Primero fue el intento de presentar un libro que “refuta el mito de los desaparecidos” en la Biblioteca del Congreso en la víspera del 47º aniversario del golpe genocida. Después, fue una denuncia contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por pedir que esa actividad no tuviera lugar en una sede parlamentaria porque atentaba contra los valores democráticos de la sociedad. Sin embargo, la presentación hecha por un grupo de abogados que se autodenominan liberales pero suelen ser empáticos con los reclamos de condenados por delitos de lesa humanidad no tuvo demasiado recorrido. Por pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Julián Ercolini la cerró por inexistencia de delito.

José D’Angelo tenía planeado presentar su último libro La estafa de los desaparecidos: mentiras y millones el 7 de marzo a las 16 en la Biblioteca del Congreso. Es una obra que, a tono de la proclama de Mauricio Macri de 2014, busca demostrar que tras el drama de miles de familias hay un “curro”. La presentación iba a contar con la presencia del diputado Alberto Asseff, del partido Unir y que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Cuando se supo en redes sociales que estaba planeado ese evento, Cecilia Moreau pidió que no se hiciera. De todos modos, no son ella ni Cristina Fernández de Kirchner – en su calidad de presidenta del Senado– quienes deciden qué actividades se llevan adelante en la Biblioteca del Congreso, sino una Comisión Bicameral. Ese cuerpo se reunió y se pronunció en sintonía con lo que venía planteando la titular de la Cámara Baja.

La presentación nunca se hizo. D’Angelo denunció en redes sociales que había sufrido censura y responsabilizó al kirchnerismo y a los organismos de derechos humanos. Con ese mismo enfoque, un grupo de abogados fue a los tribunales de Comodoro Py a presentar una denuncia contra Moreau por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública e infracción de la ley antidiscriminatoria.

Entre los denunciantes estaban:

  • Juan Martín Fazio, que se presenta como referente de la Fundación Apolo y de Republicanos Unidos, el partido que se referencia en Ricardo López Murphy. Días atrás, el exministro de Fernando de la Rúa volvió a sembrar dudas sobre el número de desaparecidos y les reclamó “verdad” a los organismos de derechos humanos, no a los perpetradores.

  • Josefina Margaroli y Sergio Luis Maculán. Margaroli es abogada y médica. Intervino como perito, por ejemplo, de la defensa de Miguel Osvaldo Etchecolatz, cuando el exdirector de Investigaciones de la Bonaerense reclamaba que le otorgaran prisión domiciliaria. Maculán, por su parte, es abogado y psicólogo. Ambos hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las condiciones de detención de quienes ellos denominan como “presos políticos” –léase detenidos por crímenes de lesa humanidad–.

  • Pedro Pablo Pusineri, un penalista que se presenta como de centro derecha y liberal. Pusineri fue parte del grupo de letrados que denunció al juez Martín Bava por su actuación en una causa de lesa en Mar del Plata. Esa denuncia fue usada por el macrismo como un ariete contra el juez que indagó y procesó al expresidente Mauricio Macri por el espionaje sobre las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

  • José Luis Magioncalda, que actúa como representante legal de la Fundación Apolo. En Twitter, junto a su nombre tiene el emoji de un gorila. En Instagram informa que es asesor en la Cámara de Diputados del bloque de Republicanos Unidos. Magioncalda fue quien acercó al grupo de López Murphy y del legislador porteño Roberto García Moritán a Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner que solía frecuentar también a integrantes de Revolución Federal.

  • Alfredo Marcelo Kinbaum –que se define como liberal clásico– y su colega Ignacio Falcón.

El trámite de la denuncia fue breve. Ercolini delegó la investigación en el fiscal Taiano, que le consultó a la comisión bicameral encargada de administrar la Biblioteca del Congreso si efectivamente el evento que se promocionaba en redes sociales estaba agendado. Desde el área jurídica de la comisión, respondieron que no lo estaba.

“No se podía suspender un acto que ni siquiera estaba agendado”, apuntó Ercolini en la resolución por la que decidió archivar la denuncia sin más trámite, tal como le había pedido el fiscal Taiano.

El libro

En la página web del libro, D’Angelo se presenta como periodista y militar retirado. Según su propio currículum vitae, egresó del Colegio Militar en 1980 –en plena dictadura– y estuvo destinado en el interior del país. Integró el sector carapintada que intentó poner en jaque a las autoridades democráticas y también participó en 1989 en la represión de la toma del regimiento de La Tablada, donde la justicia federal dio por acreditado que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos –incluidas torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas–. En 1993, en pleno gobierno de Carlos Menem, le dieron la baja.

Según la promoción del libro, “la obra refuta el mito de los desaparecidos, interpela a los argentinos acerca de lo que conocen o recuerdan de los años ‘70 y los invita a contrastar el relato oficial con la historia documentada”. La publicación sirvió para alimentar una causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, en la que se investiga si se montó una estafa con las reparaciones otorgadas a las víctimas o sus familiares. En base a eso, D'Angelo reclama que se "abran los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos" en contraposición del reclamo de los organismos de que se abran los archivos de inteligencia.

Exdirector de publicaciones netamente procesistas como B1 "Vitamina para la memoria de la guerra en los ’70", D’Angelo adelanta que trabaja en un nuevo libelo sobre otros dos temas que suelen encender a quienes impugnan el proceso de verdad y justicia: los “números verdaderos” y la apropiación de niños y niñas.