multiplataforma. Finalmente, piensa a estas emisoras frente a la digitalización y la convergencia.

La discusión pública sobre el rol de los medios estatales, en cambio, suele limitarse a su gubernamentalización o no. Linares no esquiva este tópico y toma posición: “Es imposible pensar a la actividad periodística, de producción cultural y de programación audiovisual, subjetiva y situada por naturaleza, como un hacer incontaminado o aséptico. De tal forma, no tiene sentido reclamar neutralidad u objetividad en sus producciones, pero las exigencias de profesionalismo, responsabilidad y diversidad de miradas constituyen el punto de partida básico para sus gerentes, programadores y periodistas”.

Su perspectiva es la del derecho a la comunicación y la democratización de estos medios como parte de procesos de democratización cultural. Entiende a la democratización como la progresiva ampliación de la participación social en la comunicación pública, “un proceso constante de incorporación de grupos sociales al debate público”. Desde ese enfoque, el Estado debe jugar un papel central en sociedades, como la nuestra, que están marcadas por profundas desigualdades en las capacidades expresivas de los diversos sectores sociales.

El autor también plantea recomendaciones que asumen la complejidad del problema. Aboga por la ampliación digital y por construir su distinción en un entorno convergente con numerosas ofertas y con operadores transnacionales muy poderosos. Sostiene que la existencia multiformato y multiplataforma requiere actualización tecnológica continua, experimentación estética y narrativa, e inversiones constantes con un proyecto claro de largo plazo. Propone diversas vías de financiación alternativas a la comercial que le permitan superar el rol testimonial. Para eso, asegura que se requiere un consenso político sobre el rol que estos medios deben cumplir. Considera necesario también un marco regulatorio claro que exprese ese consenso y afirma que la Ley Audiovisual es una buena base para pensarlo. También propone cambios organizativos, laborales y de relación con la comunidad, con “el terreno”, para que los medios públicos constituyan un espacio privilegiado para el debate, el pluralismo y el federalismo. Además, expone la necesidad de una reforma democratizadora de las políticas de comunicación, de modo tal que aseguren un entorno propicio para los medios públicos: “Para no convertirse en los justicieros solitarios de las vacancias de diversidad y pluralismo, los medios públicos deben estar complementados con políticas para todo el sector comunicacional, si de estas últimas se espera la democratización de las comunicaciones y de las sociedades”.

El autor es formoseño, estudió en Buenos Aires, trabajó ahí y en La Pampa antes de volver a Formosa, lo que le permite tener una mirada federal y enfocada en las desigualdades, entre ellas, las expresivas. Está formado en y es trabajador de universidades públicas y del sistema de ciencia y técnica nacional, lo que seguramente afinó su preocupación por lo público, y su comprensión del rol del Estado para subsanar aquellas inequidades. También es militante e investigador de medios comunitarios, la otra pata de la comunicación no lucrativa, el tercer actor de un sistema mediático. Desde ese lugar de enunciación, Alejandro piensa en los medios públicos y sus modos de ampliar la democratización y la participación ciudadana.

* Profesora de la UNC e investigadora de CONICET