La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual emitió, luego de recibir más de 500 reclamos en cinco días, su dictamen sobre las expresiones “agraviantes y patologizantes” de la animadora Viviana Canosa y la periodista Laura Di Marco contra la vicepresidenta Cristina Fernández y su hija Florencia Kirchner en un programa del canal La Nación+. El análisis socio-semiótico y jurídico realizado por los equipos técnicos del organismo que conduce Miriam Lewin destacó la inconveniencia del mensaje en relación a los derechos vinculados a la erradicación de violencias por razones de géneros, a los derechos personalísimos (a la intimidad y la dignidad) y a los ligados a la salud mental.
La Defensoría notificó sus conclusiones y recomendaciones a LN+, a los reclamantes y al Enacom, que desde el mes pasado está facultado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública a sancionar con la suspensión en la asignación de publicidad oficial a los canales que violen la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.
Las expresiones de Canosa & Di Marco cosecharon en tiempo récord el repudio de dirigentes políticos y gremiales, de especialistas en salud mental, del Comité de Expertas sobre Violencia contra las Mujeres de la OEA, y una denuncia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La Defensoría anunció al día siguiente que estudiaba los reclamos de las audiencias y este miércoles emitió su dictamen.
Según trascendió el análisis socio-semiótico, a cargo de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, encuadra en el ejercicio de la libertad de expresión las descalificaciones de Canosa contra funcionarios y se detiene en la patologización de la figura de CFK, que refuerza la invitada Di Marco. Consideran que sus discursos implican un ejercicio de violencia simbólica y política sobre la vicepresidenta, a partir de sentidos lesivos que exceden su tarea como funcionaria y remiten a su salud, su intimidad y su vida privada, explica. Ambas comunicadoras difunden un diagnóstico médico sin sustento ni fundamentación de especialistas (“Cristina y su locura”, dirá Canosa. “Es psicópata”, agregará Di Marco). Las apelaciones a padecimientos del campo de la salud mental para descalificar a las personas dañan a quienes efectivamente atraviesan ese tipo de afecciones, destaca el dictamen.
En cuanto a la actuación de Di Marco, este diario pudo saber que los especialistas señalaron que se enfoca en la maternidad de CFK a partir de afirmaciones revictimizantes sobre la figura de su hija, realiza otro diagnóstico infundado (“anorexia”) que promueve la desinformación de su audiencia y es lesivo para quienes padecen trastornos de alimentación, y con la misma falta de rigurosidad ubica en la figura de la madre el origen de esos trastornos. Abordar ese tipo de afecciones demanda una responsabilidad y reparos que --entiende la Dirección de Análisis--cuanto menos desatiende. Para la Defensoría del Público la revictimización mediática de Florencia Kirchner, centrada en cuestiones que hacen a su intimidad, se refuerza además con la difusión de imágenes de sus redes sociales que, señalan, para nada implica el consentimiento para ser utilizadas en un medio audiovisual.
Trascendió que el dictamen considera que el programa de Canosa difunde un discurso que promueve la violencia simbólica y política contra la vicepresidenta, en base a cuestiones sin relación con su rol como funcionaria, centradas en descalificaciones a partir del ejercicio de la maternidad y a figuras vinculadas a la “locura” y el “resentimiento” para referirse a modos de ejercer el poder. De ese modo LN+ reactualiza los estereotipos negativos sobre las mujeres en espacios de poder.
Del análisis socio-semiótico y su diagnóstico sobre las “descalificaciones agraviantes y patologizantes” sobre una funcionaria pública mujer, que a su vez proyecta sentidos negativos sobre las mujeres y las personas LGBTTTIQ+, se derivará luego el de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría. Las expresiones en cuestión constituyen violencia simbólica y política por motivos de género en los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres y de otros instrumentos internacionales vigentes como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” o la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belem do Pará).
El dictamen --según pudo saber este diario-- repasa las normas que le exigen al Estado trabajar sobre expresiones y discursos mediáticos que reproducen y profundizan la desigualdad de género, al tiempo que obligan a quienes brindan servicios de comunicación audiovisual, en tanto realizan una actividad de interés público. En ese marco, la Defensoría recuerda algunas de las recomendaciones específicas para quienes trabajan en medios audiovisuales, en particular las ignoradas por LN+ en el caso en cuestión: 1. Promover tratamientos de la información libres de estereotipos; 2. Preservar la intimidad y la dignidad de las mujeres involucradas en la participación política, y 3. Extremar los cuidados cuando se difundan mensajes o imágenes de internet.
La Defensoría destaca que la mediatización de imágenes de la hija de la vicepresidenta, acompañados con comentarios agresivos, afectan su propia imagen, dignidad e intimidad –derechos personalísimos protegidos por el Código Civil y Comercial– y también el derecho a la privacidad de CFK, pues no tienen ninguna relación con su condición de vicepresidenta y su ejercicio de la función. En ese sentido, los especialistas resaltan el fallo de la Corte Suprema contra la Editorial Atlántida por difundir imágenes de Ricardo Balbín enfermo, sin el consentimiento de su familia. Para la Defensoría queda claro la protección de la privacidad es prioritaria cuando se trata de un familiar del funcionario en cuestión.
Sobre los derechos vinculados a la salud mental, el dictamen destaca el derecho a preservar la identidad de quien tuvo o tiene un padecimiento mental, así como la importancia de no usar términos del campo de la salud mental para descalificar, pues de ese modo se refuerzan estigmas y prejuicios.
El último capítulo del dictamen se detiene en la preocupación común a la mayor parte de los reclamos recibidos a partir del programa de LN+, centrada en la proliferación de discursos de odio y la importancia de afrontarla desde el Estado, en línea con el documento del secretario general de la ONU, António Guterrez, titulado “La estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio”.
El informe --que recibió Lewin-- reconoce que no hay una incitación directa a cometer actos violentos, pero advierte que el mensaje de Canosa & Di Marco, en un contexto de polarización política y crisis económica, implica mediatizar un discurso estigmatizante y violento en la TV. La Defensoría recuerda el antecedente del intento de magnicidio de CFK tras una intensa campaña de discursos de odio, que tuvo especialmente en cuenta el fiscal Gerardo Pollicita al pedir la indagatoria de los miembros de “Revolución Federal”, y destaca la responsabilidad social tanto de quienes trabajan en medios audiovisuales como de los titulares de las licencias, y su deber de respetar derechos personalísimos, proteger la igualdad entre hombres y mujeres, garantizar tratamientos plurales y no estereotipados, y evitar todo tipo de discriminación.
Por último recuerda la resolución 9090/23 de la Secretaría de Medios que facultó al ENACOM a suspender la asignación de publicidad oficial a aquellos que violen los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre contenidos que promuevan tratos discriminatorios.
