A pedido de la fiscala penal María Celeste García Pisacic, la Procuración General de la Provincia puso a disposición un equipo de investigadores de distintas áreas, con el propósito de que colaboren con la investigación y localización de un hombre imputado por abuso sexual en perjuicio de su propia hija, cuando la nena tenía apenas ocho años de edad. 

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que esta decisión se tomó "en atención a las exigencias del actual estado procesal de la causa y por la vigencia de la orden de detención que obliga al imputado a estar a derecho". Ahora la fiscala pidió la captura nacional e internacional del hombre, luego de que la justicia salteña tuviera un andar zigzagueante, con órdenes en un sentido y en otro, que facilitó que el sospechoso se profugara. Los y las operadoras del sistema judicial provincial se encaminaron a tratar de detenerlo recién luego de que un grupo de personas se movilizara en el pequeño pueblo de Apolinario Saravia, escenario de los hechos que se investigan. 

El Ministerio Público Fiscal recordó ayer que en el marco de la investigación llevada a cabo por la fiscalía penal de Joaquín V. González se imputó a este hombre, al que solo se identifica con sus iniciales, CRM, en resguardo de la identidad de la niña víctima, como probable autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia". 

La fiscalía sostiene que el hombre abusó sexualmente de su hija cuando tenía apenas ocho años, y que incluso habría incurrido en tocamientos durante su infancia y adolescencia. Como agravante se consideró el vínculo de parentesco y el hecho de que se aprovechó de la convivencia para comenter estos delitos. 

La propia niña narro estos hechos al declarar en circuito cerrado de televisión, además de que se incorporaron otras pruebas que confirman este relato. 

La fiscala García Pisacic solicitó la detención del hombre el pasado 27 de enero, lo que fue efectivamente dispuesto por el juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán, que libró la orden de detención el 30 de enero, aunque no pudo cumplirse.

Pero después, el abogado Matías Adet, que asiste al acusado, logró que el 28 de marzo la Sala 1 del Tribunal de Impugnación declarara la nulidad de esa orden de detención. El 31 de marzo la fiscala reiteró el pedido de detención “en razón de las características y gravedad del hecho imputado tratándose de un posible abuso sexual infantil en el ámbito Intrafamiliar, que amerita ser abordado como medida urgente para preservar los derechos fundamentales de la niña víctima”. Además, agregó que existe una situación objetiva de riesgo de fuga y que en la situación actual se impone la protección de la víctima no solo de asegurar el resultado del proceso, sino también para proteger su integridad psicofísica.

El juez Guzmán estuvo nuevamente de acuerdo con la fiscala y dictó una nueva orden de detención facultando esta vez a las fuerzas policiales a llevar a cabo la medida tanto dentro como fuera de la jurisdicción provincial, y en caso de ser necesario el mandato judicial se extiende al ámbito nacional e internacional. Con este fin, la orden de detención se envió para que fuera incorporada al Sistema Federal Los Más Buscados, programa que funciona en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia como así también en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

En el marco de un convenio entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los y las fiscales pueden remitir los datos de prófugos de la Justicia que tengan pedidos de captura por delitos graves paraque integren la lista de “Los más buscados” en una página de acceso público dependiente del Registro Nacional de Reincidencia.

La fiscalía informó que no descarta la ampliación de imputación a otras personas, porque se sospecha que CRM contó con ayuda para evadir su situación procesal.

Ayer la Procuración General de la Provincia recibió a familiares de la adolescente víctima. Según se detalló, además de escucharlos, se les informó sobre el trámite de la causa y las medias dispuestas.

El Ministerio Público Fiscal destacó que, "conforme a las obligaciones internacionales del Estado Argentino, el concurso del delito informado requiere tanto en su investigación como su juzgamiento, aplicar una mirada que responda a la perspectiva de género" y los estándares de debida diligencia exigidos por los organismos internacionales de derechos humanos.