Con un paro de 24 horas y una conferencia de prensa frente a una de las sedes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, los enfermeros y enfermeras porteñas culminaron este viernes las jornadas de protesta que llevaron a cabo en reclamo del reconocimiento profesional de su carrera. Tras la marcha de antorchas del jueves, el sector volvió a exigir a la Cámara de Apelaciones porteña que ratifique el fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno porteño que incluya a la enfermería en la Ley 6035, que regula el escalafón de los profesionales de la salud. A la espera de la resolución, los y las enfermas le entregaron una carta a los jueces que tienen en sus manos la decisión.
"Simplemente, en nombre de la enfermería orgullosa de su rol social, pero consciente de sus derechos como clase trabajadora y como profesionales, les planteamos una vez más que escuchen a las y los que ponemos el cuerpo. No al poder transitorio sino a la primera línea que siempre está", escribieron los y las enfermeras en la carta que entregaron este viernes por la mañana a los jueces Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín, los integrantes de la Sala N°2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.
En el marco de un paro de 24 horas, la entrega de la carta marcó el cierre de las dos jornadas de protesta que llevó adelante el sector y que incluyó una marcha de antorchas y una vigilia con acampe y olla popular a las puertas de la sede de Hipólito Yrigoyen 932, donde se encuentran los tribunales de Cámara. Los jueces Lima, Díaz y López Alfonsín deben decidir si hacen lugar o no a la apelación presentada por el GCBA contra el fallo de primera instancia emitido por la jueza Patricia López Vergara en noviembre de 2022. En esa resolución, la jueza había ordenado que se reconozca por ley a la enfermería dentro del escalafón profesional y que, mientras eso no sucediera, el GCBA debía equiparar de inmediato los salarios de los y las enfermeras con los del sector reconocido como profesional.
Según indicaron a Página 12 los y las trabajadoras, una comitiva conformada por representantes de los gremios que convocaron a las medidas de fuerza fue recibida por la prosecretaria de la sala, quien se comprometió a entregar la carta a los magistrados. "Entramos a dejar una carta a los jueces, que les compartimos para que conozcan de primera mano nuestra situación actual de discriminación", contó después Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE). Además de ALE, en la reunión hubo representantes del Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) y de ATE Nacional y Capital, el gremio que presentó el amparo que derivó en el fallo de origen.
"En la Ciudad el 80 por ciento de las enfermeras son mujeres y no hay una que no tenga pluriempleo. Tienen jornadas laborales larguísimas y servicios en otro horario en clínicas privadas para poder saldar esta diferencia en los salarios de hambre que ofrece el GCBA", advirtió a este diario la prosecretaria de Finanzas y coordinadora de trabajadores de la Ciudad de ATE-Capital, Romina Piccirillo, que participó de las jornadas de protesta. Según precisó Piccirillo, hoy los más de 10 mil enfermeros y enfermeras de la Ciudad cobran alrededor de 140 mil pesos mensuales con jornadas que incluyen guardias de días enteros.
El eje salarial es el principal punto de la "discriminación" que denuncia el sector con respecto a los trabajadores reconocidos como profesionales de la salud de la Ciudad, incluidos en el escalafón de la Ley N° 6035 que el oficialismo aprobó en 2018 excluyendo a los y las enfermeras. En el fallo de primera instancia, López Vergara realizó un análisis comparativo salarial que arrojó que el sueldo inicial de enfermería es en promedio un 36 por ciento más bajo del que percibirían de ser reconocidos dentro de la ley. Además, los y las profesionales trabajan una hora menos por día que los enfermeros y enfermeras, por lo que, subrayó la jueza, "cobran mayor salario por menor cantidad de horas trabajadas"
"Además, no gozamos de las mismas licencias para la capacitación en servicios y nos persiguen con evaluaciones de desempeño utilizadas como represalia", advirtió por su parte Ramírez, sobre otros puntos derivados de la falta de reconocimiento. "El reclamo también tiene que ver con el reconocimiento de que este tipo de tareas necesitan una capacitación permanente. La carrera de profesionales reconoce la capacitación en servicio, no así para la enfermería. Hay que cuidar a quienes cuidan y reconocer esas tareas para jerarquizar los servicios públicos", subrayó Piccirillo.
A fines de marzo de este año, la fiscal de Cámara Nidia Cícero emitió un dictamen sobre el litigio judicial en el que recomendó a la Sala N°2 no otorgar el reconocimiento profesional. Argumentó que eso debe resolverse en ámbitos legislativos o de negociación paritaria y no en la Justicia, y hasta sostuvo que la equiparación salarial atentaría contra "la ejecución del presupuesto en curso". Según contaron a este diario los y las trabajadoras, en la reunión de este viernes la prosecretaria de la Sala N°2 volvió a reiterar que ese dictamen no es vinculante para el fallo de Cámara y aseguró que los jueces ya se encuentran trabajando en la resolución.
