Como era de prever, la clave para saber quién estuvo detrás del hackeo al celular del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, está en una cuenta de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande. Sucede que la operación fue pagada con bitcoins y todo se cursó, precisamente, a través de Binance. 

El problema es que las cuentas en esa bolsa de criptomonedas suelen estar a nombres falsos, razón por la cual el ente regulador de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros, demandó el mes pasado a la firma y a su fundador, el empresario canadiense de origen chino, Changpeng Zhao. El expediente lo tramita la fiscal porteña —alineada con el macrismo— Daniela Dupuy, cuando evidentemente se trata de una causa federal: espionaje ilegal, violación de comunicaciones, interrupción de comunicaciones. Pero con esa maniobra, el macrismo evita que el expediente tramite fuera de su control. En el horizonte está que el hackeo fue parte de la feroz interna de Juntos por el Cambio y, sobre todo, que encierra un verdadero campeonato de delitos. 

Escondiendo los chats

Lo fundamental de los chats filtrados del celular de D’Alessandro es el contenido. Evidencian el delito de dádivas, entre otros, en el viaje de jueces, funcionarios y empresarios, en avión privado, a Lago Escondido, el campo del megamillonario británico Joe Lewis. Y, además, las maniobras con Silvio Robles, operador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Para colmo, en uno de los chats se habla de dólares, sobres y dinero aportado por una empresa que presta el servicio de grúas en CABA. La jugada del macrismo consiste en poner el acento en el hackeo, no en lo que dicen los chats.

Los desconocidos son extraños

La investigación llevó rápidamente a El Dorado, Misiones, donde un joven de 22 años, Ezequiel Nuñes Pinheiro, admitió que él hizo el reemplazo de la tarjeta SIM del celular de D’Alessandro, pero que una vez hecha la maniobra, le transfirió el control a una persona desconocida que le hizo el encargo por Telegram y le pagó con bitcoins a razón de unos 15.000 pesos por hackeo. Ese desconocido entró al celular de D’Alessandro, bajó los chats y después se publicaron.

En una segunda declaración hecha esta semana por Nuñes Pinheiro, asistido por sus abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, el hacker sostuvo que cuando advirtió la publicación del contenido explosivo de los chats de D’Alessandro, quemó su celular y lo tiró al río Paraná. Además, contó que él tenía otras tarjetas SIM que se las vendió a un individuo de José C. Paz, vinculado a una empresa de seguridad llamada Hunter Security. Será difícil establecer qué maniobras hicieron con esas tarjetas, porque no están identificados los números.

Sin embargo, según consignó el diario La Nación este miércoles, Hunter Security se presentó en la fiscalía y dijo que no tiene nada que ver y que ya fue denunciada —falsamente, afirman— por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade a raíz del caso de la GestaPRO, aquella filmación en que ministros macristas y jefes de la AFI planeaban una operación contra dirigentes sindicales peronistas. Tailhade sugirió que Hunter fue cómplice de la filmación, ya que estaba a cargo de la custodia de la sede del Banco Provincia en tiempos de María Eugenia Vidal. La empresa es propiedad de un teniente retirado, Jorge Alberto Tito, excarapintada, según también señaló Agustín Rossi en su momento.

En cualquier caso, la de Hunter no es una punta que llevará al peronismo como hackeador, sino todo lo contrario.

El opaco mundo cripto

Como hilo principal, la fiscal Dupuy sigue el pago del hackeo. Nuñes Pinheiro vivía en un mundo digital en el que muchas cosas se compran y se venden ilegalmente, empezando por juegos de Playstation. Lo que se percibe, es que en este caso actuó alguien que sabía cómo ocultar su identidad, porque se utilizó una billetera electrónica, denominada Lemon, y el dinero se curso mediante bitcoins provenientes de la bolsa Binance.

En teoría, todas las operaciones con bitcoins deben ser declaradas, pero justamente el problema es que Binance es opaco. Por eso, la administración norteamericana denunció a la bolsa de criptomonedas a finales de marzo. Los papeles de Binance exhiben los fundamentos de las sospechas de Washington: la sociedad está constituida en el paraíso fiscal que existe dentro de Estados Unidos, Delaware, y ahora tiene domicilios en las islas Cayman y Seychelles.

A esto se agrega otra cuestión: los pedidos de información a Estados Unidos sólo tienen respuesta cuando a Washington le interesa. Por ejemplo, se le pidieron datos de la cuenta de mail de Alberto Nisman y nunca contestaron en siete años.

La jugada de apropiarse del expediente

En principio, la cuestión del hackeo a D’Alessandro encierra delitos federales, espionaje, violación de comunicaciones, interrupción de comunicaciones. Y más todavía si se tiene en cuenta que fueron espiados jueces federales, funcionarios y aparece parte de la maniobra hecha en otro distrito, Misiones.

Sin embargo, la fiscal no acusa por esos delitos federal, con el argumento de que Nuñes Pinheiro facilitó el ingreso al celular, pero él mismo -supuestamente- no entró al teléfono de D’Alessandro, sino que lo hizo el que pagó el hackeo.

Los abogados del misionero, razonablemente, están cómodos con esa situación: su cliente es apuntado por delitos menores. O sea, todos —fiscal y abogados defensores— no hacen nada por cuestionar la competencia de Dupuy y de la jueza porteña Araceli Martínez.

Menos que menos quieren que el expediente pase a la justicia federal porque recaería, casi seguro, en la jueza María Servini, que investiga el otro hackeo de Nuñes Pinheiro, al diputado y candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli. El expediente en manos de Servini significaría la pérdida del control que hoy tiene el macrismo.

Tapar todo, cuanto antes

En la cuestión de los chats, el macrismo tiene todo para tapar. Y está en eso.

*En primer lugar, porque todo indica que la modalidad del espionaje ilegal y el hackeo ha sido práctica habitual de quienes rodean a Mauricio Macri. En distintos momentos, el expresidente espió a sus dos hermanas, Sandra —ya fallecida— y Florencia, ahora mudada a Miami. En el caso de Sandra le echó la culpa a su padre, Freanco, y en el caso de Florencia, terminaron adjudicándole el espionaje al grupito Super Mario Bros, del que dijeron que eran cuentapropistas.

*En segundo lugar, porque tener el control del expediente dentro de la justicia porteña le permite seguir poniendo el acento en el hackeo y no en los delitos que exhiben los chats, además de la trama que se muestra de contubernio entre jueces, empresarios y funcionarios macristas.

El ejemplo más claro es que en los diálogos por Telegram, D’Alessandro aparece ofreciéndole el uso de un auto a un juez federal, Sebastián Ramos, y éste, en 24 horas, cerró la causa por el contenido de los chats. No estuvo solo. En tiempo record dictaminó el fiscal Carlos Stornelli diciendo que no se podía evaluar el contenido de chats hackeados ilegalmente. Es el mismo fiscal que, entre tantas cosas, pretende usar las escuchas ilegales realizadas a los presos del penal de Ezeiza, a quienes les grabaron las conversaciones con sus parejas, abogados e hijos hasta de diez años. Cartón lleno. 

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