"Utilizan estos hechos, tales como balear una escuela o una comisaría, para llamar la atención de los medios y enviarle mensajes a otros actores del barrio, otras bandas, reclamos en el esquema penitenciario, un fiscal o la misma Justicia", sostuvo el gobernado Omar Perotti, ante los casos de intimidación pública en Rosario. Se trata de  ataques que incluyen disparos contra edificios públicos en los que se suelen dejar notas o mensajes a terceros y en los últimos días se vienen dando contra escuelas y comisarías. Para el mandatario provincial, se corrió un límite. El gremio de los docentes privados, Sadop, pidió una reunión con el ministerio de Seguridad.

Luego de que esta semana comenzara sin clases en dos escuelas que fueron baleadas el sábado por la noche, en los barrios Ludueña y Empalme Graneros (por lo que hubo una movilización al día siguiente), también ayer un establecimiento educativo de Carrasco y Teniente Agnetta, en Empalme, debió permanecer cerrado porque la noche anterior desconocidos pasaron en moto por la comisaría 20 (una de las que fueron valladas por seguridad la semana pasada), lindera a la escuela Nº1182 San Luis Gonzaga, y efectuaron disparos al aire que aturdieron al vecindario. 

En esa zona del noroeste también se vienen dando hechos de abuso de armas contra viviendas, además de ataques como el que tuvo como víctima a una mujer que resultó baleada en la pierna derecha, en Felipe Moré y French, el martes temprano, y un hombre que fue herido en una pierna, esa noche, en Empalme Graneros. En ese barrio se cometió el mes pasado el crimen de Máximo Jerez, de 12 años, y desde entonces hay custodia de Gendarmería.

Ante ese tipo de hechos, el gobernador aseguró: “Es una foto que no nos gusta, pero es lo que pasa. Tenemos una situación estructural como el narcotráfico que debemos enfrentar, y hay conductas impensadas, es un fenómeno que nos obliga a tener estrategias diferentes. Hay ciertos límites que se pasan. Estos actores están realizando acciones frente a instituciones que eran intocables o que no pasaba“, dijo sobre lo que ocurre en escuelas y comisarías. “Cuando hablamos del esfuerzo en las inversiones en videovigilancia, el último lugar al que íbamos a poner una cámara era la comisaría porque suponíamos que allí había una instancia de resguardo diferente”. 

Ante la situación, prometió “redoblar esfuerzos”. “Cuando tenemos una estrategia de permanencia de fuerzas federales en determinados barrios, cambia la característica de ese lugar y nos aparece en otros lugares. Habrá que reforzar como lo venimos planteando, con mayor presencia, mejor logística y una mejora en el funcionamiento de la coordinación”.

Reclamo

En tanto, desde Sadop, Martín Lucero aseguró que "es inconcebible que la comunidad educativa tenga miedo de ir a la escuela" por la inseguridad. “Intimidaciones, disparos y robos al personal y a los alumnos no pueden ser parte de la cotidianeidad de la escuela”, aseguró en LT8 el titular de la delegación Rosario del gremio sobre los hechos de los que vienen dando cuenta. Ante ello, adelantó que solicitarán una reunión "urgente" con el Ministerio de Seguridad de la provincia. “Exigimos a las autoridades políticas una respuesta inmediata a esta situación y reforzamos el pedido de ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad. Lo peor que puede pasarnos como sociedad es naturalizar estos hechos". Además, señaló que “ya no alcanza con la saturación policial. Debe dar respuestas el gobernador, los responsables del Poder Judicial, los responsables del Poder Legislativo y si es necesario que vengan a vivir a los barrios para garantizar que la gente vaya a la escuela. No hay otra solución. Si el Estado no tiene presencia, la presencia la tienen las bandas criminales y si las bandas criminales son quienes comandan el territorio, la educación se vuelve un derecho ilusorio porque nadie va a poder ir a la escuela”.