Las expresiones de la periodista Laura Di Marco y la animadora Viviana Canosa en el canal La Nación+ (LN+) sobre la salud de la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siguen cosechando rechazos. Tras el repudio inicial de dirigentes políticos y gremiales, al que siguieron duras críticas de especialistas en salud mental y una denuncia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se sumaron el Comité de Expertas sobre Violencia contras las Mujeres de la OEA y hasta la ONG Fopea. Por su parte, Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, informó que hoy podría conocerse el dictamen de su equipo jurídico y adelantó que “hay expresiones que constituyen violencia simbólica y mediática” y también “violencia política”, que apunta a obstaculizar la participación de las mujeres en la arena política.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) de la OEA repudió los “comentarios estigmatizantes” de Di Marco y Canosa en un programa de LN+, en el que aludieron a una supuesta “anorexia nerviosa galopante” de Florencia Kirchner y a la presunta responsabilidad de su madre, la ex presidenta CFK.
Las afirmaciones emitidas en el canal que conduce Julio Saguier “alimentan los discursos de odio y constituyen violencia contra las mujeres”, expresó a través de Twitter el Comité de Expertas. “Según la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política: son actos de violencia aquellas acciones que amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias”, advirtió el Comité. “Dichos comentarios que desprecian la condición de las mujeres van en contra de la Convención de Belém do Pará que protege el derecho de toda mujer a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia”, destacó.
El Comité de Expertas recordó además que, según esta Convención establecida en Brasil en 1994, los Estados se comprometieron a adoptar medidas para “alentar a medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”.
El denominado Foro de Periodismo Argentino (Fopea), por su parte, rechazó las “expresiones e imágenes” sobre la salud de Florencia Kirchner difundidas la semana pasada por Di Marco y Canosa, a quienes no mencionó en su comunicado. “Consideramos que la difusión de expresiones e imágenes referidas a la salud de la hija de la Vicepresidenta de la Nación en un programa de televisión emitido en LN+ no se condice con nuestros principios”, publicó en sus redes sociales la ONG, de insospechada animosidad hacia el aparato de medios hegemónico.
“Nuestro Código de Ética es claro en afirmar que ‘los periodistas deben respetar la privacidad y la intimidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la privacidad o la intimidad de un particular, puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de una persona”, explicó la ONG al invocar un artículo de su “Código de Ética”, que recomienda en tal caso tratar la información “con la máxima discreción y respeto posibles, evitando publicar detalles o singularidades que no sean sustanciales para la comprensión general y profunda de la noticia”.
Fopea pidió además a políticos, medios y periodistas tener “mesura y ética en el debate”, con el objetivo de “ayudar a fortalecer las instituciones” en un contexto de año electoral. “Ratificamos que es en estas circunstancias cuando los periodistas debemos ser más estrictos en el cumplimiento de las normas éticas de nuestra profesión”, apuntó, y advirtió sobre “una creciente tendencia de amenazas de judicialización de la tarea periodística” que a su entender apunta a “la intimidación para silenciar” a todo el “colectivo de colegas”.
La Defensoría del Público, mientras tanto, avanza en el estudio del caso. “Nuestro equipo de asuntos jurídicos y protección de derechos está analizando el material para emitir un dictamen que, muy probablemente, esté listo para mañana (léase hoy)”, señaló su titular, Miriam Lewin, en declaraciones a radio Provincia. La periodista adelantó que “hay expresiones que constituyen violencia simbólica y mediática y esto se refiere a la ley 26.485 de Protección Integral de la Violencia contra las Mujeres, pero también se refiere a la violencia política”, en el sentido de “menoscabar, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer”.
Lewin destacó que la intervención de la Defensoría “no sólo se refiere a los derechos de las personas involucradas directamente, sino también a los derechos de las audiencias”. “Puede tratarse de un mensaje disciplinador para las mujeres que quieren participar en política. Apunta a decir que esto es lo que le puede ocurrir en la salud a los hijos e hijas de las mujeres que, como la Vicepresidenta, dedican sus esfuerzos y su vida a la política”, observó. Desde el punto de vista de la salud mental, la defensora recordó que “una persona no puede diagnosticar a distancia, más allá de su preparación”, ni “utilizarlo para revictimizar y provocar padecimientos a una joven”.
“Cuando emitimos nuestra nota, que incluye un análisis semiótico de la pieza en su totalidad y las conclusiones de nuestro equipo jurídico, nos dirigimos no a las periodistas sino a la señal LN+ y a la producción del programa”, remarcó. Lewin aseguró que “la Defensoría tiene voluntad de diálogo, de conseguir una reparación y generar una rectificación”. “Además tenemos instrumentos de capacitación, de manera que instamos a tender puentes en este caso, entre las partes afectadas y la señal. En general tenemos buena predisposición por parte de las señales”, aseguró.
