El hombre de 37, de la localidad de Apolinario Saravia acusado por violencia sexual en perjuicio de su hija y que encontraba prófugo finalmente se entregó en la mañana de ayer jueves ante la Fiscalía de Joaquín V. González, sede del distrito judicial sur en el departamento Anta.

El martes último, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, se reunió con la madre de la víctima. Luego dispuso la remisión de los datos del hombre, al que solo se identificó por sus iniciales, CRM, como prófugo de la justicia para que integre la lista de “los más buscados”, en una página de acceso público dependiente del Registro Nacional de Reincidencia. 

La fiscala María Celeste García Pisacic, a través de la delegación de Apolinario Saravia, imputó a CRM como probable autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia, en perjuicio de su hija desde los 8 hasta los 16 años. 

El abogado querellante Jeremías Fernández, que representa a la adolescente y a su madre, dijo a Salta/12 que se enteró de la detención mediante "un trascendido", por lo que  se comunicó con la auxiliar fiscal Yonny Zigarán, de la delegación de Apolinario Saravia, quien se lo confirmó.

El Ministerio Público Fiscal informó en la noche del jueves que el acusado estuvo acompañado de su defensa particular, y tras conocer la imputación en su contra dió su propia versión de los hechos. Después, la Fiscalía solicitó al juez de Garantías, Héctor Sebastián Guzmán Salustros, la prisión preventiva para evitar el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga.

"Se buscaba que se ponga a disposición de la jurisdicción que tiene la causa, la defensa técnica había pedido que él resida durante la sustanciación del proceso en la ciudad de Salta dando una dirección donde hay un baldío, constatada por la Brigada de Investigaciones", explicó el querellante. "Me parece que si ha sido una decisión de la defensa técnica, es la más cabal, una persona requerida por la justicia debe ser sometida a derecho. La verdad se defiende sola, no se esconde, no huye, no se profuga", añadió. 

En el marco del proceso penal la adolescente debe acudir a la segunda entrevista en el marco de una pericia psicológica el martes 18 de abril. Fernández sostuvo que esta prueba servirá para constatar "las lesiones que se han generado sobre la psiquis".

La adolescente ratificó los hechos en la entrevista realizada por una psicóloga en el circuito cerrado de televisión. Según explicó su abogado, en el informe preliminar la profesional señaló que no hay indicadores de mendacidad en el testimonio. También un médico legal de la policía examinó a la adolescente y realizó una constatación coincidente con su relato. 

El querellante dijo que la conformación familiar de la víctima, integrada por el padre, la madre y un hermano de 14 años y otro de 2 años, "estuvo atravesada por la violencia de género". Señaló que hubo "una relación asimétrica de poder, qué más prueba de eso es el abuso sexual sobre la niña, una cosificación evidente". 

El abogado dijo que en el pueblo de Apolinario Saravia, de donde es la familia, hubo personas que han cuestionado el testimonio de la adolescente diciendo que "mucho no se le cree"; "algo no cierra" y "¿por qué no habló antes?". "No habló antes porque tenía 8 años y ha sido invadida en su sexualidad de forma arbitraria", replicó el letrado.

Citó al psicólogo Roland Summit, quien desarrolló estudios sobre el "síndrome de acomodación al abuso sexual, donde detalla los pasos que atraviesa un niño ( o una niña) hasta el momento en que puede hablar y la oposición a la que se enfrenta cuando habla, (ya que después se le trata) de mentiroso, fabulador, malo".

"Nuestros niños, niñas y adolescentes, necesitan validación", manifestó Fernández y señaló que después corresponde a las autoridades investigar los hechos relatados. 

En la causa también tomó intervención la asesora de incapaces de Joaquín V. González, María Susana Zenzano Poma. 

La madre de la adolescente dijo a Salta/12 que la detención del acusado le genera alivio. Contó que esta semana además de reunirse con el procurador se contactó con la secretaria de Seguridad de la provincia, Frida Fonseca, quien se puso a disposición y le informó que se estaban encargando de la búsqueda del imputado. También dijo que se comunicó con la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, y desde este organismo le tramitaron la asistencia psicológica terapéutica virtual para la víctima con una profesional del Hospital San Bernardo. 

La denuncia fue radicada por la madre el 14 de diciembre de 2022. La Fiscalía pidió la detención el 27 de enero, y el juez de Garantías libró la orden el 30 de enero de 2023 pero las fuerzas policiales no dieron con el acusado en ese momento.

La defensa del acusado, ejercida por los abogados Matías Adet y Gabriel Roberts, presentó un recurso de apelación oponiéndose a la detención. La jueza de la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, Virginia Solórzano, resolvió el 28 de marzo declarar la nulidad y dejar sin efecto la orden. 

Al tomar conocimiento del fallo de impugnación, hubo una marcha protagonizada en su mayoría por mujeres, en Apolinario Saravia, en apoyo a la adolescente y a la madre. 

Ante ello, la fiscala reiteró el pedido de detención el 31 de marzo “en razón de las características y gravedad del hecho imputado tratándose de un posible abuso sexual (contra la infancia) en el ámbito Intrafamiliar, que amerita ser abordado como medida urgente para preservar los derechos fundamentales de la niña víctima”. También fundamentó que existía riesgo de fuga.

El 3 de abril el juez de Garantías ordenó por segunda vez la detención del acusado facultando a las fuerzas policiales a llevar a cabo la medida tanto dentro como fuera de la jurisdicción provincial, y en caso de ser necesario, en el ámbito nacional e internacional. La orden de detención se envió el martes al Sistema Federal Los Más Buscados, programa que funciona en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia como así también en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).