El proceso de selección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal entra en su instancia final a partir de esta mañana. Los postulantes que eligió el gobernador Omar Perotti concurrirán a las entrevistas con diputados y senadores que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos. Y el jueves a las 13 se definirá la suerte de cada uno cuando la Asamblea Legislativa ponga a consideración la docena de pliegos de fiscal y defensor generales, fiscales y defensores regionales y el auditor del MPA. En paralelo, la oposición corregirá a discreción el proyecto de ley de emergencia en seguridad que mandó el Ejecutivo y llegó desde la Cámara baja con media sanción del Senado. Radicales, socialistas, el PRO y el resto de los bloques aliados extenderán el plazo de vigencia e introducirán controles sobre la ejecución de los recursos y un fondo para el Organismo de Investigaciones del MPA.

Siete meses atrás, el proceso de selección de autoridades comenzó accidentado y con pronósticos oscuros. Primero renunció buena parte de los jurados evaluadores, entre ellos los de mayor renombre. Luego el gobernador debió separar al secretario de Justicia Gabriel Somaglia. A pesar de los cuestionamientos y sospechas, el gobierno consiguió encarrilar el proceso hasta llegar a la instancia definitiva, que es la validación de la Legislatura de los nombres elegidos por el gobernador. Eso ocurrirá entre hoy y mañana.

Entre las 9 y las 12 de este miércoles, en un raid sin respiro, pasarán por la Comisión de Acuerdos María Cecilia Vranicich, postulada a fiscal general; Jorge Nessier para fiscal regional de Santa Fe; María Eugenia Iribarren para fiscal regional de Rosario; Rubén Martínez para la fiscalía de Reconquista; Matías Merlo para Venado Tuerto, y Orlando Toniolo para Rafaela. También responderá preguntas de los miembros de la comisión Leandro Mai como futuro auditor general del MPA. Tras el paso de los fiscales será el turno de Estrella Moreno Robinson, postulada para Defensora General; Gonzalo Armas para la Defensoría Regional Rosario; Jorge Miró para defensora en Santa Fe; María Lapissonde en Reconquista; Carlos María Flores Zanella en Rafaela.

Un detalle no menor es que no se registró ninguna presentación en el periodo de objeciones que habilita la Legislatura para que particulares se expresen sobre los nombres propuestos. El plazo venció el lunes.

Los únicos nombres sobre los que se escuchó algún reparo en el ámbito legislativo son los de Gonzalo Armas como defensor regional en Rosario y Orlando Toniolo como fiscal regional en Rafaela. Según fuentes de la oposición, será clave el desenvolvimiento de ambos en la entrevista personal de este miércoles con los legisladores.

En el caso de Armas, radicales y socialistas ponen el acento en el vínculo con el exministro de Seguridad Marcelo Sain, pero se trata de un funcionario judicial sin manchas y competente.

Con Toniolo ponen el foco en su rauda trayectoria, de trabajar para la Policía, pasó a ser defensor en la regional Reconquista y ahora está a un paso de convertirse en fiscal regional de Rafaela. La oposición ve detrás de esos saltos en lugares muy diferentes y con cortos periodos entre uno y otro, la mano del perottismo.

Más allá de esas objeciones todo indica que, con más o menos apoyos, los seleccionados por el gobernador Perotti podrán asumir en sus cargos el próximo 20 de abril.

A diferencia de los pliegos de autoridades superiores para el MPA y el Servicio Público de la Defensa, la ley de emergencia en seguridad viene con mal pronóstico para el oficialismo. La Cámara de Diputados, donde manda holgadamente la oposición, introducirá cambios de fondo a la media sanción que mandó el Senado.

Mientras el proyecto del Ejecutivo le puso como fecha de vencimiento el 31 de diciembre próximo, la mayoría oficialista en el Senado le agregó la chance de una prórroga hasta mediados de 2024. Por el contrario rechazó otros cambios, como un fondo específico para el Organismo de Investigaciones, que depende del MPA, medidas de control y otro para inyectar dinero de forma directa a los municipios y comunas con afectación exclusiva a seguridad.

Fuentes de la Casa Gris dijeron a Rosario/12 que están dispuestos a negociar, pero ponen el acento en lo que consideran excesos por parte de la oposición. "La autoridad de aplicación de la ley de emergencia es una sola. Y el Organismo de Investigaciones depende del MPA que es otro poder. Si ellos quieren darle fondos que hagan una ley aparte", retrucan. En las bancadas de la oposición recuerdan que la emergencia que venció en diciembre pasado contemplaba fondos para el OI y que éste rindió cuentas en tiempo y forma de las inversiones que financió con esas partidas.

El que se refirió en las últimas horas al tema fue el gobernador Omar Perotti (ver aparte): "Todos opinan de la difícil situación en seguridad que vive Rosario, que es un problema estructural y de la magnitud que tiene. No hay que dar más ejemplos de los que viven y han vivido los rosarinas y rosarinos en todos estos años. No hay que explicar mucho. No habría que discutir mucho. La gente entiende que se necesitan más recursos, más apoyo, más acuerdo político y soluciones, lo más rápido posible. Es lo que acordaron los diputados nacionales por Santa Fe en el Congreso. Bueno, entonces, menos discursos y más sintonía con la gente".

De todos modos en el oficialismo son pesimistas en cuanto a que finalmente haya ley de emergencia. Calculan que cuando el proyecto empiece a viajar entre diputados y senadores, en la Cámara baja la oposición puede reunir los dos tercios que el peronismo en el Senado no puede empardar. Si bien la última palabra la tendrán allí, los números no le alcanzan por un voto.

Por otra parte, en la Casa Gris empiezan a hacer otros cálculos. Por ejemplo que ya pasaron cuatro meses del año y que en este tramo de la gestión algunos mecanismos específicos que admite la ley de administración financiera ayudan a resolver cuestiones urgentes.