Jefes militares del batallón Dragones de Gualeguaychú fueron detenidos este martes en el marco de una causa que investiga la Justicia Federal por abusos sexuales contra mujeres del escuadrón de exploraciones. Se trata de un suboficial -acusado de cometer los abusos- y del jefe del Regimiento, quién está señalado por encubrimiento y destrucción de pruebas.
El mayor Juan Facundo Candioti cayó preso durante una allanamiento en su vivienda particular en Entre Ríos. Por su parte, el suboficial Víctor Hugo Mercado -afectado al Regimiento de Gualeguaychú hasta noviembre del 2021- fue detenido por Gendarmería en el regimiento de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Otro suboficial está procesado y detenido desde el año pasado por una causa similar.
Tres mujeres de entre 21 y 24 años fueron quienes denunciaron los maltratos y el abuso sexual. Además, alertaron que recibieron amenazas para que evitar que radiquen las denuncias correspondientes.
La causa recayó en la fiscalía Federal de Gualeguaychú. La investigación está a cargo del fiscal federal Pedro Rebollo y el juez que interviene en la causa es Hernán VIri, quienes esperan indagar a los detenidos en las próximas horas.
¿Cuándo prescribe un delito sexual?
El Código Penal de la Nación dice que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado. Este plazo, en materia de menores y desde la sanción de la Ley Piazza en 2011, dejó de contarse desde el momento del hecho y comenzó a computar desde que la víctima cumpliera los 18 años.
Luego, en 2015, con la aprobación de la Ley 27.206 conocida como "Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas", se avanzó hacia que el plazo comience a transcurrir desde el momento en que la víctima decidiera efectuar la denuncia.
Si bien estas reformas representaron importantes avances en la legislación argentina, hay interpretaciones cruzadas acerca de qué sucede en el ámbito judicial con aquellos que fueron víctimas previo a 2011 y 2015. "Hay jueces que aplican las nuevas normas a todos los casos, pero hay otros que solo las aplican a hechos posteriores a su sanción, algo que muchas veces produce el sobreseimiento del acusado por prescripción, que no tiene nada que ver con un estado de inocencia", indicó el abogado Juan Pablo Gallego, apoderado del Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (Casacidn) y consultor de Unicef.
