El informe final de la titular del Servicio Público de la Defensa Penal provincial, Jaquelina Balangione, fue contundente: las cárceles santafesinas tienen una superpoblación de tres mil personas. El 75 por ciento por primeros delitos. En tanto, desde 2012 la población carcelaria se multiplicó por tres y casi no hay políticas de parte de los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo para las personas detenidas. De ellas, más del 90 por ciento no completaron los ciclos educativos obligatorios. Al mismo tiempo, entre 2020 y 2022 se produjeron 92 muertes de personas detenidas por responsabilidades penitenciarias. Los datos los desgranó por redes sociales el diputado provincial Carlos del Frade, uno de los diecisiete diputados y diputadas que fue a escuchar a la funcionaria saliente. No hubo ningún senador.