El juicio al cura Carlos Fernando Páez, acusado por abuso sexual en perjuicio de un exseminarista, comenzará el próximo 15 de mayo en Tartagal. En este contexto, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina (ILEC), junto al denunciante, exigieron medidas de protección para él y su familia.

Páez está imputado por abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido en su rol de ministro de culto reconocido y encargado de la educación.

Las audiencias de debate estarán a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, integrado por los jueces Ricardo Martoccia y Aníbal Burgos y la jueza Soledad Rodríguez.

Está previsto que la Unidad Fiscal que conforman Pablo Cabot (de Tartagal) y Cecilia Flores Toranzos junto Sergio Federico Obeid (de la Ciudad de Salta), que trabajó en la investigación penal preparatoria, lleve la acusación también en el juicio. 

Páez se desempeñaba en la parroquia La Santa Cruz de Villa Saavedra, en Tartagal, dependiente de la diócesis de Orán. Fue denunciado en julio de 2019 por el exseminarista Kevin Montes, quien decidió hacer pública su identidad. El joven relató hechos de abuso cometidos en contra de su integridad sexual entre 2015 y 2017.

Lxs fiscales señalaron que los elementos colectados en la investigación penal preparatoria "revelan que el relato del denunciante no es aislado y desprovisto de sustento, sino que se corresponde con las manifestaciones de testigos que ocuparon roles diversos en la iglesia donde se desempeñaba el acusado, que dan cuenta de un modus operandi desplegado por parte del religioso".

Cabot se comunicó con el denunciante este miércoles para informarle que el juicio comenzará el próximo 15 de mayo y se extenderá hasta el 18 del mismo mes. Están citados a declarar más de 30 personas, por lo que se prevé que ante cualquier percance, las audiencias puedan prolongarse por más días.  

"Quiero mis garantías, tanto para mí como para mi familia. No me siento seguro ni física ni psicológicamente por el hostigamiento de la gente. Tengo miedo del viaje tanto de ida como de vuelta", manifestó Montes a Salta/12. El joven se mudó de Tartagal a Córdoba como consecuencia de la revictimización a la que fue sometido por denunciar al cura. Mediante una segunda comunicación telefónica el fiscal le aseguró que va a garantizarle medidas de protección.

Montes espera que en este juicio "no pase lo mismo que con (el obispo emérito Gustavo) Zanchetta", que obtuvo una condena por abuso sexual en perjuicio de dos exseminaristas de cuatro años y medio de prisión efectiva, pero que luego devino en domiciliaria. El joven fue un testigo clave en esa causa, en la que relató que fue víctima del obispo pero que no llegó a denunciarlo por las dificultades de sobrellevar dos procesos judiciales. 

Respecto al juicio contra Páez, el denunciante exigió "cárcel común, sentencia firme y coherente". "Esto no es sólo por mí, sino por otros testigos que no se animaron a denunciar, pero sufrieron lo mismo y van a declarar, y por los que pudieron haber sido víctimas si esto no se denunciaba", expresó.

El representante en Salta del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina, Fernando Climent, dijo a Salta/12 que acompañarán a la víctima en el juicio y también lo hará la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico.

El ILEC emitió un comunicado manifestando preocupación por la falta de garantías de la seguridad del denunciante. 

"Nos preocupa primero la seguridad (de la integridad) física y emocional de Kevin", señaló Climent. Por ello, desde el ILEC exigen que se asigne custodia policial al denunciante y a sus familiares, y también un servicio de transporte con chofer para el traslado desde el hospedaje hasta el lugar del juicio.

"Nos preocupa el modo de operar del Poder Judicial. No pudimos presentar querellante ni amicus curiae porque nunca le informaron (a la víctima) los plazos", manifestó Climent. Su organización también exigió "garantías de una condena ejemplar, de cárcel común y un juicio justo". 

Climent resaltó que el año pasado el ILEC y la Red Nacional de Sobrevivientes tuvieron que exigirle al fiscal de Tartagal que reciba al denunciante, le explique el proceso judicial y le brinde una copia del expediente. 

Además, el referente señaló que al inicio de la causa, el denunciante pidió que no interviniera la fiscala de Tartagal Lorena Martínez, porque era cercana al cura y catequista en su parroquia. Sin embargo, después la funcionaria y Cabot, fiscal de la causa, se casaron, y esto generó el temor de que hubiera parcialidad en favor del sacerdote. 

El denunciante pedía que la Fiscalía le garantizara imparcialidad, cuando se reunió el año pasado con el fiscal y con su auxiliar Josefina Calvo, se comprometieron a ello. Cabot le dijo que no era amigo del cura denunciado y consideró que no debía inhibirse.

Climent también advirtió que la fecha de inicio del juicio coincide con el día después de las elecciones generales en la provincia, lo que va implicar que pase desapercibido en los medios que van a centrar la agenda en la cobertura de los comicios. Ante ello, planteó desde el ILEC la exigencia de que se permita la presencia de periodistas en las audiencias, para garantizar la publicidad del proceso.

Montes pidió "empatía a la sociedad", respecto a las causas por violencia sexual. "Siempre la víctima es (juzgada) como culpable, nadie ve que todos podemos haber vivido un abuso sexual, y que éste no siempre es como creemos, no necesariamente tiene que haber acceso carnal para decir a mí me abusaron", manifestó. 

El rol de la iglesia

Ante el avance de la causa penal, en agosto de 2022 el obispo de Orán, Luis Scozzina, suspendió de forma cautelar al cura Páez del ejercicio "público" del ministerio del sacerdocio y también dispuso que no podrá seguir residiendo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia, hasta que se resuelva su situación procesal. 

Montes consideró "tardía" la medida de Scozzina, pero además denunció un "abandono total de la iglesia como institución". Recordó que la denuncia canónica data del 12 de septiembre de 2019 y no tuvo más novedades. El exseminarista también señaló que Páez tenía una denuncia canónica previa de otra víctima en Orán. 

"Páez siguió trabajando con jóvenes vulnerables del Hogar de Cristo en La Unión, yo sentía como que el obispo y el cura se me estaban burlando en la cara", dijo el denunciante.

Para finalizar, Montes relató que en Tartagal lo catalogaron de "anticlerical" por la denuncia que realizó. "No estoy en contra de la Iglesia, sino que creo necesario que este tipo de curas sea apartado de la institución porque la daña. Esta gente debería ser juzgada y apartada porque le hace daño a la sociedad. No está bueno que la Iglesia siga permitiendo este tipo de cosas. Esto es para frenar los abusos", sostuvo.