Desde Santiago
Este miércoles se realizó la segunda jornada de la declaración del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera en calidad de imputado por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado en el marco del denominado estallido social iniciado el 19 de octubre de 2019.
El estallido
Estas fueron una serie de protestas en las principales ciudades de Chile, que llegó a reunir a un millón de personas sólo en Santiago, extendiéndose por semanas y generando un movimiento que sólo pudo ser “controlado” por un Acuerdo por la Paz que derivaría en un proceso constituyente —aceptado por Piñera— donde terminaría redactándose una nueva constitución que finalmente fue rechazada el año pasado.
El saldo de este levantamiento popular, con cacerolazos todas las noches, el breve —pero terrorífico— despliegue de las fuerzas armadas tal como en Dictadura y un amplio apoyo ciudadano, incluyó una decena de muertos y más de 300 personas con trauma ocular producto de la represión de las fuerzas policiales.
El juicio
Y aunque Chile, tras la pandemia, el triunfo de Gabriel Boric y el fracaso del primer intento constitucional, es muy distinto, Piñera no pudo evitar ser interrogado por más de ocho horas por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, a raíz de una querella criminal presentada por el ahora ex senador Alejandro Navarro y organizaciones de DD.HH. Aunque fue en la comodidad de sus oficinas, en el sector alto de Santiago, el ex mandatario chileno tuvo que volver a un tema que lo tuvo contra las cuerdas, debiendo repasar todos sus actos y decisiones durante ese periodo, incluyendo los protocolos de las fuerzas de orden y seguridad. Algo que ya han debido hacer también el ex ministro del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel entre otros
Iniciada por estudiantes secundarios que comenzaron a evadir los torniquetes (barreras) del subte chileno en rechazo al aumento de 30 pesos (0,26 centavos) que, en verdad, fue la gota de rebalsó el vaso ante una serie de hechos económicos, educativos y de salud que se sintetizaron en la frase “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Esto en alusión a las medidas económicas de características neoliberales —privatizaciones, disolución de sindicatos, economías extractivas, olvido de las víctimas de la Dictadura— durante los 30 años que gobernó la Concertación, tras el retorno a la democracia en 1990.
Tras la primera jornada, la fiscal señaló que Piñera respondió todas las preguntas. “Traíamos un cuestionario preparado, teniendo en cuenta los antecedentes reunidos hasta ahora en la investigación (…) efectivamente el expresidente no hizo uso de su derecho a guardar silencio en relación a ninguna de las preguntas que le formulamos”. También agregó que, junto a sus tres abogados estuvo revisando su declaración y concluiría estemiércoles para que el texto forme parte de la carpeta investigativa.
Los argumentos
La argumentación de la administración de Piñera se mantiene inalterable en torno a la ola de violencia que era necesaria controlar y el desconocimiento de qué tipo de armamento manejaba la policía. Chadwick por ejemplo, en su declaración dijo que su rol fue “disponer que las fuerzas policiales tengan las condiciones para poder enfrentarse con situaciones de mantención del orden público (...) la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el gobierno, Carabineros y toda la ciudadanía. Era una situación que nunca habíamos experimentado”.
Sobre la violencia policial y, en particular el rol del general de carabineros de ese entonces, Mario Rozas, Chadwick, que por cierto es primo de Piñera aseguró: “Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación”.
Piñera, de quien hasta el momento no se conocen detalles de su declaración, arriesga incluso la cárcel, según ha explicado el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta: “En su condición de máxima autoridad civil del país tenía el deber de impedir la ocurrencia de los graves hechos de los cuales tomó conocimiento y sin embargo no ejerció sus facultades ni adoptó las medidas pertinentes para parar la represión policial que además, le fuera recomendado como medida urgente por parte de organismos internacionales que visitaron Chile y elaboraron sendos informes sobre la situación de violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país”.
Uno de los abogados del exmandatario, Samuel Donoso aseguró que su cliente está tranquilo y deseoso de colaborar. Algo que, considerando sus ganas de participar en el nuevo proceso constituyente e incluso —según rumores— de intentar postular una vez más a La Moneda, tiene sentido. “Tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del Expresidente, siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno”.
