En el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Marta Liliana Snopek, comenzó el miércoles último al juicio seguido a Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, empleados de la Unidad Salta del PAMI, y a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de una empresa de logística y servicios audiovisuales.

El fiscal federal Ricardo Toranzos sostuvo en la apertura del debate que, a lo largo del juicio, probará que los empleados públicos incurrieron en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautores, y que demostrará que Villagrán Di Prieto fue partícipe necesario en el primero de estos delitos.

El caso se inició a partir de una denuncia anónima en la que se implicó a los tres ahora acusados. El fiscal explicó que la maniobra fue dilucidada a partir de tareas de campo e inteligencia criminal que se llevaron adelante desde el área a su cargo.

Toranzos refirió que Palacios y Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios que eran pagados por el PAMI. Por cada contratación se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta. Los servicios eran requeridos para actividades que el PAMI llevaba adelante, como, por ejemplo, el festejo de 50 años del organismo en distintos centros de jubilados.

El fiscal añadió que además del secuestro de documentación y de la intervención de teléfonos que permitieron conocer las maniobras, se verificó la existencia de las empresas que concursaban en las contrataciones que presentaban irregularidades. Siempre eran los mismos oferentes y que la tasación más baja era la presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto.

Sostuvo también que se pudo verificar que las presentaciones de las otras empresas eran falsas, ya que sus propietarios negaron haber participado de esas licitaciones. Y además se constató que los domicilios comerciales presentados tampoco existían, entre otras anormalidades.

“Todo va a ser demostrado durante el desarrollo del debate, con la declaración de los testigos y pruebas documentales que se van a exhibir”, aseguró el fiscal, quien de esta manera ratificó la acusación contra los tres imputados.

Las defensas, por su parte, rechazaron la acusación. Después, los tres acusados se negaron a declarar por el momento. 

Enseguida, la fiscalía convocó a sus primeros testigos, la mayoría de ellos efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes llevaron adelante las tareas de inteligencia criminal y de campo, y participaron en los allanamientos realizados, uno de ellos en las oficinas del PAMI.

Los investigadores confirmaron la existencia de la denuncia anónima como puntapié de la investigación, durante cuyo transcurso se intervinieron líneas telefónicas a través de las cuales se identificó a los tres hombres que están siendo juzgados ahora, quienes mantuvieron varias conversaciones referidas a las contrataciones.

Los testigos policías explicaron que les llamaron la atención los diálogos entre Palacios y Villagrán Di Prieto, quien tenía como pareja a una familiar del empleado. En sus comunicaciones, el empresario recibía instrucciones del funcionario del PAMI respecto de cómo debía confeccionar las facturas y le advertía las fechas en que debía presentarlas.

Los testigos también refirieron diálogos entre Palacios y Coronel. Precisaron que este último había mencionado que estuvo “renegando” con Palacios porque pasó mal un presupuesto, para luego reconocer que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.

Ese audio fue difundido durante la audiencia. La defensa aseveró que internamente en el PAMI el término “cometa” es muy común y que se refiere al pago de viáticos.

Otro de los investigadores se refirió a la sospecha de que Palacios se desprendió de su teléfono al ser advertido desde adentro del PAMI sobre el allanamiento que se llevaba adelante, y que tenía como fin el secuestro de elementos de interés para el caso.

Explicó que Palacios, al responder sobre su teléfono, primero dijo que lo había dejado en su casa, pero luego indicó que se lo había olvidado en su vehículo, para indicar por último que lo había perdido. Sin embargo, se constató que tres minutos antes de llegar a su oficina había mantenido un contacto telefónico. Por eso se requirió una requisa personal, que fue autorizada por el juez interviniente, pero el dispositivo no fue hallado.