En el palacio de Tribunales de Jujuy, a las 8.30 de hoy, se iniciará el juicio a los tres hombres acusados por el femicidio de la adolescente Iara Rueda. El Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas y el juez Mario Ramón Puig, dispuso restricciones para la prensa a pesar de ser un juicio oral y público. Antes de esta determinación la familia Rueda había solicitado expresamente que se permita el acceso de la prensa.

El abogado Julián Martín Palmieri, que junto a Agustina Reyna representa a la querella del padre y la madre de Iara Rueda, Juan José Rueda y Mónica Cunchila, solicitó que se brinden las condiciones para que el periodismo pueda realizar la cobertura periodística. “Presenté un escrito para que se habilite el Salón Vélez Sarsfield para que los medios puedan transmitir este juicio oral y público”, sostuvo el letrado.

En este sentido la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy exigió que “el juicio oral por el femicidio de Iara sea público conforme a derecho y no a puertas cerradas, que la comunidad sea testigo a través de la prensa”.

El Tribunal dispuso que la prensa solo podrá filmar y tomar fotografías al inicio de cada audiencia y el día de sentencia. En la resolución ratifica que se trata de un juicio público pero inmediatamente pone límites a la publicidad. “Es sabido que los juicios en nuestro país son orales y públicos, características propias de los actos de gobierno de un estado republicano como el adoptado por nuestro país y previsto en el Art 1 de la Constitución Nacional", sostuvo. Pero enseguida agregó que “Si bien todo sistema republicano exige sin duda que el proceso penal en su faz de juicio se desarrolle en forma pública, no es lo mismo que pretender a ultranza una publicidad sin limitación alguna", lo cual consideró que "no es adecuado para los derechos individuales del imputado ni para los fines del proceso”.

Un estado que no busca a las mujeres

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció, el 23 de septiembre de 2020, en la ciudad de Palpalá, a 15 kilómetros de la capital jujeña, San Salvador. La chica había salido a dejar una tarea el 23 de septiembre y estuvo desaparecida por 5 días, hasta que se encontró su cuerpo sin vida. A pesar de que familia denunció la desaparición en la Policía, no se activó el protocolo de búsqueda con la urgencia por tratarse de una menor de edad.

La propia familia y vecinos y vecinas buscaron a Iara, y fue hallada cinco días después, en un descampado. 

Los imputados son Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, quienes serán juzgados por “homicidio doblemente agravado calificado por alevosía y por ser cometido en contra de una mujer”. El tercer acusado es Tomás Fernández, de 19 años pero que en el momento del hecho tenía 16 años, quien también está imputado por “homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

Por otro lado, por las falencias en el proceso iniciado tras la denuncia por la desaparición de Iara, su familia denunció formalmente a ocho policías por abandono de persona.

El juicio oral llega después de dos años y medio de reclamos y pedidos insistentes de Mónica Cunchila y Juan Rueda para que el proceso avance. 

A comienzos de este año judicial, hubo una audiencia preliminar preparativa de este juicio y se había notificado a la familia que el debate iba a comenzar el 17 de agosto. La noticia provocó mayor dolor a la familia de la adolescente, que cuestionó la lentitud de la administración de justicia y el hostigamiento del estado provincial.

En ese escenario el fiscal Alejandro Bosatti presentó un recurso de queja por “retardo y denegación de justicia”, por considerar la fecha prevista para el inicio del debate, como “sumamente lejana e irrazonable”. La jueza Nallar hizo lugar a este recurso y se anticipó la fecha, por lo que comenzará hoy.

En estos años, Mónica Cunchila viene realizando marchas los martes (día de la desaparición de su hija)  en la capital provincial y en Palpalá. Esta movilización provocó que familiares de otras personas víctimas de femicidios y homicidios se sumen para reclamar justicia y visibilizar estos casos.

En uno de esos días de lucha, Mónica fue multada con una contravención por el gobierno de Gerardo Morales y la obligaron a retirar sus carteles de la Casa de Gobierno.

El pasado 8 de marzo la madre y otras mujeres fueron reprimidas cuando marchaban contra la violencia de género y derecho de las mujeres y disidencias.

Las marchas seguirán 

Para la audiencia de hoy está previsto que además de la lectura de la acusación penal declaren diez personas. En todo el proceso declararían 60 personas. Si se cumpla el cronograma previsto, el 8 de mayo sería la última audiencia, un día después de las elecciones provinciales en la provincia. 

La realización de los debates orales en casos de femicidio en esta época preelectoral genera suspicacias en las familias. "Le pediría al gobernador que por un ratito se ponga en el lugar de papá, no como gobernador solo como papá. Él o ellos están llevando esto a un lugar político, no nosotros. Nosotros queremos justicia”, recalcó Mónica Cunchila en declaraciones públicas.

Y aclaró que las manifestaciones seguirán: “Quizás crean que con hacer los juicios no estaremos más en las calles, por lo menos de mi parte voy a seguir. Nos queda el caso de Cesia, Paulina Flores (Santa Catalina), Marcela Balderrama (La Quiaca), Dafne Soto (Humahuaca), creerán que nos vamos a quedar tranquilos y son muchos casos. Capaz sea para callarnos”, dijo. 

En lo que va de este año ya se realizaron los juicios por los primeros femicidios de 2020 y el doble femicidio de Yuto, cometido en abril de 2022; el de Camila Peñalva y de Nahir Álvarez. Todos estos casos provocaron la declaración de la emergencia en violencia de género en la provincia. En octubre de 2020, la provincia de Jujuy aprobó la Ley N° 6186, Ley Iara, que declara la emergencia en materia de violencia de género, una norma que fue construida con la sociedad y cuyo objetivo principal es revertir el número de mujeres y personas LGBTIQA+ en situación de violencia de género. Sin embargo, organizaciones de mujeres y disidencias, y familiares de víctimas, vienen sosteniendo que el prespuesto destinado es insuficiente. La emergencia se dictó en 200 por dos años y en 2023 se prorrogó por otro año.

En el juicio que comenzará hoy también participará el Consejo Provincial de la Mujer, en representación del Estado provincial, con la presencia de la abogada Miriam Valdez y el abogado Leonardo Fernández. La letrada Sara Cabezas estará a cargo de la defensa del acusado más joven, que era menor de edad al momento del hecho. Los abogados Gustavo Reynoso y Agustín Reynoso defenderán a Cahizumba, y Mauricio Abad será asistido por los abogados Antonio Manuel Vargas y Jorge César Soria.