El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (Enresp) emitió en la tarde ayer la resolución 435/23, por la que prohibe a la prestadora del servicio de energía eléctrica, EDESA SA, el cobro de intereses por mora a los usuarios de los departamentos de Orán y San Martín, que se encuentran amparados por el artículo 1 del decreto provincial 38/23 y la resolución del Ente Regulador 84/23. 

En el decreto 38 estableció de forma expresa que los usuarios y usuarias de ambos departamentos solamente deben abonar un "monto equivalente a la facturación del periodo noviembre 2022" durante el plazo de 180 días. "De allí que no corresponde autorizar o consentir que EDESA S.A. cobre rubros o montos adicionales con independencia de su naturaleza y concepto durante ese período", señala la resolución 435, que se publicará hoy en el Boletín de la Provincia de Salta. 

En ese sentido, el presidente del Ente Regulador, Carlos "Uluncha" Saravia, indicó a Salta/12 que "aparecieron facturas donde EDESA cobra intereses moratorios por la demora de la gente". Si bien dichos montos fueron facturados de forma "correcta", puesto que la prestataria no recibió el pago de la factura en tiempo y forma, Saravia dijo que este retraso se debió a dos razones puntuales.

Por un lado, la situación socioeconómica de las familias, porque "no tenían plata" para abonar la factura del servicio eléctrico. En la misma resolución, el Ente reconoce que se trata "un gran conglomerado de usuarios" que no puede asumir tal costo, lo que también resultó ser la base de las medidas adoptadas por el gobernador Gustavo Sáenz, y el organismo de control, como es el caso de la instauración del régimen de tarifa diferencial por zona cálida durante 4 meses en algunos departamentos de la provincia. 

La segunda razón se debe "a la gente del acampe", que se colocó en las puertas de la oficina que EDESA tiene en el municipio de Orán. Según Saravia, "no se permitía el paso y la gente no podía pagar" por las "medidas de fuerza adoptadas por particulares que comprometieron el normal funcionamiento" de la dependencia, "obstaculizando el ingreso por más de 60 días a usuarios con voluntad de pago oportuno". 

El acampe se instaló en Orán tras el fuerte incremento en las facturación correspondiente a diciembre del año pasado, lo que ocasionó una serie de manifestaciones desde mediados de enero por un sector que se reconoce como Vecinos Autoconvocados. Una de sus acciones fue precisamente instalar un acampe al frente de la oficina de la empresa. 

Para el Ente Regulador, esta acción incluyó un "asesoramiento de los protestantes" que "instruían públicamente a no pagar el servicio", lo que "indujo al error a usuarios que se sintieron autorizados a no cumplir con las nuevas fechas de vencimientos dispuestas en el marco de las medidas que se dictaron con posterioridad a la distribución de las facturas del mes de diciembre", se señala en la reciente norma. 

Tras los reclamos que de usuarios y usuarias por las deficiencias en el servicio y las altas subas de las tarifas -y que aún se sostienen en el norte salteño-, el gobernador Sáenz emitió el decreto 38/23, por el que se retrotrajo a los valores de noviembre de 2022 el monto de la boleta de luz por los seis meses a usuarios y usuarias de Orán y San Martín. El decreto también estableció que sólo serán incluidas como beneficiarias aquellas personas que estén comprendidas en los niveles 2 (hasta $152.515) y 3 (hasta los $533.802) de la segmentación tarifaria nacional.

El gobernador también firmó el decreto 50/23, por el que se ordenó la reducción del 30% del total facturado durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, para usuarias y usuarios "de todas las categorías residenciales" de los departamentos Anta, Orán, Rivadavia, San Martín, General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón. En el caso de las familias que cuenten con la tarifa social provincial, la reducción será equivalente al 50% del total facturado.

La bonificación reglamentada en el decreto 50/23 no excluye a quienes perciben la tarifa social y tampoco a quienes se les aplican los beneficios provisionales otorgados por el decreto 38/23. Además, Sáenz pidió una tarifa plana para todo el país en la electricidad, el gas y el transporte, durante la visita que el presidente Alberto Fernández realizó al departamento La Poma en los primeros días de marzo. 

Si bien el Ejecutivo provincial estableció las medidas recién mencionadas, Saravia dijo que en ellas "no se plantean esquemas complementarios de cobro", por lo que también se vieron obligados a ordenar a EDESA el no cobro de intereses moratorios. En el caso de que la empresa lo haya hecho, ahora deberá emitir una nota de crédito para retrotraerlo. 

"Creo que seguimos actuando en defensa de los usuarios, a pesar de algunas posturas interesadas", dijo Saravia. El funcionario aseguró que algunos referentes del acampe estaban usando el reclamo en beneficio de candidaturas propias para los comicios provinciales del 14 de mayo. E insistió en la acción de la Gobernación, y afirmó que se hizo lo que "tendría que haber hecho Nación". Sin embargo, desde el acampe se cuestiona el mal funcionamiento de la empresa, pero también del Ente Regulador, al que acusan de que beneficia a la prestadora con medidas que se fueron tomando a lo largo de los años. 

Por otro lado, Saravia cuestionó que los legisladores nacionales por Salta no exijan la aprobación inmediata de una ley de zonas cálidas. Hasta el momento, el senador nacional Sergio "Oso" Leavy, el diputado nacional Lucas Godoy y el ex legislador Andrés Zottos presentaron diferentes iniciativas en el Congreso de la Nación que impulsan el tratamiento de una norma que apruebe un régimen de cobro de tarifa diferenciada para los y las habitantes de las zonas cálidas del país, lo que beneficiaría a particularmente al norte salteño. 

"Son sólo tres proyectos los que tenemos que pechar porque Nación nos tiene que equiparar" como se hizo con el régimen diferencia en zonas frías, afirmó Saravia, quien insistió en la necesidad de acelerar el proceso de aprobación después de conocer que se darán incrementos futuros en el cobro de la energía eléctrica. El funcionario aseguró que, de acuerdo a disposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), "van a aumentar el precio de abastecimiento y si hay más incremento, hay un problema con la gente que se pudo inscribir" en la segmentación tarifaria que se llevó a cabo desde la Nación el año pasado.