La reforma a la Ley Minera de México avanza con el visto bueno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la actual legislación sobre minería vigente desde 1992 “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos indígenas”, afirmó el director del INPI, Adelfo Regino Montes.
Los cambios más importantes planteados por el gobierno de López Obrador son: concurso público obligatorio para otorgar concesiones mineras, consulta previa a los pueblos originarios, multas y penas de prisión para las empresas mineras que no protejan la seguridad física de sus trabajadores, reducir las concesiones de 100 a 15 años (con posibilidad de prorrogar por 15 años más).
Además, las empresas tienen que garantizar acciones para preservar y restaurar el medioambiente y deberán contar con un informe de posibles daños al ecosistema. Además, prohíbe las concesiones en áreas protegidas o en zonas donde hay escasez de agua.
Reforma a la ley de minería
El pasado 28 de marzo López Obrador envió a la cámara de Diputados el proyecto que reforma la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales heredada de la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994).Desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de México apoyaron la reforma propuesta por el mandatario mexicano. “Tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia", precisó el director del INPI, Adelfo Montes.
Para Montes, las concesiones mineras otorgadas en el pasado estaban “en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Por eso considera que la reforma “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales”.
Según Montes, la importancia de la reforma es que establece los cimientos institucionales “para hacer justicia a los pueblos indígenas de México”.
Durante el Gobierno de López Obrador, el territorio concesionado a mineras ha disminuido del 10,64 % hasta el 8,59 % del país, lo que implica cerca de 24.000 concesiones, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
¿Qué dice el proyecto de reforma a la ley de minería?
Algunos de los cambios del proyecto de reforma presentado por López Obrador son:1. La prohibición para otorgar concesiones mineras en áreas donde no hay agua disponible, áreas naturales protegidas o en zonas donde ponga en riesgo a la población local.
2. Reduce el plazo de las concesiones de 100 a 15 años y con la posibilidad de prorroga por otros 15 años, siempre y cuando la empresa concesionaria cumpla con sus obligaciones sociales y fiscales, cita el diario La Jornada de México.
3. Las empresas deberán participar en un concurso público donde tienen que garantizar acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, así como la prevención y control de la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
4. La reforma propuesta por el gobierno de López Obrador también establece que los empresarios y propietarios de las empresas mineras que no velen por la seguridad física de sus trabajadores enfrentarán penas de cinco a 10 años de cárcel y también multas.
5. Otro punto importante es que las concesiones pueden ser canceladas en caso de no contar con un informe sobre posibles daños o riesgos al ecosistema.
Según datos del gobierno, actualmente 1.671 concesiones mineras están dentro de 70 áreas protegidas donde abarcan 1.5 millones de hectáreas.
Los estados mexicanos con mayor presencia de minería terrestre en áreas naturales son: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. Mientras que en los estados de Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca hay 14 concesiones para minería submarina, consigna el diario La Jornada.
De las 23.441 concesiones mineras en vigor, 17.045 están concentradas en estados con una importante escasez de agua como Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa.
