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En medio del juicio político, la Corte Suprema se volvió una olla a presión donde no paran de escalar las batallas internas. El poderoso secretario de administración del tribunal, Héctor Daniel Marchi, pidió por segunda vez el apartamiento de los supremos en un juicio por daños y prejuicios que él inició contra la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. En su presentación sostuvo que si esta vez no se excusan recurrirá a los organismos internacionales de derechos humanos.
El planteo apunta contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, ya que Lorenzetti —a quien le debe sus largos años en el Palacio de Justicia— aclaró en un voto aparte que ya se había excusado, sólo que sus colegas nunca opinaron al respecto.
A la mayoría, le recriminó haber resuelto la primera recusación en menos de 24 horas mientras que mantiene paralizado su expediente desde hace cuatro años. Así como en su escrito anterior dijo que el trío de cortesanos es defendido por la dirigente a quien él acusa, esta vez agregó que la demora es "en beneficio" de ella y el dirigente Fernando Sánchez, "quienes continúan sustrayéndose de la justicia y persistiendo en la lesión de mis derechos".
La amenaza de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda
Marchi presentó su recurso, al que accedió este diario, en un contexto particular: el team Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda tendría preparado el borrador de una acordada, diseñada para recortarle funciones con las que se quedó cuando estaba por jubilarse el exsecretario general Alfredo Kraut. Fue a fines de 2015, cuando Lorenzetti presidía la Corte y le dio una megasecretaría a partir de la cual no sólo tuvo a cargo las cuestiones administrativas sino los "asuntos jurídicos" e "institucionales". Al manejo de fondos le sumaba el de los sumarios y auditorías, la mesa de entrada y circulación de expedientes, la asesoría jurídica, algunas unidades especiales entre otras cosas. Lorenzetti ya preveía el desembarco de supremos designados por Mauricio Macri.
La clave de la situación actual es que la acordada todavía no se firmó y esto funcionaría como amenaza hasta que Marchi declare en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, algo que los diputados y diputadas prevén para dentro de dos semanas. Antes que él, para el próximo martes está citado Aldo Tonón, el extitular de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), cercano a Maqueda, debido a que los desmanejos en ese sistema de salud son una de las razones de los pedidos de remoción contra los supremos. También irán otros funcionarios del área. Marchi es convocado por ese y otros temas ligados a la administración de fondos. En el nuevo escrito ante la Corte, dice que prevé que más que pedirle un testimonio la Comisión le tomará una especie de indagatoria por cuestiones que dice que no son su responsabilidad sino de los jueces, según se desprende de su razonamiento.
El quiero retruco de Marchi
Lo que Marchi presentó se llama, técnicamente, recurso "in extremis" y es un reclamo para que los tres jueces que no se quisieron apartar revisen y revoquen su propia decisión. Es una herramienta excepcional que algunos invocan para cuestionar la legalidad de una resolución de la Corte. El expediente donde lo pide es la demanda que él entabló contra Carrió y Sánchez. Ambos lo habían acusado tanto a él como a Lorenzetti de enriquecimiento ilícito. Como fueron sobreseídos en 2016, Marchi los denunció. La Cámara Civil le dio la razón y rechazó el argumento de que los diputados tienen inmunidad para decir lo que quieran e imputar un falso delito. Los dirigentes de la CC fueron al alto tribunal, donde el expediente no se mueve desde 2019.
La mayoría había rechazado su primera recusación con el argumento formal de que era extemporánea: decían que se basaba en la existencia del proceso de juicio político, donde Carrió impulsó parte de la acusación y que había que contar un plazo de cinco días desde el 9 de febrero, cuando se declararon admisibles las acusaciones en Diputados, pero ese plazo estaba excedido. Marchi dijo que los supremos no podían interpretar cuándo tomó conocimiento de esa acusación, pero que igual a su entender no hay plazo: "el trámite del juicio político supone la generación constante de hechos que permiten, fundan y actualizan los motivos de la recusación interpuesta".
Más allá de ese tecnicismo, señala tres razones por las que los supremos deberían apartarse: una es la "relación funcional" que él mismo tiene con ellos mientras es demandante; otra, la acusación falsa que había hecho Carrió, que trasladó a la Comisión de Juicio Político y que hizo extensiva a todos los ministros de la Corte ligada al manejo de fondos, de modo que tendrían que expedirse como jueces de la dirigente que pide su remoción y respecto de sus acusaciones; además agrega un asunto reciente: la acusación sobre el desmanejo de la OSPJN, donde también él se vería salpicado.
Marchi aprovechó para quejarse por las sospechas que desde la Comisión de Juicio Político —y en especial de la CC— se sembraron respecto de la secretaría de administración a su cargo por el presunto manejo discrecional del presupuesto: "Olvidan que el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria", dice, para subrayar que está subordinado al Congreso"; sostuvo que él logró equilibrio fiscal, evitó deudas y se hizo cargo de pagar a "otras áreas" como la OSPJN y la DAJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, antes solo oficina de escuchas). Agregó que nunca pidió nada al Tesoro, que publicó cuentas y gastos y que hoy las reservas de la Corte son de 144.000 millones de pesos.
Luego reprocha que "como consecuencia de la falta de definición de la condena" a Carrió y Sánchez en su demanda "ahora aparece la circunstancia de que se agrega una falsa denuncia en mi contra y de la Secretaría de Administración General" "pero esta vez con el agravante de que hace a un tema tan delicado como la salud". Este punto permite prever lo que podría decir en la Comisión: argumenta que es falso que él intervenga en el manejo de la OSPJN y su administración y que haya sido el responsable de remitir "remanentes" de la obra social a la Corte. Alega que él hizo los informes de supervisión desde 2021 e hizo más de 30 recomendaciones por anomalías detectadas. Agregó que la decisión de derivar recursos extraordinarios de la Obra Social a la Corte para tener un fondo que reasegure el funcionamiento del servicio, fue una decisión de la vieja Corte, cuando tenía siete integrantes, en 2013. De ellos solo quedan Lorenzetti y Maqueda. Fue la misma época en que se creó el famoso "fondo anticíclico" que le da ahorros.
En su primera recusación Marchi sostuvo que si los jueces de la Corte fallan a su favor "se interpretará como un acto de defensa propia y corporativa ante el juicio político" y si resuelven en su contra "se interpretará como un gesto desesperado por lograr que las esquirlas de la denuncia de la Comisión de Juicio Político no los alcancen". También señaló: "Mientras yo mantengo una disputa legal con Elisa Carrió ante estos estrados, vuestras excelencias se encuentran sometidos a un proceso de juicio político en que mi contraparte interviene como acusador de uno y defensor acérrimo de otro". Carrió ha expresado su oposición a juzgar a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, aunque el administrador diga que complica a todos. Su obsesión con Lorenzetti es de larga data.
Ahora, con un toque de diplomacia, Marchi dice que le está pidiendo al tribunal que propicie "condiciones de imparcialidad" y que "auspicien la definición" de su demanda. El amague con recortarle poder tiene como contracara el sostén de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, denunciado por los chats difundidos con el exministro porteño Marcelo D'Alessandro con quien todo indica que hablaban de fallos cruciales en danza.
Marchi es un contador de Santa Fe a quien Lorenzetti llevó a la Corte y con el tiempo se supo acomodar a los cambios de la presidencia suprema, con Rosenkrantz y Rosatti. Se las arregló para conservar su poder. Hoy expresa una fractura en el tribunal y se convierte en un peligro latente para la mayoría. Sería un escándalo que recurra a un tribunal internacional contra los supremos.
