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La guerra dentro de la Corte Suprema, en pleno juicio político, no para de expandirse y parece no tener techo. Los bandos son nítidos: por ahora, tres contra uno. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda firmaron una resolución en la que le advierten a su colega Ricardo Lorenzetti que nada de lo que denunció respecto de la Obra Social del Poder Judicial tiene validez y lo acusan de haber intentado violar el Reglamento para la Justicia Nacional cuando anunció que iniciaría un "procedimiento legal" contra el directorio por su cuenta, sin una mayoría, y reprochó la pasividad de sus compañeros frente a las anomalías.
La advertencia del trío supremo no es sólo la respuesta a la nota lapidaria que había hecho pública Lorenzetti en el Centro de Información Judicial (CIJ) —el portal institucional del Poder Judicial— sino a la apertura de una nueva investigación en Comodoro Py impulsada este martes por el fiscal Ramiro González, basada en los votos en disidencia de este supremo solitario en las últimas acordadas sobre la situación del sistema de cobertura de salud de judiciales donde marcaba que los desmanejos siguen vigentes.
La cuestión de la Obra Social (OSPJN) tiene locos a los cortesanos porque es uno de los ejes del juicio político. En un comienzo pareció focalizarse en Maqueda, que fue el responsable durante varios años, luego empezó a ampliarse a Lorenzetti con el fogoneo de la Coalición Cívica (CC) pero al final quedaron todos envueltos. Cada uno, es evidente, se mueve en defensa propia.
Las denuncias de Lorenzetti dejan al resto del tribunal mal parado. A esa cruzada contribuyó esta misma semana un viejo aliado suyo, el secretario general de administración, Héctor Daniel Marchi, que les pidió por segunda vez a los jueces que se aparten en una demanda por daños y perjuicios (por falsa denuncia) que él inició contra la líder de la CC, Elisa Carrió, y Fernando Sánchez, y que está en la Corte hace cuatro años, lo que a su entender beneficia a los acusados. El contador dice que los supremos no pueden fallar sobre una dirigente que fue denunciante y cuya agrupación promueve la acusación en el proceso de remoción. En el mismo escrito se despachó con cuestiones sobre la obra social, para despegarse.
Contra Lorenzetti
El martes 4 de abril, Lorenzetti publicó en el CIJ un texto titulado "Nota del juez Ricardo Lorenzetti al directorio de la obra social", que todavía sigue a la vista en la página web como primer tema. El supremo acusaba a los directores de haber confeccionado un "informe irregular" sobre la OSPJN y de entregarlo tardíamente, el 13 de febrero, seis meses después de que les fuera encomendado. El documento tenía algunos datos que revelaban problemas no resueltos: faltaban balances de los años 2021 y 2022, de modo que no se sabe qué se hizo con los fondos, y tampoco hay presupuesto del año pasado ni del actual, ni software ni sistema contable (decía que la contadora renunció "de manera abrupta").
Marcaba incumplimientos no sólo de la gestión pasada, cuando el director era Aldo Tonón —a quien le aceptaron la renuncia recién hace dos semanas— sino la actual, por la que responsabiliza a uno de los directores, Mariano Althabe, pese a que una auditoría que se les pidió analizar ya revelaba irregularidades. Decía que el directorio estaba integrado irregularmente (faltan nombramientos y la representante sindical aún no estaba formalmente designada), que se declaraba incumplido el pedido de un informe que le habían encomendado y que los denunciaría.
Este jueves el tridente Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda firmó una resolución a modo de réplica. Ahí, con ironía, citan el Reglamento para la Justicia que dice: "Las decisiones correspondientes al ejercicio de la superintendencia se adoptarán, conforme el artículo 113 de la Constitución Nacional, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría de tres de sus miembros". Entonces dicen que si Lorenzetti pretendió resolver algo por su cuenta, sería una decisión nula, pero que van a ser bien pensados e interpretar que no es eso lo que hizo.
También le achacan que cuando todos recibieron el informe del directorio de la OSPJN él "decidió no tomar intervención formal" pero después se despachó con el escrito que le critican. Dedican un párrafo a defender a los directores y dicen que el tribunal no les había puesto plazo para entregar su informe y adoptar medidas sobre prespuesto, estados contables, sistemas y contrataciones, entre otras cosas. Los cortesanos concluyen que para ellos la presentación de Lorenzetti no tiene ningún valor de resolución y se debe tramitar como un pedido extra de información al directorio de la obra social. El director Althabe se lo había mandado ya a Rosatti, que ahora se lo devuelve, como en el juego del Gran Bonete.
Nueva causa penal
La otra cuestión que caldeó los ánimos esta semana en el sector mayoritario del cuarto piso del Palacio de Justicia, fue el inicio de una nueva causa penal sobre las irregularidades en la obra social. Fue por una denuncia (o extracción de testimonios en términos técnicos) que hizo un juez, Ariel Lijo, quien ya venía investigando dos contrataciones sospechosas de la OSPJN: la de la prestadora Empresa Emergencia Médica Integral S.A. por 100 millones de pesos anuales desde 2008 pese a que no cumplía con los requisitos mínimos del pliego y la de Farmadant S.A., con domicilio en Córdoba, que debía controlar recetas pero se habría tratado de una empresa fantasma. Lijo recibió una presentación del fiscal Guillermo Marijuán, que agarró las disidencias que había escrito Lorenzetti en tres cordadas vinculadas con la obra social, y sostuvo que ahí describía conductas que deberían ser investigadas. Le volvió a tocar al mismo juez, como subrogante del juzgado 12.
El fiscal González tomó lo que dijo su par Marijuán e impulsó la acción, por lo que se abrió un nuevo expediente, todavía sin imputados pero que podría comprometer tanto al directorio como a los ministros de la Corte si se detecta algún delito. Como primera medida pidió la auditoría que se hizo sobre la obra social y los antecedentes que hubieran dado origen a tres acordadas que puso bajo la lupa.
* La primera acordada que analizó fue la 28/2022 que modificó por mayoría el estatuto de la OSPJN, cambió cargos y el organigrama. Lorenzetti se opuso con el argumento de que la nueva formulación violaba principios del derecho, que el directorio ya había incumplido normas y no se habían aplicado sanciones, y que había anomalías como el estado contable del 2020 presentado por el directorio y firmado por un contador que no se sabe cómo fue designado, además de que el directorio no había cumplido con un informe requerido, la licitación del software y la confección de balances.
* La fiscalía también reparó en la resolución 2664/2022, sobre contratación de personal, donde Lorenzetti señalaba que se había avalado la designación de personas propuestas por quienes habían violado normas con anterioridad según las conclusiones de la auditoría encomendada y que tenían vínculos entre sí. Además advertía sobre falta de control contable y administrativo.
* Por último, la resolución 2665/2022 renovaba los contratos de Althabe y la directora Cora Borensztejn, pero en la disidencia se señalaba que el primero había firmado transferencias de fondos a la administración de la Corte sin tener la facultad porque su contrato estaba vencido.
El martes próximo la Comisión de Juicio Político de Diputados se dedicará a todo este tema. Están citados el exdirector Tonón, la contadora que renunció (Melisa Solana), médicos, docentes y trabajadores judiciales. El poderoso administrador Marchi, iría la semana siguiente.
