Bajo las consignas ¡La corrupción mata! y ¡Basta de impunidad!, este miércoles desde las 10.30, la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta Curi --la joven que murió ahogada durante una fiesta clandestina en Melchor Romero, en 2016-- realizará una radio abierta frente a la fiscalía de La Plata, ubicada en la calle 7 entre 56 y 57. Durante el encuentro, exigirán el apartamiento de la fiscal, Graciela Rivero, a quien habían denunciado por "incumplimiento de sus funciones" y por su "clara parcialidad a favor de los imputados", entre ellos, un funcionario municipal de Cambiemos. Tras siete años, familiares, amistades y organizaciones continúan esperando el juicio que determine las responsabilidades por la muerte de Emilia.

"Esperamos la designación del juicio oral y público para que se resuelva lo vinculado a la muerte de Emilia. Al día de hoy, todavía no hubo juicio ni hay fecha", contó el representante de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez Antinao. Si bien el debate iba a iniciar el 25 de octubre de 2022, los planteos de la defensa de los acusados lograron suspenderlo.

Los imputados son el dueño de la casaquinta, Carlos Bellone; los organizadores de la fiesta, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure y el hombre que consiguió las bebidas alcohólicas, Raúl García. Los cuatro serán juzgados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual y desobediencia".

Hay un quinto imputado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", el excomisario Daniel Piqué, a quien el intendente de La Plata, Julio Garro, había designado como secretario de Seguridad.

El abogado de la familia remarcó en diálogo con Página/12 que "entre todos crearon un escenario propicio para la muerte y siguieron adelante, a pesar de la prohibición expresa del evento realizado con fines de lucro".

El 1 de enero de 2016, Emilia Uscamayta Curi (26) murió ahogada en una pileta de una casaquinta donde se realizaba una fiesta privada, situada en la calle 520 entre 159 y 160, en las afueras de la capital bonaerense. El evento, que había sido difundido en las redes sociales como "La Frontera, el límite lo ponés vos", no contaba con guardavidas ni personal médico, y el lugar no tenía habilitación municipal para funcionar.